La definición pendiente del Gobierno sobre el fortalecimiento del INE

Mientras Economía aún no comunica qué legislará sobre la institucionalidad estadística, académicos sugirieron que Consejo para la Transparencia cautele el acceso a los registros administrativos del Estado.

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Patillo, afirmó que está “en la fase final de coordinación con el Ministerio de Economía para definir el camino definitivo de acción” respecto del proyecto de ley que propone crear un nuevo sistema estadístico nacional, que moderniza y dota de autonomía al organismo. La iniciativa, ingresada a trámite en octubre de 2015, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. “Muy pronto habrá novedades en esto. Evidentemente será un tema fundamental, la ley del INE contiene cambios trascendentes”, dijo el economista.

Las declaraciones las formuló al ser consultado al respecto en el marco del seminario “Institucionalidad de datos y mejores políticas públicas”, organizado por Clapes UC. En el evento, Guillermo Patillo declaró que “en Chile no existe un sistema estadístico nacional, porque en mi percepción eso es un conjunto interconectado de partes que se retroalimentan mutuamente y que funcionan de forma integrada. Lo que tenemos es un sistema de islas que generan información de diverso tipo y calidad”. Añadió que se debe avanzar hacia un sistema interconectado y con un eje central que ejerza la coordinación, rol que cumple el INE, “que tiene y ha tenido las capacidades técnicas necesarias para ello y para cautelar la calidad estadística en Chile”.

La institucionalidad de futuro, dijo, implica desafíos legales y tecnológicos (aunque admitió que esto último “hoy casi está resuelto”) que permitan que los distintos servicios públicos que generan datos dejen de actuar como feudos aislados “y se integren a una coordinación interconectada, en que todos bajo reglas claras y un determinado estándar de calidad pueden compartir información”.

Comentó que esto va más allá de cambios legales en el INE, ya que por ejemplo la ley de secreto estadístico impide compartir datos nominados (que permiten directa o indirectamente conocer la identidad del informante) entre organismos públicos o con entidades privadas. “No es razonable que en el sector público no se pueda cruzar datos, ahorrar costos y tomar mejores decisiones, porque una ley de los años 70 lo regula en una forma que no es funcional al futuro”, argumentó.

Fórmula alternativa

En el seminario, el investigador de Clapes UC Sergio Urzúa, y el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, presentaron un completo análisis conjunto sobre las ventajas y carencias del sistema estadístico local. También apuntaron a una fórmula alternativa para fortalecerlo hacia adelante.

Sergio Urzúa abrió los fuegos apuntando a que el debate no puede quedarse en si es mejor usar datos administrativos o encuestas (los primeros, además, habitualmente no están disponibles, advirtió Bravo), sino a cómo integrar ambas fuentes para obtener información más rica que aporte a las políticas públicas. Añadió que más que la foto (el dato del momento), se necesita la película (seguir a un grupo en el tiempo) para conocer el ciclo de vida de las personas e ir ajustando las políticas públicas para lograr mejores resultados.

“En esto estamos al debe”, dijo, recordando que por ejemplo no sabemos cuánto paga (en términos de ingresos futuros) haber asistido a un colegio particular; cuán importante es la empresa donde se realiza el primer trabajo y cómo determina la trayectoria laboral; o cuánto importan estas decisiones para explicar la desigualdad 30 años después. “Necesitamos registros longitudinales, que son escasos en materia de encuestas, pero que pueden construirse a partir de datos administrativos”, afirmó.

David Bravo comentó que una de las grandes ventajas que tiene Chile respecto a otros países es el RUT, que identifica a cada persona y que permite vincular información que está alojada en distintos servicios. “Pero cada institución funciona con sus propias reglas y hay escasa colaboración entre instituciones. Esto explica, por ejemplo, por qué se ha demorado el Banco Unificado de Datos en materia de seguridad: requiere colaboración entre distintas instituciones”.

El economista sostuvo que es necesario que los registros administrativos alojados en entidades públicas sean datos abiertos, disponibles, se puedan descargar y sean vinculables.  “Eso requiere otros estándares de seguridad y ciertos criterios homogéneos en cuanto a requisitos de acceso entre instituciones y para el mundo académico. Hoy no tenemos esas reglas homogéneas”, afirmó.

Agregó que para esto se requiere una institución responsable de naturaleza pública, con autonomía e independencia respecto de las autoridades y con recursos, que pueda evitar que existan feudos de información y prevenir un mal uso. Comentó que, en este contexto, hoy existe una oportunidad, ya que en el debate de la ley de protección de datos, el Gobierno propuso que en lugar de crear una nueva agencia esa tarea la asumiera el Consejo para la Transparencia. Agregó que sería interesante que el Consejo, “que ya tiene 10 años y ha tenido incidencia relevante en generar acceso a la información”, pudiera contar con los recursos para asumir también “este nuevo paso en materia de datos”.

Lo que ya tiene el proyecto de ley

Consultada por estos análisis, la economista y exdirectora del INE Ximena Clark (quien también asistió al seminario) comentó que tanto el proyecto de datos personales como el fortalecimiento del sistema estadístico son compromisos adoptados hace ocho años por Chile en su proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Agregó que el proyecto que fortalece el INE “es un muy buen punto de partida legal para los mejoramientos que se discutieron en este seminario”, además de que logró convocar un respaldo importante en el debate legislativo.

Recordó que la iniciativa explicita cómo debe funcionar el sistema estadístico nacional con el INE como ente rector del sistema, asegurando su rol como organismo técnico independiente del gobierno de turno, y creando además un Consejo Estadístico Nacional (designado por el Presidente y ratificado por el Congreso) que entregará lineamientos técnicos para toda la elaboración y difusión de estadísticas oficiales.

El proyecto, dijo, también crea una comisión interministerial con el objetivo que los lineamientos técnicos que emanan del consejo “bajen” a otros ministerios, “para que no se dupliquen encuestas y se maximicen los esfuerzos para que conversen los registros alojados en distintos servicios y ministerios”.

La economista sostuvo que el proyecto de ley cautela el acceso privilegiado del mundo académico a los datos, lo que implica modificar la Ley de Transparencia, con reglas claras que serán definidas por el Consejo de Expertos y no quedan al arbitrio del director del INE o de otro servicio.

En cuanto al debate sobre que el proyecto de datos personales obstaculizaría el trabajo con registros administrativos, ya que habría que pedir la autorización a cada persona para usar sus datos, afirmó que “esa iniciativa establece que los órganos públicos no requieren del consentimiento del titular (del dato) cuando realizan tratamiento de datos personales exclusivamente con fines históricos, estadísticos, científicos y para estudios o investigaciones que atiendan fines de interés público”.

En cuanto a la idea que el Consejo para la Transparencia asegure el acceso a los datos de registros administrativos alojados en diversos organismos, Ximena Clark planteó que “ese es un rol propio de ‘los’ INE, que tienen las competencias técnicas para asegurar la calidad estadística de la información que se integra y a la que posteriormente se pone a disposición. Se da en otros países también y por lo mismo esto debiera asumirlo el INE o bien el INE en alianza o consorcio con otra institución con atribuciones estadísticas, como el Ministerio de Desarrollo Social”.