La salida a la crisis de la jibia que construye el negociador del Gobierno

El anuncio de un veto pierde fuerza y gana terreno un nuevo proyecto: es la salida que ha ido construyendo el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.

Mientras el ministro de Economía, José Ramón Valente, anunciaba la tarde del martes 22 de enero, a través de un comunicado de prensa, la conformación de una mesa de diálogo con representantes de la pesca artesanal y trabajadores del sector industrial para buscar una salida a la crisis de la jibia, los plazos legislativos siguen corriendo. Hay 30 días para ingresar el anunciado veto (que se cumplen el 8 de febrero, cuando el Congreso está en receso), pero si en esa fecha el Presidente no ha tomado esa medida, debe promulgarse la ley y publicarse en el Diario Oficial.

Em su comunicación, Valente ha precisado que el diálogo entre las partes “no significa que estemos renunciado a las atribuciones que la ley le confiere al Presidente de la República”. Con ello ha aludido indirectamente al anuncio de un veto. La fórmula de promulgar la ley como está, sin veto, pero ingresar prontamente un proyecto de ley que regule algunas materias pendientes se está comenzando a instalar entre quienes conocen las conversaciones del Gobierno. Esto permitiría abordar la captura accidental de jibia con cerco como fauna acompañante, entre otros aspectos.

Quiénes realmente negocian

La cara visible del equipo negociador del Gobierno es el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, quien debió suspender sus vacaciones en España (donde viajó por gestiones relativas a su doctorado en la Universidad de Navarra). Abogado de la Universidad del Mar, tuvo experiencia como litigante (fue defensor público y también representó al exdiputado Alberto Cardemil en el caso Penta), pero en paralelo siempre desarrolló su veta política: militante histórico de Renovación Nacional, ha sido vicepresidente de esa tienda en dos oportunidades y en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desempeñó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y también como jefe de gabinete del ministro de Defensa de la época, Andrés Allamand.

“No es un especialista en temas de pesca, pero es estudioso y tiene un buen manejo político. Ha sabido construir alianzas en el Congreso con parlamentarios de distintos partidos y sabe dialogar”, dice un parlamentario que lo conoce. Es pública su buena sintonía con el senador de su partido Manuel José Ossandón, quien hizo de la reforma a la Ley de Pesca una de sus plataformas en su campaña en las primarias de la derecha y que en marzo pasado fue la primera autoridad en visitar, junto a un grupo de pescadores artesanales, al recién asumido subsecretario de Pesca.

El principal apoyo de Eduardo Riquelme a la hora de articular soluciones en el conflicto de la jibia no es, como podría suponerse, de su superior, el ministro de Economía, con quien tiene una fluida relación. El economista ha tenido un rol acotado en esta crisis; de hecho, en la web de esa cartera no figura su anuncio del veto presidencial ni otras noticias relacionadas con el tema. Esto, afirma una fuente de Gobierno, para cuidar su imagen de “vocero de las buenas noticias económicas”. Ni siquiera hay mención de estas materias en las cuentas de Twitter del ministerio ni de la Subsecretaría de Pesca hasta el cierre de esta edición.

La trama que está tejiendo el subsecretario de Pesca para intentar resolver el conflicto es monitoreada directamente desde La Moneda por su correligionario el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien tiene a su cargo el seguimiento de los conflictos, especialmente los que provocan desórdenes públicos, como ha sido en este caso. Ambos “son políticos, del mismo partido, se conocen de hace muchos años y por lo tanto podríamos decir coloquialmente que hablan el mismo idioma, todo lo cual es un buen factor para enfrentar el conflicto que hoy tienen entre manos”, comenta un político de derecha.

Las opciones

No obstante el empeño del Gobierno, la solución no está aún a la vista y el tiempo político siempre es escaso. En la Cámara de Diputados se ve muy difícil que ese veto se apruebe e incluso en el oficialismo ha habido críticas a la forma en que el Ejecutivo ha conducido el tema.

“Creo que ni el gobierno anterior ni éste pensaron que este proyecto se iba a aprobar. Siempre argumentaron la inconstitucionalidad. Por eso hoy están enfrentando un escenario que pensaron que no iba a existir y eso dificulta la reacción”, comenta el jefe de bancada de diputados PS, Manuel Monsalve. Agrega que un problema esencial es que el Gobierno “ha dudado en qué lado de la vereda ubicarse. No quiere confrontarse con artesanales, tampoco quiere pelearse con los industriales”.

De hecho, en su comunicado de este martes, el ministro Valente dice que “nos encontramos frente a un problema que no ha sido generado por el Gobierno, porque esta no es una ley del Gobierno, ni que haya sido patrocinada por el Gobierno”.

Un signo del problema legal se observó durante la discusión del proyecto, cuando el subsecretario de Pesca advirtió en diversas sesiones sobre la inconstitucionalidad del texto. Incluso el tema fue abordado en una reunión entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y dirigentes de la pesca industrial de la zona norte y de la Región del Biobío, en la que también participó el subsecretario Riquelme.

Todo ello generó la expectativa en los industriales de que el Ejecutivo acudiría al Tribunal Constitucional (TC) una vez despachada la ley, lo que no ocurrió. No hay una sola versión en el Gobierno sobre cuál fue la razón: según algunos, como estrategia para no enojar a la pesca artesanal; según otros, porque hubo vacilaciones en la redacción del escrito y se pasó el plazo.

Cerrada la opción del TC desde el Ejecutivo, el anuncio del veto (que implica sumar el cerco para extaer jibia) logró galvanizar a todos los actores, que expresaron su rechazo: los artesanales, que sólo quieren que se promulgue la ley aprobada; los industriales, a quienes ese arte de pesca no les sirve para extraer un producto que se pueda comercializar para consumo humano. De paso, involucra en el problema a los pescadores “cerqueros”, hasta ahora fuera del conflicto. 

Ahora el Ejecutivo parece no tener respaldo para un veto. El jefe de la bancada de diputados UDI, Javier Macaya, cree que esto será tema para la vuelta del receso legislativo. “Hay tiempos para presentar un veto y entiendo que deberían hacerlo luego, pero no creo que se discuta esta semana en ningún caso. El Gobierno tendrá que desplegar sus mejores esfuerzos para que de aquí a febrero se llegue a algún acuerdo, aunque imagino que nunca quedarán totalmente contentas todas las posiciones”, afirma.

El diputado Manuel Monsalve cree que no hay espacio alguno para un veto. “Recordemos que hay un apoyo mayoritario a esta ley. Los parlamentarios de Gobierno, para apoyar lo que decidió su Gobierno, tendrían que enfrentarse los con pescadores artesanales después de haber votado favorablemente la ley. Para ser franco, eso no tiene destino”, expresa.

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