Aunque el mundo político espera el anunciado proyecto de ley que reduzca o elimine exenciones tributarias, sorpresivamente el Gobierno ingresó a trámite otra iniciativa: la que crea un nuevo régimen de donaciones con beneficios tributarios, con un costo fiscal en régimen de $2.844 millones. El informe financiero advierte que este monto debe entenderse como una "cota inferior" de impacto fiscal, ya que debido los incentivos que se crean promoverían la entrada de nuevos donantes, lo que es difícil de cuantificar.
El proyecto no deroga las diversas leyes existentes sobre la materia ni las consolida en un único cuerpo legal, como aspiraban organizaciones de la sociedad civil, aunque sí recoge gran parte de sus demás propuestas que venían siendo trabajadas en conjunto. Entre ellas, una central: una fórmula diferente para las donaciones a entidades sin fines de lucro.
"Nuestros legisladores históricamente han sido muy desconfiados de la filantropía. Todas las leyes de donaciones parten de la base de que habrá un mal uso, que se transferirán recursos a amigos en directorios opacos de fundaciones. Este proyecto cambia esa lógica", afirma el associate partner de Impuestos de EY, Víctor Fenner.
Explica que hoy se exige armar un proyecto y cumplir innumerables requisitos antes de poder donar. "Este proyecto crea una plataforma en línea donde las instituciones sin fines de lucro se inscriben, cumplen requisitos generales y después tienen que rendir cuenta de la donación. Es decir, en vez de poner barreras de entrada, se incentiva que más instituciones participen, se simplifica y transparenta el sistema y se fiscaliza después", comenta.
Aunque en el mundo tributario en general se evalúa positivamente esta fórmula, no todos están conformes. Desde el equipo tributario de la candidata presidencial del PS y PPD, Paula Narváez, han hecho ver reparos que expondrán en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se tramita la iniciativa con suma urgencia.
Con los datos de la Casen en mano, la economista estima que fue un error no focalizar las ayudas fiscales en los más vulnerables. Advierte que la entrega de montos parejos "traerá problemas".
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Hacienda informó que las futuras donaciones a entidades sin fines de lucro que se acojan a este nuevo régimen podrán ser deducidas en un 100% de la base imponible afecta al impuesto a la renta, estarán exentas del impuesto a las donaciones y estarán liberadas del trámite de aprobación judicial. Además, los bienes donados no se afectarán con IVA y aquellos que se importen para ser donados estarán liberados de todo tributo, arancel aduanero, cargo o cobro que les sea aplicable.
La abogada y socia tributaria de Rojas y Cía., Amory Heine, destaca que el nuevo régimen de donaciones incorpora fines actualmente excluidos, como salud, medioambiente, derechos humanos, equidad de género, protección infantil y familiar, diversidad y culto, "extendiendo de esta manera el sistema de donaciones a una mayor gama de participantes".
Agrega que el proyecto considera un listado amplio, y no taxativo, de fines susceptibles de donación, e incluye una norma que permitiría incorporar cualquier otro fin que sea calificado previamente. "Esto apunta a que no queden posibles donaciones fuera", afirma, precisando que estas pueden ser en dinero, bienes corporales e incorporales.
La gerente de Sostenibilidad y Propósito de PWC, Sharoni Rosenberg, califica al proyecto como muy positivo. "Elimina varias de las trabas que existen actualmente", dice. Como ejemplo, cita que se amplían los beneficios tributarios para personas naturales, lo que antes aplicaba para muy pocas leyes, como la de fines sociales o culturales. Agrega que, además, se elimina el límite global del 5% de la renta líquida imponible "que impedía a las empresas donar el monto que quisieran o en caso de perdidas tributarias". Y se elimina el gasto rechazado, "que siempre ha sido el gran disuasivo de las donaciones", resume.

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En el actual escenario, lo que se proyecta es que el donante y quien reciba la donación tendrán que elegir si acogerse a alguno de los cuerpos legales anteriores o al nuevo régimen. "Esto obligará a las instituciones y donantes a asesorarse y saber cuál les conviene más, especialmente en el caso de las grandes fundaciones y grandes esfuerzos filantrópicos", dice Víctor Fenner.
En principio, estima que la nueva modalidad será más conveniente para entidades más pequeñas y donaciones de menor monto, porque hace más rápida la donación "al eliminar la burocracia inicial y concentrarla en un control efectivo al final" y porque el beneficio tributario que ofrece "no es tan atractivo como los de otras leyes, que si bien son más exigentes, tienen mayores beneficios adicionales".
Pero el diseño propuesto por el Gobierno también genera críticas. "No estamos contra la sociedad civil, pero nos parece importante lograr un difícil equilibrio entre los incentivos para que las personas donen a la sociedad civil y la pérdida de recursos públicos para financiar la actividad del Estado", explica el abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Saffie, quien integra el equipo tributario de la candidatura presidencial socialista.
A su juicio, ahora serían los privados y las organizaciones quienes definirían a qué fines se destinarían las donaciones, sin la opinión del Estado y eliminando todos los requisitos o exigencias existentes en las leyes actuales. "Simplificar procesos y ampliar las oportunidades de la sociedad civil para recibir donaciones son objetivos positivos, pero esto no puede significar que se pueda llegar al extremo de entregar beneficios tributarios para actividades contrarias a las políticas del Gobierno, que es uno de los riesgos de este diseño", dice.
Saffie advierte que al proponer reemplazar la calificación de proyectos por el registro de entidades beneficiarias, en los hechos se eliminan todas las leyes de donaciones vigentes, porque dejan de tener sentido. Y también le preocupa que se incluyan "beneficios tan amplios en términos de montos para empresas y personas naturales, lo que amplía los límites a estándares nunca vistos en nuestra legislación". Afirma que esto implica que "las personas podrán duplicar las rebajas tributarias que se les darían al donar: a nivel de las empresas y a nivel personal".
El director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázabal; y los responsables de la Comunidad de Organizaciones Solidarias salieron al paso de los argumentos del equipo tributario de la abanderada socialista. Mediante una minuta, detallaron, entre otros asuntos, que "la voz del Estado está presente de manera constante y permanente en este proyecto" y que los beneficios tributarios que entrega la iniciativa "son más bajos que los de otras leyes".

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