El Fisco se pone: pensión garantizada duplica gasto público que hoy se destina a jubilaciones

El Gobierno salió a explicar hoy su propuesta de Pensión Garantizada Universal (PGU), enfatizando que la iniciativa está financiada, beneficia a todos los mayores de 65 años y no sólo a los que están pensionados y además premia el ahorro ya que no genera los desincentivos del modelo actual.

Los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda; de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y del Trabajo, Patricio Melero, enfatizaron las ventajas que esta fórmula tiene respecto del pilar solidario de pensiones creado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

De este modo, el Gobierno termina por alinearse con la idea de una pensión universal levantada primero desde la oposición en el Senado y luego incorporada transversalmente en los programas de las candidaturas presidenciales, incluyendo las de los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta.

Aunque parezca contradictorio, este amplio respaldo político no garantiza que este proyecto, que sustituye a los dos anteriores que el Gobierno envió en materia previsional y que terminaron entrampados, corra una suerte distinta.

Esto no sólo por el acotado tiempo legislativo que resta antes que termine el actual mandato presidencial, sino además porque el Ejecutivo optó por enviar dos proyectos: uno con lo previsional que ingresará al Senado y otro tributario para asegurar el financiamiento, que ingresará por la Cámara Baja. Aunque esto responde a una estrategia para viabilizar la aprobación evitando lo ocurrido con la ley corta, desde la oposición anticipan que esto hará más complejo su trámite en el Congreso.

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La iniciativa crea un piso de $185 mil para el 80% más vulnerable de los mayores de 65 años, y un monto decreciente para la población entre el 80% y 90% de menos ingresos. Se financia eliminando exenciones tributarias.

Que Chile tenga una pensión "universal" de $185 mil mensuales, que sea un piso de ingresos desde los 65 años que excluya sólo al decil más rico de la población, es un paso muy ambicioso, aunque ese monto solo supere levemente la línea de pobreza.

Si hoy el Fisco gasta unos US$3.600 millones en el pilar solidario, la PGU (que lo reemplaza) costará US$3.200 millones adicionales en régimen. O sea, US$ 6.800 millones, lo que implica pasar aproximadamente de 1,1 a 2,1 puntos del PIB. Por razones demográficas, este costo seguirá aumentando hacia adelante.

El ministro Cerda explicó que para financiar esta medida se considera las fórmulas que ya había propuesto el Ejecutivo para la reforma estructural y también la llamada ley corta, que son parte de la programación financiera del Fisco. Eso suma un punto del PIB, considerando ajustes en exenciones tributarias gravar la ganancia de capital en las transacciones bursátiles, eliminar el crédito IVA a la construcción, reducir los beneficios de viviendas DFL2, aplicar IVA a los servicios y cobrar el impuesto a herencia a los seguros de vida.

La autoridad dijo que se revisan nuevas exenciones para lo faltante, equivalente a 0,15% del PIB, "exenciones que las vamos a ir conociendo a medida que ingresemos el proyecto", apuntó.

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Si el proyecto se aprueba, la PGU de $185.000 la recibirán todas las personas mayores de 65  años que se encuentren dentro del 80% más vulnerable; es decir, que integren hogares con ingresos per cápita de hasta $622 mil (($2,4 millones global para un hogar de cuatro integrantes). Quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de vulnerabilidad (ingreso per cápita del hogar máximo de $1 millón), recibirán un aporte que irá disminuyendo a medida que mejora su pensión autofinanciada. El 10% más rico no se beneficiará de esta medida.

"Es muy importante resaltar que si la persona no está jubilada pero ya cumplió la edad de jubilación, igual va a poder recibir la pensión garantizada", destacó el ministro Melero, precisando que cuando esa persona se jubile la PGU se le va a sumar a la pensión que logró financiar con sus ahorros. 

En la actualidad, los adultos mayores que reciben ayuda del Estado son exclusivamente quienes ya jubilaron y están en el 60% inferior del ingreso per cápita. Melero ejemplificó el impacto de la PGU indicando que un jubilado que hoy recibía $200 mil pesos de pensión autofinanciada verá incrementar ese monto a $385 mil o un trabajador de 70 años que gana el sueldo mínimo recibe un ingreso líquido de $276 mil, con la PGU tendría un ingreso final de $461 mil sin necesidad de jubilar.

La autoridad fue consultada por las opiniones del Consejo Consultivo Previsional, instancia que respecto de la anterior propuesta de ampliar el pilar solidario al 80% de vulnerabilidad, advirtió sobre desincentivos a cotizar al constatar las personas que para alcanzar un determinado valor de pensión requerirán un menor ahorro previsional. Melero descartó que eso se replique en este caso, donde dijo que más bien hay incentivos a cotizar. "La diferencia fundamental entre el aporte previsional solidario y la pensión garantizada es que el primero mientras más ahorro usted tiene, el aporte del Estado va siendo menor. Ahora la PGU se suma íntegramente a lo que usted tenga autofinanciado", explicó, precisando que las personas sabrán "que a todo evento van a tener $ 185 mil más sobre la pensión que hayan generado con su ahorro".

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