No es un bono: la propuesta del Gobierno para las familias vulnerables
El Ejecutivo anunció un proyecto de ley que busca entregar recursos por tres meses para hogares que viven de la economía informal. En la oposición piden subir los montos.
Es una idea que no se ha intentado antes, lo que refleja la magnitud de esta crisis, y que podría establecer un estándar para futuras catástrofes.
A diferencia de la entrega de bonos específicos en períodos de crisis, el Gobierno ahora subió la vara y busca entregar un ingreso mínimo de emergencia, que ya no complemente sino reemplace parcial y transitoriamente los recursos que permiten subsistir.
El anuncio lo hizo el Presidente Sebastián Piñera y se presentará con un proyecto de ley que busca beneficiar a un millón 780 mil hogares que mayoritariamente se financian mediante empleos informales, sin contratos de trabajo o boletas de honorarios. “Es decir, aquellos trabajadores que viven al día, que venden en la feria, […] los vulnerables de los vulnerables, que muchas veces viven con menos de $200 mil en promedio”, agregó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
La medida fue valorada transversalmente. Desde la oposición anticiparon que el monto asociado es insuficiente, lo que desde ya anticipa una dura negociación en el Congreso.
Subiendo la ambición
Aunque aún no se conocen detalles, esta medida es más ambiciosa que el bono de $50 mil por carga familiar que se está pagando por una vez a 1,7 millones de hogares, con un costo de US$ 167 millones. Ahora se beneficiará a hogares pertecenecientes hasta el 60% más vulnerable, según los datos existentes en el Registro Social de Hogares, entregando un aporte durante tres meses con un costo fiscal total de US$ 900 millones.
El beneficio -que considera a los integrantes del hogar y no a las cargas familiares- será total para el 40% más pobre y se reduce a 2/3 para hogares que estén entre el 41% y 60%. El monto también varía en el tiempo.
“Por ejemplo, un hogar de cuatro personas en el 40% más vulnerable va a recibir el primer mes $260 mil, el segundo mes $221 mil y el tercero $182 mil”, dijo el ministro Sichel. Añadió que en el caso de hogares de hasta el 60% más pobre, el monto máximo será de $193 mil. Incluso se podrá ir más a allá de ese segmento cuando la situación socioeconómica familiar se haya deteriorado fuertemente.
Desafío logístico
Según el INE, en el trimestre diciembre-febrero 2,6 millones de trabajadores se desempeñaban en el sector informal. Este tipo de empleos de menor calidad y seguridad viene experimentando un auge que ha permitido mantener relativamente estable la tasa de desempleo.
El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, estima que el desafío más importante que enfrentará esta política pública “es logístico y sobre esto conocemos pocos detalles por el momento”.
Explica que 1,8 millones de hogares deberán actualizar sus datos en el Registro Social de Hogares, incluyendo eventuales cambios en sus ingresos durante la emergencia. Esto implica que la mayor parte de los datos provendrá de la autodeclaración, salvo por aquellos que el Estado pudiera tener.
El economista estima que esta nueva información “podrá ser importante para poder monitorear en el futuro el progreso de estas personas y acercarse a la posibilidad de buscar mecanismos para darles seguridad social; por ejemplo, mediante cotizaciones”.
Línea de pobreza
Como adelantaron varios dirigentes opositores, un tema que desde ya se anticipa complejo es que el monto más alto para los hogares más vulnerables no alcanza siquiera la línea de pobreza.
La línea de pobreza por ingresos se asocia a los recursos necesarios para acceder a la canasta básica de alimentos, pero también al tamaño del hogar. Para diciembre de 2019, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) fijaba la línea de pobreza de un hogar con cuatro integrante en $443 mil mensuales.
Fuentes del oficialismo detallan dos consideraciones al respecto. Primero, que esta medida busca sustituir parcialmente ingresos que se pierden a consecuencia de la crisis sanitaria; por lo tanto, no es una política social que busque mejorar la situación de las familias, sino darles un “puente” mientras se retome la normalidad. Segundo, que precisamente debido a la emergencia hay gastos que se reducen como transporte y vestuario, entre otros.
Otra materia compleja es que el Gobierno anunció que crearía un fondo de US$ 2.000 millones para ir en ayuda de trabajadores informales y otros sectores vulnerables. Esta iniciativa solo ocupa parte de esos recursos, pero desde el oficialismo señalan que no es que quieran “ahorrar”, sino mantener caja para poder financiar otras iniciativas, como subsidios a la creación de empleo cuando la crisis pierda intensidad.