El Estado será el aval de las empresas más complicadas con la crisis

Recursos por US$ 5 mil millones involucra la segunda etapa de plan económico de emergencia del Gobierno frente a la pandemia, orientados a fortalecer el programa de garantías estatales para asegurar el acceso al crédito a empresas de todo tamaño y a crear un fondo asistencial para financiar beneficios sociales y laborales.

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera, que se suma al paquete ya en marcha que moviliza recursos por US$ 11.750 millones, fue recibido en general con respaldo por el oficialismo y la oposición. Con todo, hay medidas solicitadas en forma transversal, como nuevos bonos y apoyo a los trabajadores independientes que emiten boletas, que no fueron incorporadas directamente en este plan.

El nuevo plan fue presentado en La Moneda con la presencia de los ministros económicos, pero también asistieron el presidente de Banco Central (BC), Mario Marcel, y el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez. 

La presencia de ambos señala el rol que las entidades que dirigen tienen en el engranaje diseñado con miras a viabilizar una inédita expansión del crédito a empresas: podría llegar hasta US$ 24 mil millones, "lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles", dijo el Mandatario.

Tras conversaciones con la banca, el BC y la CMF, se acordó una fórmula para asegurar financiamiento para las empresas. La idea es que las firmas afectadas puedan subsistir "el periodo de hibernación" (los meses críticos en que la economía estará en recesión) y retomar su actividad una vez que la crisis sanitaria pierda intensidad. Para eso el financiamiento es clave.

El primer paso es que se apruebe un proyecto de ley que permitirá capitalizar al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) por US$ 3.000 millones. Todas las empresas en problemas podrán postular a créditos de capital de trabajo (para pagar sueldos, arriendos, impuestos, proceedores, por ejemplo) equivalentes a tres meses de ventas apoyado en estas garantías, lo que disminuye su riesgo y con ello la tasa que le cobra el banco.

El Estado garantizará hasta el 85% del crédito para pymes, pero esa cobertura irá decreciendo a medida que la empresa sea de mayor tamaño.

¿De dónde vienen los recursos para los créditos? Básicamente, de la Facilidad de Financiamiento Condicional al incremento de Colocaciones (FCIC), una línea que abrió hace unas semanas el BC para traspasar recursos hacia los bancos por un máximo de cuatro años plazo, a la Tasa de Política Monetaria (TPM, hoy en 0,5%). El monto a transferir es igual a los créditos adicionales que los bancos efectivamente otorguen, con un mayor ponderador para los que se conceden a pymes.

Mario Marcel anunció que se ampliarían los recursos que se podrían transferir mediante esta vía,por lo que podrían alcanzar US$ 24.000 millones, además de otros ajustes que harían más atractivo el uso de esta línea de financiamiento para la banca.

Además, Joaquín Cortez dijo que a la CMF todavía le "quedan algunas balas" en cuanto a medidas de apoyo en esta emergencia. Informó que trabajan aceleradamente en un ajuste normativo que permita usar parte de la garantía del Estado para que los bancos cubran sus requisitos de capital, "de manera que tengan más facilidades para reprogramar".

El ministro Briones dijo que en las conversaciones con los bancos se les pidió que el crédito Covid 19 "sea un producto masivo, estandarizado y accesible; con tasa y condiciones preferenciales". 

El proyecto también pedirá autorización para constituir un fondo de protección de ingresos para segmentos más vulnerables por US$ 2 mil millones, pensado para la transferencia de beneficios y la creación de empleos de emergencia. Por ejemplo, se enfocaría en trabajadores informales en un universo potencial de 2,6 millones de personas.

Ese fondo será financiado con reasignaciones "que pueden generar incomprensión y reticencia", dijo el ministro de Hacienda en aparente referencia a la orden de frenar contrataciones y subir grados en el sector público, y en general al recorte de gastos e inversiones ministeriales.

Precisó que con un déficit en torno al 8% del PIB, "cualquier exigencia de gasto que se haga tiene necesariamente que ir aparejada de recorte de gasto en otro lado".

La creación de este fondo es una señal de que habrá ayuda, en un diseño "flexible" que implica destinar recursos significativos para financiar diversas medidas a lo largo del tiempo y para distintos grupos. En la práctica, el Ejecutivo solicita al Congreso un cheque en blanco.

El ministro de Hacienda explicó que existe la necesidad de "calibrar muy bien los instrumentos para llegar con toda la potencia a quienes lo requieren", por lo que es necesario "tener flexibilidad para elegir los mejores instrumentos [...] Porque las situaciones cambian, el universo de personas que los requieran podría cambiar, también las magnitudes de la ayuda; algunas regiones podrían tener más necesidades que otras".

Además, dijo que se debe considerar que cuando se supere la emergencia, "más que bonos, se necesitarán subsidios al empleo".

El Presidente dijo que se está trabajando "en un sistema permanente que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, frente a situaciones de catástrofe como la generada por la pandemia del coronavirus".

Estos trabajadores no están cubiertos por el Seguro de Cesantía y muchos de ellos, especialmente los técnicos y profesionales, tienen niveles de ingreso que no los hacen beneficiarios de medidas para segmentos vulnerables.

"Cuando estemos listos, haremos el anuncio. Espero que de aquí a una semana podamos tener una propuesta que mostrar", cerró el ministro Briones.