Economía

Inversión en regiones: el nuevo costo empresarial de 1%

En el sector privado y entre expertos tributarios hay críticas al nuevo aporte que tendrán que hacer los proyectos que se instalen en regiones, que allegaría US$ 177 millones en régimen según dijo el ministro de Hacienda.

Construcción puente Bicentenario en Concepción. Crédito: Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Martes 19 de marzo de 2019

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Nerviosismo en el mundo empresarial y entre expertos tributaristas está generando la propuesta del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de crear un aporte a las regiones proveniente de los grandes proyectos de inversión que se instalen en esos territorios. Ello, como parte de las medidas para viabilizar la reforma tributaria.

En su presentación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la autoridad detalló que está considerando que los grandes proyectos con inversiones en activo fijo por montos desde US$ 10 millones, entreguen el equivalente al 1% de la inversión como aporte a la región.

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El titular de Hacienda planteó que para lograr acuerdo en torno a esa reforma, está disponible a sumar nuevos ingresos por US$275 millones provenientes de regímenes especiales, exenciones, impuestos verdes y elevar a 19% la tasa para plataformas digitales. También puso otras medidas sobre la mesa.

Pero no todo será de cargo de la empresa. "Como ese aporte es un gasto necesario para producir la renta, hay un menor pago de impuestos. Hay una parte que pone el Fisco. ¿Cuánto? Un 27%", explicó el ministro. Precisó que el resto es de cargo de la empresa. Es decir, habrá mayores ingresos para las regiones, que en el grueso serán financiados por las empresas, pero parte proviene del Fisco por menor recaudación. 

En su exposición, el ministro cifró en US$ 177 millones anuales en régimen el aporte global a las regiones por este concepto, estimación en que está incluida la Región Metropolitana.

También explicó que se estudia que esa contribución se entregue en un plazo de cinco años desde que comienza a ejercutarse la inversión y que se destine tanto a la comuna donde se emplaza el proyecto como a la región.

Esta medida sería una especie de adelanto de los contenidos del proyecto de ley sobre financiamiento regional que el Gobierno está elaborando y que se espera enviar enviar al Congreso antes del 30 de noviembre próximo.

Las críticas

El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice ser contrario a la idea tal como está planteada: "Nada que signifique aumentar la carga tributaria es bienvenido. De lo que sí somos partidarios es que más rentas mineras queden en las regiones donde se producen". Villarino pone como ejemplo el royalty, que en un primer momento se destinó a la innovación y posteriormente a la reconstrucción, pero que ahora podría tener un foco más regional.

Otras fuentes mineras consultadas por PAUTA coinciden en la preocupación de gravar la inversión en 1%. "Por lo que sabemos hasta ahora no estamos hablando del 1% de la utilidad o de las ventas, sino de la inversión, que en el caso minero es de miles de millones de dólares", dice un alto ejecutivo de una empresa del rubro. "No sabemos si es permanente o se plantea como pago por una sola vez. Es una locura", agrega.

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Otro directivo del sector complementa que una medida de este tipo resentiría la competitividad de las empresas, en circunstancias de que otros países mineros tienen tratamientos tributarios menos hostiles con el capital privado. "En principio no nos gusta para nada, pero hace falta más información. Lo peor de todo es que esto se ofrece solo para aprobar la idea de legislar", sostiene esta misma fuente.

Un alto ejecutivo del gremio energético también expresa sus dudas sobre esta fórmula. "Las empresas hacen aportes a la región cuando se instalan, que son bien significativos, y que ahora entiendo podrían ser considerados gasto para producir renta. Que sea un monto fijo de 1% no creo que sea adecuado, porque genera un piso que podría incentivar a la comunidad a elevar sus demandas", señala. 

El copresidente del Comité de Socios y Desarrollo Regional de la Sofofa, Javier Álvarez, comenta a PAUTA que uno de los puntos tratados en el encuentro entre los 22 gremios regionales del organismo y el Presidente Sebastián Piñera fue el de inversión regional.

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"Junto con transmitir que los gremios respaldamos la necesidad de que se apruebe la idea de legislar de la modernización tributaria, planteamos la necesidad de crear un fondo de desarrollo local o regional con un aporte que harían las compañías relacionadas con inversiones en capital fijo, que permitiría financiar proyectos de alto impacto social para favorecer a las comunidades aledañas", explica.  Agrega que esto debería hacerse en un marco de neutralidad tributaria: "El aporte que hace compañía debe deducirse de los impuestos que la empresa debe pagar; o sea, que sea un crédito tributario".

Insiste en que avanzar en estas ideas no debe implicar un aumento tributario. "Hay muchas mitigaciones y compensaciones asociadas a los proyectos que son gastos rechazados. Si son algo voluntario que hace la compañía, debe ser considerado gasto para producir renta. Creemos que si el aporte es obligatorio, esto implica neutralidad tributaria", afirma.

Dudas tributarias

Para la socia de Recabarren & Asociados Soledad Recabarren, "si el aporte regional es un 1% de las inversiones en activo fijo, es un incremento de la carga tributaria de la empresa". Añade que si bien puede reconocerse esta obligación como un gasto deducible, implica que el 73% del desembolso realizado lo soporta la empresa y un 27% lo soporta el Estado.

La experta dice que sería importante ver cómo afecta este gasto en cálculos de sobreendeudamiento y otras normas que limitan la deducibilidad de gastos, ya que al ser este pago un gasto, en una etapa inicial de un proyecto, aumentará las pérdidas iniciales. "Es una carga adicional que se impondrá a los grandes proyectos, y por ello se hace necesario evaluar su impacto", advierte. 

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Álvaro Moraga, abogado de Moraga & Cía, estima que en general se trata "de una buena idea, en el sentido de permitir a las empresas poder destinar una parte de sus utilidades a proyectos de inversión en regiones, lo cual tiene sintonía con la necesidad de generar una real integración del desarrollo productivo con la comunidad en que se inserta".

No obstante, y tras enfatizar que faltan detalles para entregar una opinión fundada, el profesional advierte que esta norma podría colisionar con la garantía constitucional que determina que "los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado". Por ello, indica que se "deberá tener especial cuidado en no caer en una inconstitucionalidad evidente", además de conjugar dos principios rectores: Chile es un país unitario y el objetivo central de la reforma es la simplificación tributaria.

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