Los millones que atormentan a TVN

Un directorio desarmado, un cambio de gobierno, modificaciones a la Ley y una inyección de 65 millones de dólares. El canal público, desde hace cuatro años en crisis, debe ahora vivir una transición profunda y definitoria de su continuidad.

Si debía o no existir, si debía o no recibir dinero, y de quién era la culpa de la caída. Todo eso se debatió, por más de un año en el parlamento, acerca de TVN. Hoy, cuando la capitalización es una realidad, las autoridades se enfrentan a problemas y dilemas en distintos focos. Llegarán los 47 millones de dólares, sí, pero se deben inyectar bajo las reglas y parámetros de la modificación a la ley 19.132 aprobada a fines de enero por el Congreso, que no sólo limita el destino de los recursos, sino que también subraya dónde debe estar el corazón de TVN . Mientras, el cuerpo del canal está enfermo. Vive una crisis de audiencia que se arrastra desde hace cuatro años y acumula más de 80 millones de dólares en pérdidas en ese periodo. Y con un directorio en pedazos.

Ese último punto es hoy lo primero a solucionar en TVN. Acusando falta de planes concretos sobre la dirección del canal, en enero tres directores dejaron a la institución con esta compleja herencia. De hecho, la Presidenta Michelle Bachelet no le aceptó la renuncia inmediatamente al trío –María José Gómez, Jorge Atton y Lucas Palacios, todos representantes de la derecha–, ya que tendría treinta días para elegir nuevos nombres, y para entonces el cambio de gobierno era inminente. Ahora, cuando la derecha proponga sus reemplazos -ya hay acercamientos de La Moneda a UDI y RN para definir nombres-, hay que tomar en cuenta que la nueva ley obliga a un recambio de directores pasados 90 días después de ser publicada, aunque pueden ser ratificados en el cargo posteriomente. 

El cupo vacante que había dejado la izquiera, tras la renuncia de Augusto Góngora al directorio hace casi un año, será relevado finalmente -tras el bloqueo a Jorge Andrés Richards por la derecha el año pasado- por el ex ministro Máximo Pacheco. Queda pendiente hoy el nombramiento del presidente del directorio por parte del presidente Piñera, ya que por ley Ricardo Solari debe dejar el cargo el 11 de abril, a un mes del cambio de gobierno. 

El problemático cuoteo

En un principio la propuesta de la modificación a la ley proponía ampliar el número de directores de siete a nueve, y elegirlos por Alta Dirección Pública. Esto fue desechado en el Parlamento. El número sigue igual, lo mismo que la composición “cuoteada” por el esquema binominal que tanto ahora como en épocas anteriores entrampa la toma de decisiones con peleas políticas. Aunque existe una descripción de cómo deberán ser los directores —“profesionales experimentados ya sea en altos cargos de administración, pública o privada, y con una clara formación en el ámbito de la cultura, educación o las comunicaciones”—, una fuente que fue parte de la discusión parlamentaria asegura que en la práctica probablemente siga un sistema de elección parecido al actual, basado finalmente en cupos políticos.

Luego está la cuestión de la misión. Cuando aterrizaron en el canal, el actual presidente de directorio, Ricardo Solari, y la primera directora ejecutiva que nombró, Carmen Gloria López, dijeron que su ambición era “rescatar” la vocación pública del canal nacional. Sucedían a la administración de los directivos nombrados por Piñera, Leonidas Montes y Mikel Uriarte, quienes trabajaron con Mauro Valdés en dirección ejecutiva. Entre 2010 y 2014, el canal siguió la senda de años anteriores, en donde la buena salud del rating dependía casi por entero de las teleseries y el área dramática, liderada por María Eugenia Rencoret. Cuando el directorio no quiso mantener el sueldo de Rencoret, y la ejecutiva emigró a Mega con su equipo completo de un centenar de personas, el canal quedó cojo. Y aunque Solari y López, y luego los siguientes directores ejecutivos Alicia Hidalgo y Jaime de Aguirre, han intentado respetar lo que ellos entienden como vocación pública de la señal, la conversación sobre la misión de TVN quedó pospuesta ante la inmediatez de la crisis total del rating. Hubo producciones dramáticas al aire que incluso bajaban de los cinco puntos rating, lo que rompió con la tradición histórica de las teleseries del canal, sobre todo con su importancia de identidad en la vuelta a la democracia.

La misión de TVN siempre ha sido ser el canal público. En 1992, con la promulgación de la Ley 19.132, se puso por escrito la necesidad de que fuera independiente a cada gobierno de turno y, de manera muy general, establece que debe ser pluralista, autónoma y autofinanciada. En la modificación recién introducida, la misión pública queda mucho más definida: “Se expresa en la promoción y difusión de los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, la educación, la participación ciudadana, la identidad nacional y las identidades regionales o locales, la multiculturalidad, el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad”, dice el texto. Pero, como ha pasado antes, una cosa es el papel y otra la práctica; todavía resuenan a veces las dudas sobre si el canal público debía o no exhibir reality shows, como alguna vez hizo con Pelotón. Hoy, el canal tiene al aire dos teleseries de poca audiencia –Wena Profe y Dime quién fue–, y los anuncios de parrilla 2018 son el retorno del franjeado juvenil de las tardes, Rojo, y la adquisición de una superproducción turca llamada Ertugrul. Sigue teniendo la oferta más numerosa de programas culturales de la TV chilena, pero están casi todos restringidos a la exhibición durante sábados y domingos.

La discusión parlamentaria se extendió mucho en lo importante de velar por la misión y diferenciarse de los demás canales, y para que esto suceda, se estableció que debe haber una planificación quinquenal aprobada por el directorio. Además, el presidente del directorio deberá presentar una cuenta pública anual ante el Senado.

Los millones

Entonces se puede hablar del dinero y de cómo gastarlo. Los 47 millones de dólares aprobados para  la capitalización de TVN deberían llegar a las alicaídas arcas del canal en un plazo máximo de seis meses tras la promulgación de la indicación sustitutiva (hoy el trámite, tras su paso por el Congreso, ya salió del Tribunal Constitucional, pero aún no ha sido promulgado). La entrega del dinero se hará por partidas, luego de que se presenten  proyectos para el uso de los recursos ante Hacienda, que deber aprobar las inyecciones de capital. El futuro de Jaime de Aguirre, actual director ejecutivo del canal, aún es incierto, porque si bien fue nombrado por Solari, de quien es cercano, ya ha trabajado antes con Piñera en Chilevisión (ver recuadro inferior). Igualmente, la renuncia de los directores de la derecha fue un torpedo directo a su gestión, y habría que ver si el presidente apoya o respalda su trabajo de poco más de un año en TVN.

Los recursos de la capitalización no pueden ir a teleseries, por ejemplo, o ser usados para contratar rostros. Los recursos deberán destinarse a los cambios requeridos por la ley de TV Digital, como instalación de antenas y otras mejoras tecnológicas. Y, además, se especifica que son para “desarrollo de capital de trabajo”, lo que se traduciría eventualmente en más despidos —en los últimos cuatro años el canal ha reducido en más de 500 personas su planta, dejándola en alrededor de 900 trabajadores—, además de modernización de la estructura de la señal.

Todo lo anterior no soluciona los actuales problemas de caja de TVN. Tras recurrir en los últimos años al arriendo de sus propios inmuebles (una operación financiera conocida como leaseback), aún experimenta falta de liquidez debido a las bajas en ventas, que se desprenden de la disminución de audiencia. Además, aunque aumentan las pérdidas, los costos de TVN, según la información entregada a la ex Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) se mantienen altos. Malas decisiones programáticas como las de 2017, con dos teleseries en horarios vitales –vespertina y nocturna– bajo los diez puntos de rating, no ayudan.

Un salvavidas a futuro será que la nueva ley permitiría a TVN buscar nuevos negocios para el canal. La ley de 1992, sienten hoy los ejecutivos de TVN, dejaba de manos atadas al canal. Por ejemplo, aunque estuvieran en crisis financiera, no podían acudir a su accionista principal del mismo modo como lo hacía su competencia, ya que no podían recibir financiamiento del Estado.

 Si bien TVN ha estado explorado otros ingresos tras la ampliación de giro establecida en 2013 -FOX Sports Chile, por ejemplo, graba en el canal público-, se espera que ahora los ejecutivos ideen nuevas maneras de atraer inversión, o rentabilizar sus contenidos, más allá de la venta internacional. Además, la nueva ley permite que frente a futuras oportunidades, TVN pueda acudir a los bancos para pedir financiamiento, con el Estado otorgando garantías. 

Y están los 18 millones de dólares para instalar un canal cultural. La señal, de libre acceso y con contenido infantil y de cultura, fue una de las promesas de la presidenta Bachelet el 21 de mayo de 2015. Pero cuando la crisis demostró ser más profunda de lo esperado en ese año, el proyecto fue mutando, y ahora no será un canal separado, sino que transmisiones de contenidos culturales en la segunda señal digital de TVN. Según la modificación de la Ley, debe tener contenidos “educativos, culturales, tecnológicos, científicos e infantiles, estableciendo que esta señal deberá contar con un presupuesto separado de las demás operaciones de la empresa”. Como esta señal no debe tener publicidad, hay un marco normativo en la nueva ley para que pueda recibir aportes o transferencias para su implementación y desarrollo.

Con todas estas reglas e inyecciones, quien sea que siga o llegue a la oficina directiva en Bellavista, deberá preocuparse del problema fundamental y que causó todo este embrollo: mejorar, de una vez por todas, el rating, que los tiene desde hace cuatro años en cuarto lugar. Pero la fórmula para recuperar espectadores, lamentablemente para los ejecutivos de TVN, sigue estando más cercana a la alquimia y magia que a una modificación legal o discusión política.

Las boletas de Bancard

La relación entre Sebastián Piñera y Jaime de Aguirre fue fluida en la segunda mitad de la década pasada, cuando el presidente electo fue el dueño de Chilevisión, y el ejecutivo lideraba la señal. Fueron los tiempos en que el canal se transformó y llegó al primer lugar de audiencia. Pero años después, esa relación fue parte detonante de la salida de De Aguirre del canal. El ejecutivo se vio involucrado en la investigación del caso SQM de financiamiento irregular a la política. En ese entonces trascendió que De Aguirre recibió ingresos por medio de boletas que emitió a empresas Aguas Andinas, SQM, Pampa Calichera e Ilihue, pese a que su empleador era CHV. El profesional declaró ante la Fiscalía que había sido Bancard, el holding de inversiones de Piñera, el que le había pedido realizar esas boletas. Aunque se vio libre de cualquier sentencia y cerrada la investigación de su caso, hubo declaraciones cruzadas sobre las responsabilidades de por qué estuvo envuelto en esa trama. Cuando De Aguirre aterrizó en TVN, aseguró en entrevistas que el episodio era parte del pasado.