¿Es posible incluir mecanismos de democracia directa en la Convención Constitucional?
Las herramientas que se emplean se pueden agrupar en referéndums, iniciativas populares y plebiscitos. En Chile, hasta el momento, el único que se ha utilizado es este último.
Una mayor participación de la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa ha sido una de las propuestas que se ha reiterado en la Convención Constitucional. Recientemente se aprobó añadir una iniciativa popular para que los individuos puedan presentar artículos que quieran incluir en la posible nueva Carta Magna.
Sin embargo, los expertos advierten que los acotados plazos para la elaboración del texto, podría hacer “inviable” dicha opción.
¿Qué estamos verificando?
Desde la instalación del órgano constituyente, se ha debatido la posibilidad de establecer mecanismos que permitan la participación de los ciudadanos en la redacción de la nueva Carta Magna.
El pasado 11 de agosto, la subcomisión de Iniciativa, Tramitación y Normas Constitucionales aprobó por unanimidad la iniciativa popular de participación ciudadana. Los requisitos mínimos para dicha presentación deberán ser fijados por las comisiones de Participación Popular y de Consulta a los Pueblos Originarios.
Por eso el Constitucheck, de Watchdog PAUTA, investigó en profundidad y consultó tanto a expertos nacionales como internacionales qué es la democracia directa, cuál ha sido la experiencia en otros países y cómo se podría aplicar en Chile.
¿Qué se entiende por democracia directa?
David Altman, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es uno de los principales investigadores de la democracia directa. En trabajos que ha hecho al respecto señala que “por democracia directa se entiende un grupo de mecanismos que permite a los ciudadanos decidir sobre materias específicas directamente en las urnas”.
Existen diferentes maneras en las que se lleva a la práctica la democracia directa y que pueden traducirse en tres tipos de mecanismos de participación ciudadana. Uno de ellos son los referéndums: consultas populares mediante las cuales los individuos pueden aprobar o ratificar asuntos referidos a temas legislativos o constitucionales.
Los plebiscitos son iniciativas en las que los gobiernos realizan consultas a la ciudadanía.
Finalmente, se encuentra la iniciativa popular, en la que los ciudadanos impulsan una idea legislativa y, si consiguen las firmas requeridas en el tiempo establecido, se vota a través de una elección popular vinculante. Altman entiende este concepto como un “instrumento que le permite a un grupo de ciudadanos someter una reforma constitucional, por ejemplo, a una votación general”.
Una versión algo distinta de esta es la iniciativa popular de ley, en el que se sigue el mismo proceso pero el proyecto de ley pasa al Parlamento para su discusión y aprobación.
El análisis de los expertos
A lo largo de la historia de Chile los únicos mecanismos de participación ciudadana han sido los plebiscitos, tal como el de 1988 y el de 2020. En ese sentido, Altman explicó que “Chile carece de iniciativas populares, pero no es de los pocos sino es parte de un grupo grande de países de América Latina que no tiene esta posibilidad”.
Para el politólogo, “es muy difícil instaurar” las iniciativas populares en la Convención actualmente. A su juicio, es un proceso que demoraría mucho tiempo, mientras que se espera que los grupos junten las firmas en un determinado plazo y que estas sean validadas, por lo que “no sería viable”. Sin embargo, considera que sería una “innovación democrática”, en el contexto chileno, que la Convención debería tener en cuenta.
Richard Stith, profesor emérito de la Escuela de Derecho de Valparaiso University, en Indiana, Estados Unidos, cree que “vale la pena apoyar cualquier mecanismo que dé al pueblo la mayor cantidad de alternativas posibles para resistir a las élites y grupos de interés, ya sea que formen parte del poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial”.
Hay otros aspectos que son importantes a considerar al momento de incluir mecanismos de participación en el proceso constitucional que se está desarrollando en Chile.
Por una parte, se encuentran las “barreras de entrada”, como las describe Marcela Peredo, profesora de derecho constitucional e investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Advierte que si estas son muy restrictivas, “de nada sirve contar con este sistema de participación”. Con esto alude, por ejemplo, al modelo español y al de la Unión Europea a los cuales se les critica el alto número de firmas que se requieren para presentar una iniciativa.
“La clave está por tanto en lograr un sistema que implique un adecuado equilibrio entre mayor participación ciudadana y resguardo de la democracia representativa”, enfatiza Peredo.
Además, la investigadora de Polis asegura que el proyecto de Constitución de la expresidenta Michelle Bachelet, que incluye mecanismos de iniciativas populares de ley, podría ser considerado como un antecedente. A esto agrega la posibilidad de incorporar en el procedimiento legislativo, la participación ciudadana digital.
Para Altman, en Chile la ciudadanía puede formar parte de este proceso de cambio constitucional, a través de las comisiones mediante audiencias que escuchen a las personas interesadas en las temáticas que se están discutiendo.
Experiencia internacional
Cuando se habla de democracia directa, suele aparecer Suiza como uno de los referentes. En su sistema combinan elementos de un sistema representativo, por ejemplo un Parlamento electo, con mecanismos más participativos como referéndums e iniciativas populares. Según la Red de Conocimientos Electorales, desde que se instauraron estas formas de participación en 1848 hasta 2004 se realizaron 517 referendos y se propusieron 244 iniciativas legislativas.
Uno de los mecanismos se relaciona con referéndums obligatorios, en el que el gobierno tiene que convocar siguiendo los temas establecidos en la Constitución. Esto requiere una doble mayoría, primero una nacional en los comicios, y que en la mayoría de los cantones (la forma de división territorial en Suiza) se apruebe. Los ciudadanos pueden impulsar iniciativas populares para revisar la carta magna de dicho país, ya sea total o parcialmente, con 10 mil firmas. Además, pueden promover la realización de un referéndum sobre una propuesta que sea incluida en la Constitución con la recolección de 100 mil firmas. A modo de ejemplo, algunas temáticas en discusión han sido la abolición del ejército, la reducción de la jornada laboral y la construcción de nuevas vías férreas en los Alpes.
¿Cómo se han aplicado estos mecanismos en otros países? Un informe elaborado por PNUD analizó la participación ciudadana en procesos constitucionales en 10 países. En Brasil (1988), Bolivia (2009), Ecuador (2008) e Islandia (2010) se realizaron audiencias públicas y foros territoriales. En el caso colombiano (1991), se recibieron las propuestas previo al trabajo de la Asamblea Nacional. Mientras que en Sudáfrica (1996), “el primer borrador constitucional fue sometido a observaciones y comentarios por medio de consultas públicas”, al igual como ocurrió en Ciudad de México en 2016.
Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la mayoría de las nuevas constituciones escritas recientemente en América Latina se han caracterizado “por una enorme participación ciudadana”. Dicho proceso empezó con la redacción de la nueva carta magna en Brasil en 1986. En países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela fueron elaboradas por asambleas constituyentes y aprobadas en plebiscitos.
De acuerdo con el texto, estas constituciones “contienen significativamente más artículos sobre derechos humanos y participación ciudadana de aquellas elaboradas por equipos expertos”.
Actualmente, Chile carece de mecanismos de democracia directa, exceptuando los plebiscitos que se han realizado en los últimos años. Ante ello, ha surgido un debate principalmente impulsado en la Convención Constitucional que busca incluir una mayor participación ciudadana. Expertos coinciden en la importancia de incluir a los ciudadanos en la elaboración de proyectos de ley y que esto podría quedar consagrado en la posible nueva Carta Magna, como parte de un marco de democracia representativa.
WatchDog PAUTA es un proyecto de fact-checking conjunto entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y PAUTA. Busca tomar temas en la agenda y rastrear su veracidad desde una perspectiva positiva, no inquisitoria.
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