¿Se redujo el consumo de alimentos altos en calorías, azúcares y grasas desde la irrupción de los “sellos”?

Según estudios del INTA y de la Universidad de Berkeley, este último solo en supermercados, la respuesta es sí. Pero varios exministros de Salud coinciden en que si bien esta regulación ha sido muy positiva, también es insuficiente por sí sola para combatir la creciente obesidad entre los chilenos.

La ley Nº 20.606 sobre rotulados frontales en los alimentos posee un avance de tres fases que ha significado la disminución y sustitución del consumo de alimentos que contienen sellos. No obstante, los expertos en salud que fueron consultados en esta ocasión expresan de forma unánime que si bien este proceso es positivo y debe continuar, tiene que hacerlo de la mano con otras políticas públicas que refuercen su impacto en el consumo saludable de la sociedad chilena.

A seis años de la implementación práctica de la “Ley de Alimentos”, la obesidad sigue siendo un foco importante y en constante alza dentro de la población. Por esto, en la edición de esta semana, nuestro Perro de Caza, de Watchdog PAUTA, fue al supermercado a hacer su compra mensual, agregó sus snacks caninos saludables –evitó comprar galletas con sellos– y se asesoró con expertos en salud pública para conocer si esta política ha contribuido en la reducción de consumo de alimentos rotulados.

La ley de “etiquetados” o ley de alimentos se diseñó con el fin de contribuir a enfrentar la obesidad y enfermedades de carácter “no transmisible” (ENT), como por ejemplo, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, cánceres y diabetes, entre otras. Todas ellas ligadas a una mala alimentación de la población chilena.

Un estudio reciente del INTA, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reflejó una disminución del consumo de alimentos rotulados, a partir de la cual mejoró la calidad de la oferta de alimentos y la implementación de un portafolio de productos más saludables como estrategia de promoción de la industria alimentaria.

En concreto, un descenso de14% en la compra de cereales para el desayuno, 25% menos de la compra de bebidas azucaradas y una reducción de 46% sobre la exposición de publicidad de alimentos entre escolares.

Enrique Paris, exministro de Salud y presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, está de acuerdo con que un buen complemento para esta ley sería una política pública donde se premie con menos impuestos a aquellos productos que se ajusten a los criterios nutricionales requeridos por la legislación, lo que a largo plazo beneficiaría a disminuir enfermedades no transmisibles en la población chilena.

“Estos sellos educaron de mejor manera a la gente, pero también el esfuerzo que hizo la industria alimentaria para ajustarse a la ley, significó un aumento de precios en el producto final”, aseveró el presidente del IPSUSS.

Para comprender mejor la ley Nº 20.606 sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, coloquialmente llamada “Ley de Alimentos”, es necesario remontarse a su historia.

Esta política pública de salud comenzó a discutirse en el Congreso Nacional durante 2006, pero fue promulgada recién en 2012, para que luego se diseñara su reglamento en 2015 y finalmente entrara en vigor con su primera etapa en 2016.

El exministro de Salud Jaime Mañalich, argumenta que la “ley de alimentos” es una política insuficiente por sí sola y asegura que en Chile se debería complementar con dos aspectos fundamentales para aumentar su efectividad.

“Nosotros propusimos un proyecto que hoy descansa en el parlamento, referido al impuesto al azúcar, que existe en países como México. Las bebidas cola normales cuestan 14% más que las que son dietéticas o “zero”, es decir, ellos tienen un impuesto directo al azúcar, que hace que los alimentos que la contienen sean más caros. Esto supone que el Estado puede usar dichos recursos para financiar los costos de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas”, planteó Mañalich.

Otra herramienta es el de la información y oferta saludable y responsable, que tiene tres ejes centrales. El primero es la entrega clara y comprensible a los consumidores a través de un sello color negro y blanco de advertencia “ALTO EN”. El segundo versa sobre que los establecimientos educacionales sean capaces de asegurar una oferta saludable al interior de sus recintos, con la prohibición de alimentos que superen la carga nutricional establecida por el Ministerio de Salud (Minsal). Y tercero por medio del resguardo de menores de 14 años a la sobreexposición de publicidad, por ejemplo, en cereales que sobrepasen los estándares nutricionales.

Estudios realizados por la Universidad de Berkeley en California en supermercados chilenos posteriores al comienzo de la primera etapa de la ley concluyeron que los consumidores sustituyeron los productos con sellos por aquellos que no contenían la advertencia. También, aquellos comestibles que se mostraban como saludables a primera vista, pero sin embargo, fueron rotulados con “ALTO EN”, se vieron afectados por una disminución significativa en su demanda.

A raíz de un estudio realizado por la JUNAEB en 2021, se observó que desde 2009 la obesidad total ha aumentado 95,5%, lo que significa un alza de casi el doble en 13 años. Respecto de la obesidad severa –personas con 45 kilos por sobre su peso ideal— aumentó 158%.

El informe también revela que respecto de la vulnerabilidad, las comunas más pobres de la capital son las que finalmente se ven reflejadas en esta investigación como las con mayor prevalencia a la obesidad. 

Paula Daza, exsubsecretaria de Salud y directora ejecutiva de CIPS-UDD, opina que, aunque valorable, una ley como esta no puede disminuir ni contener la obesidad por sí sola, puesto que se trata de una enfermedad multifactorial.

“Es una buena ley, también es positiva, pero no es suficiente. Obviamente hay que incorporarla a otra serie de medidas intersectoriales, sociales, culturales, económicas que tienen una incidencia real en la obesidad. Yo incentivaría políticas de la vida salubable como Elige Vivir Sano”, afirmó Daza.

Pero una de las complicaciones que persisten, según Mañalich, son los productos que son adquiridos al granel, puesto que no pueden ser rotulados como los alimentos envasados, o también los productos adquiridos en locales de comida rápida, lo que genera un vacío de alrededor del 40% de la dieta de los chilenos que queda fuera de los estudios realizados.