Internacional

Crímenes en Venezuela: lo que dice el derecho internacional

Mientras Michelle Bachelet conminó este domingo al régimen de Nicolás Maduro a detener la violencia contra la población, los especialistas jurídicos creen que podría configurarse delitos de lesa humanidad.

Agencia Uno

Por Catalina Batarce L.

Domingo 24 de febrero de 2019

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De que Venezuela vive una crisis política, económica y humanitaria no hay duda, pero sí hay matices respecto de los efectos jurídicos de los crímenes que se estarían cometiendo. Tras las declaraciones que hiciera el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, por presuntas violaciones a los derechos humanos relacionadas con la quema de ayuda humanitaria, se abrió un nuevo debate.

Crédito: Human Rights Watch

El líder opositor acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber incendiado camiones que contenían ayuda humanitaria y que, con ello, violaba "el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad".

¿Es eso efectivo? Ante la publicación de Guaidó, la abogada experta en derecho internacional Catalina Fernández Carter escribió desde Inglaterra, donde estudia un posgrado sobre estas materias en la Universidad de Cambridge, que el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela estaba confundiendo varios elementos.

Consultada por PAUTA, Fernández sostiene que, con independencia de los cuestionamientos que se puedan tener sobre la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro y de que efectivamente la quema de camiones con ayuda es algo "reprochable", hablar de que se trata de un crimen de guerra "es equivocado".

"No se trata de tecnicismos. Para que sea un crimen de guerra tiene que haber un conflicto armado, una guerra, y para ello tienen que haber dos grupos armados y eso no existe. La oposición no tiene un grupo armado con un nivel de organización que permita hablar de que estamos en una guerra civil", explica.

Esta diferenciación es importante porque el derecho de la guerra, detalla Fernández, incluso da mayor flexibilidad a las partes para cometer hechos que podrían constituir delitos. "En la guerra hay cosas que se pueden hacer […] Daría incluso más facultades a Maduro para atacar a la oposición. Si es una guerra son combatientes", expone.

Considerando que no hay un conflicto armado, la abogada plantea que lo que aplica en este escenario es el derecho internacional de los derechos humanos, el cual "protege mucho mejor a la población y la oposición".

En cuanto a la posibilidad de que la quema de los camiones constituya un crimen de lesa humanidad, Fernández también toma distancia. Dice que, si bien es probable que en Venezuela se estén cometiendo tales tipos de crímenes, "porque no exigen que haya una guerra", el ataque a la ayuda no está "recogido" como tal.

Tomás Pascual, abogado profesor de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, coincide con Fernández, y agrega que la quema de la ayuda, eventualmente, "si se dieran los requisitos", podría ser un crimen de guerra, pero como se ha expuesto, no están las condiciones para hablar de la comisión de delitos de esa índole.

Expone a PAUTA que los hechos que vemos en Venezuela van de la mano con un régimen autoritario. "Esto tiene que ver más con una situación de una crisis política, institucional, donde hay persecución por parte del régimen a disidentes políticos. Se afectan derechos políticos y civiles, por lo que estaríamos en el ámbito de la protección de los derechos humanos, que es más amplio", comenta.

Plantea que incluso "sería contraproducente para los intereses de las personas que están reclamando contra el régimen de Maduro, porque si se establece una legislación de guerra, y para eso tendrían que existir los supuestos, habilita a uno de los bandos a llevar acciones armadas. Hoy no están habilitados para eso".

¿Qué derechos han sido conculcados por el régimen?

Catalina Fernández mira el escenario cautelosa. "Es difícil hacer un listado de los posibles delitos que se están cometiendo. Tendría que determinarse in situ", sincera. Pero añade que ya desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado cuenta del uso excesivo de fuerzas, detenciones arbitrarias y tortura. 

Ambos organismos, eso sí, no pueden sancionar ni al país ni a personas individuales, como precisa la experta; su rol es promover y proteger los derechos. Deben denunciar, elaborar informes y ejercer presión al interior de sistema de Naciones Unidas para que se enfrenten ciertos casos. "En general, preparan principios y recomendaciones a los países, y también hacen trabajo en terreno para analizar el cumplimiento de las obligaciones". 

Según lo que se ha denunciado, Maduro podría ser investigado por una presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. La especialista recuerda que los crímenes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está actualmente analizando, aún sin abrir investigación, son asesinato, detención arbitraria, tortura, tratos inhumanos, violencia sexual, desapariciones forzadas y persecución política. 

Respecto de un posible juicio, Maduro podría ser juzgado tanto en la Corte Penal Internacional como en Venezuela o algún otro país que reconozca la jurisdicción universal sobre crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, se requiere que primero se inicien las investigaciones respectivas, pues solo hay exámenes preliminares. 

Precisamente la Alta Comisionada para los de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó este domingo 24 de febrero los hechos de violencia que se registraron los últimos días en Venezuela, especialmente en la frontera con Colombia y Brasil, tanto por las fuerzas de seguridad venezolanas, como por grupos pro-gubernamentales armados. En la práctica, responsabilizó al régimen de Maduro por lo ocurrido. "Son escenas deplorables. El gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes", expresó la expresidenta de Chile. 

En su declaración escrita, sostuvo que se recibieron varios informes que dan cuenta de la violencia, por lo que urgió a Caracas a "frenar a estos grupos y arrestar a aquellos que utilizaron la fuerza de manera ilegal en contra de manifestantes", ya que "puede debe frenar que estos grupos sigan exacerbando una situación ya de por si altamente inflamable".

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