El tango de la corrupción a un mes del estallido de los “cuadernos K”

Un juez se empeña en procesar a la senadora Cristina Fernández mientras el Presidente de Argentina ratifica los contratos con las empresas que confesaron haber sobornado a las administraciones Kirchner

En un expediente de 38 cuerpos, que cuenta con medio centenar de imputados y ha implicado 70 allanamientos (más de la mitad en la ciudad de Buenos Aires) a empresas y domicilios particulares, el juez argentino Claudio Bonadio prepara el procesamiento, desafuero y prisión preventiva de Cristina Fernández. La expresidenta es acusada de liderar una asociación ilícita para extraer recursos del Estado en un caso conocido como los “cuadernos K”, “cuadernos de las coimas” o “cuadernos de la corrupción”, que estalló hace un mes cuando el diario trasandino La Nación publicó el contenido de ocho cuadernos de un exchofer, Óscar Centeno, donde se detallaba una compleja red de sobornos en efectivo que iban desde los empresarios al Secretario de Planificación Federal de la época Kirchner, Julio De Vido, y a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La investigación ha sido cuestionada, entre otras razones, porque los famosos cuadernos indagados no son los originales, sino unas fotocopias —el mismo Centeno declaró que había quemado los originales— y porque, según el exsecretario General de la Presidencia Aníbal Fernández, la causa estaría ” plagada de inconstitucionalidades”.

Pese a ello, las indagaciones y allanamientos cuentan además con videos, escuchas telefónicas y los testimonios de una veintena de “arrepentidos” que han ido brindando nuevos datos. Algunos de ellos son el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner —según él, entre el 10 y el 20% de los costos de las obras públicas se destinaban a sobornos para ganar las licitaciones—, el exsecretario de Obra Pública José López y el financista Ernesto Clarens, quienes podrían ser piezas clave para un eventual desafuero y procesamiento de la senadora Cristina Fernández. López en particular es uno de los “imputados arrepentidos” que más valora Bonadio y cuyo testimonio, según el diario Clarín, podría provocar el arresto de la expresidenta.

Uno de los empresarios que confesó haber pagado sobornos es Angelo Calcaterra, primo del actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri, y heredero de las empresas de la familia Macri. El declarar espontáneamente como arrepentidos (algo que se hizo posible a partir de 2016, con una nueva ley que permite negociar indulgencia a cambio de colaborar en las investigaciones) le ha dado tanto a Calcaterra como a otros involucrados el beneficio de reducir su eventual sentencia o directamente quedar en libertad.

Hace unas semanas, el juez Bonadio divulgó un informe donde se detallaba lo revelado por la investigación. Según él, se habría descubierto “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.

La organización implicaba cobrar coimas a particulares, traspasar esos dineros a segundas personas y de ahí ese dinero —despojado de los correspondientes porcentajes por los intermediarios— llegaba directamente a manos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido.

El tango permanente

Hugo Alconada Mon, periodista argentino, autor del libro La raíz de todos los males —que retrata el sistema de negocios ilegales e impunidad que rige en su país—afirma que “en 750 grandes causas por corrupción investigadas entre 1980 y 2007 solo se condenó al 3% de los involucrados, con un desfalco estimado de 13.000 millones de dólares para las arcas públicas”.

De acuerdo con un artículo de The New York Times publicado en enero de este año, un inédito desfile de personajes poderosos siendo procesados por la justicia ha encendido la esperanza de que por fin se castigue la corrupción, uno de los compromisos de campaña del Presidente Mauricio Macri. Sin embargo, el que estas causas sean investigadas y terminen en condena depende de la voluntad de los jueces —quienes, muchas veces, han dejado las indagaciones detenidas hasta que prescriben— y, probablemente, de sus simpatías políticas, ya que las causas de alto perfil suelen tener avances cuando cambia el escenario político. El sistema de investigación de delitos data de la época colonial, no impone plazos a los jueces ni ningún sistema de fiscalización.

En un artículo que escribió para el mismo diario neoyorquino, Alconada Mon afirma que estas causas se enfrentan a otros escollos. Por ejemplo, los negocios ilegales estarían tan enquistados en el manejo de dineros públicos que los gobiernos no se atreverían a luchar a fondo con la corrupción por las consecuencias económicas que esto podría acarrear. Tanto es así, que el gobierno de Macri no ha sancionado a las empresas involucradas en el caso de los “cuadernos K” y hasta ratificó sus contratos con el Estado.

Haciendo uso de la trilladísima metáfora de que se necesitan dos para bailar el tango, Alconada Mon (citado por El País de España) afirma que en la corrupción “hay ocasiones en la que es el político el que pide y hay otras en que es el empresario el que mueve la primera ficha”. También sostiene que no se puede caer en el error de que los cuadernos se limitan al kirchnerismo, ya que en ellos desfilan los grandes empresarios trasandinos que han amasado sus fortunas a través de licitaciones irregulares con el Estado: “Los cuadernos son una bitácora para vislumbrar como son los sótanos de este país “.