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Fiscalía argentina solicita la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández para ocupar cargos públicos

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Agencia Uno
POR Manuel Izquierdo |

Según el fiscal Diego Luciani, la expresidenta argentina lideró una asociación ilícita para defraudar al Estado. El Ministerio Público trasandino pidió entre 5 a 16 años de cárcel para las autoridades involucradas en la red de corrupción.

La Fiscalía argentina solicitó la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro de Economía y Obras Públicas, Julio de Vido.

El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez, “se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.

Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes“, señaló el fiscal, quien agregó que Cristina “interpuso su interés personal sobre el interés público”.

El magistrado pidió entre 5 y 16 años de cárcel para la expresidenta, que ejerció ese cargo entre 2007 y 2015, y los demás implicados en la red de corrupción.

La vicepresidenta argentina no está presente en esta parte del proceso, ya que quedó exenta por su actual cargo, pero desde Twitter ha anunciado por sorpresa que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

Alberto Fernández sale a apoyar a su número dos

Tras la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente Alberto Fernández dijo en un comunicado que “hoy es un día muy ingrato” para alguien como él, con experiencia en Derecho, y transmitió su “afecto y solidaridad” a la exmandataria.

El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de la vicepresidenta sobre la existencia de una “persecución judicial y mediática” contra ella, alegando que “ninguno de los actos ha sido probado” y hay un intento de poner la Justicia “al servicio de los poderes fácticos”.

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.