Internacional

Bachelet revela una "década" de violaciones a DDHH en Venezuela pero no exige elecciones

El informe de la ONU detecta "una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante".

Conferencia de prensa de Michelle Bachelet en Caracas el 21 de junio de 2019, tras su visita a ese país como parte de la investigación de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.

Agencia Uno

Por Catalina Batarce y Eduardo Olivares

Jueves 4 de julio de 2019

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Un día antes de lo esperado, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dio a conocer el exhaustivo y duro informe que presentará Michelle Bachelet sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí, detalladamente, aborda los "patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales".

Marcando un tono bastante más fuerte que el de sus declaraciones anteriores, el informe de la exmandataria chilena revela que la mayoría de las personas detenidas por las fuerzas policiales del gobierno estuvo sometida "a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas".

El documento de 18 páginas, que será presentado oficialmente por la expresidenta en el marco de la sesión 41° del Consejo de Derechos Humanos -específicamente el 10 de julio-, hace referencia a la serie de entrevistas y reuniones que delegados del organismo sostuvieron para constatar la situación que se vive en el país que hoy se encuentra bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Michelle Bachelet se reunió con Nicolás Maduro el 21 de junio, en Caracas. Créditos: Agencia Uno

Para la elaboración del reporte, se concretaron "558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes", y 159 reuniones "con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales".

La larga década chavista que sorprende a Bachelet

El reporte enfatiza los problemas que afectan a la población en los aspectos sociales y económicos: "Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria".

La alta comisionada para los Derechos Humanos describe el programa de asistencia social del chavismo llamado "Misiones Bolivarianas", cuyo objetivo era apoyar a las personas de menores recursos. "Durante dos décadas, el gobierno promovió políticas sociales a través de las 'Misiones Bolivarianas', las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos", detalla. A continuación, observa que distintas herramientas concretas para distribuir esa ayuda no han llegado a todos quienes la necesitan, en parte porque se discrimina a favor de quienes son afines al partido del gobierno. "La discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos", revela.

A la misma hora en que se conocían estos antecedentes, Nicolás Maduro destacaba, a través de Twitter, la políticas de las "Misiones Bolivarianas".

Esta década de impactos sociales y económicos tiene su correlato directo en los derechos civiles, añade el informe. La Oficina que la exmandataria dirige evidencia que, durante al menos una década, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como las instituciones bajo su control, "han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional".

Así, concluye el documento, "durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa".

Todas estas revelaciones han sido denunciadas por años por la oposición venezolana y numerosas ONG, así como incluso por personeros de la ex Nueva Mayoría. Salvo por declaraciones de su "preocupación" por lo que sucedía en ese país y sus permanente condena a cualquier vía violenta de solución a ese conflicto, Michelle Bachelet como presidenta de Chile (2014-2018) nunca condenó al régimen chavista.

Ahora, en otro rol, denuncia una década de violaciones a los derechos humanos en ese país: "Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas".

Los últimos años

De acuerdo con el análisis expresado en el informe, las erosiones a los derechos civiles en Venezuela "tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al gobierno". Esta situación ha aumentado progresivamente desde 2016, dice el informe, luego de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional.  Con ello, la "represión selectiva" aumentó, al igual que la "restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático".

Se sostiene que las sucesivas leyes y reformas llevadas adelante por el régimen de Maduro "han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al gobierno".

Internacional

El plan del antes, durante y después de la caída de Nicolás Maduro

La oposición hasta ahora ha fracasado en su objetivo de derrocar el régimen. El diseño incluye una junta de gobierno, pero hay otro plan en marcha: la posterior reconstrucción.

La oficina documenta información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. " En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica", explica. A menudo las detenciones carecían de fundamento legal.

En el marco de esas detenciones, además, la oficina documenta casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas.

El reporte documento indica que el gobierno venezolano no ha demostrado haber utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a alimentación, "ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias".

Sobre el derecho a la salud, se manifiesta que hay progresivas violaciones, y que son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, "las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos".

Corrupción y sanciones económicas

En términos generales, hace presente que "el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida".

Respecto de las sanciones económicas, Bachelet hace hincapié en que, en el inicio de la crisis, estas no fueron determinantes, pues las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017.

Política

Los seis hitos del protagonismo de Chile en la crisis de Venezuela

Al ingreso de Lepoldo López como "huésped" a la misión chilena en Caracas, se suman otros gestos. Entre ellos, el asilo que dio el gobierno de MIchelle Bachelet a cinco jueces en 2017.

Sin embargo, precisa,  "las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense".

La ausencia de una solicitud de elecciones libres

Pese a la extensa documentación sobre violaciones a los derechos humanos y numerosas condenas en distintas áreas, la serie de recomendaciones que realiza la oficina apuntan, en general, a pedirle al mismo gobierno que subsane todo aquello. 

Así, por ejemplo, "hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela" para que disponga de acceso universal y no discriminatorio a agua, alimentos y atención de salud, así como cese de inmediato de violaciones a los derechos humanos, que garantice la libertad de expresión e información, que "ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad", que disuelva a los grupos militares y paramilitares que ejercen violencia, y que investigue los crímenes cometidos, entre otra serie de requerimientos.

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Bachelet constata retroceso de la democracia y violación a los DD. HH. en Venezuela

La Alta Comisionada para los DD. HH. de Naciones Unidas aseguró que su equipo corroboró que en las últimas protestas hubo numerosas violaciones de derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados chavistas.

Sin embargo, y pese a que cuestiona la degradación de los derechos políticos de la oposición, Michelle Bachelet no demanda del gobierno la convocatoria a elecciones, y mucho menos a comicios libres y legitimados por observadores internacionales.

Eso sí, le pide al gobierno de Maduro que permita la instalación de una oficina permanente de la alta comisionada en Venezuela. Espera que el Consejo de Derechos Humanos pueda, con todo ese esfuerzo, "garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos". 

Revise el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre Venezuela:

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