¿Por qué Venezuela es investigada por crímenes de lesa humanidad?
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, inició un examen sobre la represión ocurrida en las protestas del 2017. Hubo ese año un saldo de 127 muertos y miles de heridos, según cifras oficiales.
La Corte Penal Internacional informó que abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, y en particular por la represión ocurrida durante las masivas protestas del año 2017.
Esta es la continuación al examen preliminar que el tribunal de justicia inició en el año 2018 y que ha decidido pasar a la siguiente fase. Todo ocurre en el marco de la visita de tres días que el fiscal de ese organismo, Karim Khan, está realizando al país.
Durante estos días, la autoridad se reunió con distintos líderes chavistas, incluyendo al mismo presidente Nicolás Maduro, este martes 2 de noviembre. El mandatario venezolano le agradeció su visita y señaló que respeta su decisión de proseguir con la investigación, si bien no la comparte.
Sin embargo, el vicepresidente Diosdado Cabello se mostró mucho más duro y advirtió que su país pedirá una revisión de esta decisión. Además, señaló que ellos mismos se encargarán de su defensa ante la Corte Penal afirmando que la fase preliminar de la investigación no se había cumplido.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó que calificó la visita como “histórica”, a pesar de que no pudo reunirse con la autoridad. Pese a ello, le instó a reunirse con las víctimas (y sus familiares) de la dictadura.
Las protestas venezolanas del 2017
Venezuela se encuentra desde hace años en una crisis económica y social de grandes dimensiones. Sin embargo, el año 2017 fue especialmente turbulento para el país con masivas protestas que se extendieron por meses y una brutal represión policial.
El principal motivo fue el aumento de poderes del gobierno de Nicolás Maduro con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la victoria en los diversos comicios electorales. Esas votaciones fueron acusadas de fraude por la oposición y rechazadas por gran parte de la comunidad internacional.
Todo comenzó cuando, a finales de marzo de ese año, el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de la Asamblea Nacional y aumentó el poder del gobierno de Nicolás Maduro. Esto generó una oleada de manifestaciones que se extendieron por cuatro meses dejando 127 muertos y miles de heridos, según cifras oficiales.
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Esto motivó que la Corte Penal Internacional abriera una investigación preliminar en 2018 buscando conocer el actuar de las fuerzas del orden durante estas protestas. En ese momento estaba en el cargo la antecesora de Khan, Fatou Bensouda.
Para ella, existió una base razonable que permitió afirmar que sí se cometieron crímenes contra la humanidad, además de acusar de una inacción por parte de las autoridades venezolanas para investigarlos.
La justicia venezolana imputó y condenó a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos. La oposición afirmó que esto se realizó únicamente para evitar el proceso judicial internacional.
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