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IVA a los servicios: otro impuesto más

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PAUTA / Andrés Sepúlveda
POR Andres Sepúlveda |

Oponerse al pago de más impuestos es también una manera de decirle al poder político que gaste de manera más eficaz y que evite el despilfarro.

Las peticiones para aplazar la entrada en vigor del IVA a los servicios no obedecen tanto a un problema de marcha blanca o de adaptación como al rechazo a un impuesto que en Chile no se pagaba. Las autoridades han informado profusamente de la manera en que se va a aplicar el tributo, así que caben pocas excusas sobre el alistamiento. No es corriendo la arruga que se resuelve este problema. Los ciudadanos tienen que aprender que el momento de mostrar su rechazo a los impuestos que se les aplican es cuando se celebran elecciones.

De hecho, nadie se acuerda de los impuestos en las elecciones y los candidatos son felices prometiendo más gasto público. Esto se debe a que la imposición personal en los tramos mayoritarios de la población en Chile es baja. Si las exenciones tributarias y los impuestos personales fueran más altos, otro gallo cantaría en las elecciones y Chile se parecería a los países europeos, donde los impuestos siempre son un tema electoral.

Pero la gente a la que no le aprieta el zapato no establece esa relación. Donde los impuestos son altos es en las empresas, donde Chile se encuentra en el segmento más elevado de la OCDE. Pero como los políticos han creado una confusión deliberada llamando impuestos a los ricos al impuesto a las empresas, no hay forma de hacerles entender que están ahogando a la gallina de los huevos de oro.

Una tributación alta es necesaria para un Estado de Bienestar como el que dicen que demandan los chilenos. En concreto, este IVA debe ir a financiar la Pensión Universal Garantizada (PGU). Curiosamente, este impuesto también es obra de un gobierno de derecha, el último de Sebastián Piñera, presidente que en sus dos mandatos liquidó el país de bajos impuestos que era Chile. Mostrar resistencia a pagar más impuestos también es una forma de decirle al poder político que gaste de manera más eficaz y que evite el despilfarro.