La propuesta del PDG y por qué el Congreso no puede escribir la nueva Constitución
Así como no es aconsejable que un médico se opere a sí mismo del corazón, el Congreso no tiene el nivel de evaluaciones positivas que lo legitime para hacerlo.
Poco a poco se van aclarando las posiciones que cada sector tiene sobre el itinerario constituyente. Los últimos en llegar han sido el Partido de la Gente (PDG) y el Republicano. Pese a la vis populista que se le atribuye a los primeros, a los mecanismos poco ortodoxos que emplean para relacionarse con sus miembros y a la extraña manera en que se desarrolló la campaña presidencial de su líder, Franco Parisi, su propuesta constitucional es extraordinariamente concreta.
El PDG propone un nuevo plebiscito de entrada porque considera que con el resultado del 4 de septiembre finalizó el proceso anterior, punto que contradice la visión del gobierno y de la centroizquierda que piensa que éste sigue vivo (quizá para no admitir un fracaso). Dicho plebiscito tiene, como antes, dos preguntas. La primera es si el votante ¿quiere una nueva constitución?, y, la segunda, mediante qué mecanismos: para eso se ofrecen dos alternativas, una comisión mixta entre el Congreso y una comisión experta, o una nueva convención constitucional.
El PDG apuesta por voto obligatorio en todos los futuros procesos electorales, no apoyan los escaños reservados ni las listas de independientes (apuestan por integrar a ambos en listas de partidos afines), la paridad de sexos sólo de entrada (es decir, paridad en las candidaturas, pero sin manipular el veredicto de la urna), que los organismos asesores actúen “sin injerencias extranjeras” y proponen un proceso que no dure más de seis meses. Plantean, además, un ‘borde’ novedoso: “La nueva carta constitucional debe tener como pilar fundamental la modernización del estado”.
Sólo por la mención a la modernización del Estado, la propuesta ya resulta singular en medio del estrecho debate en que se desenvuelven los partidos tradicionales. Y son muy interesantes tanto el deseo de ‘blindar’ el resultado de las urnas y la mención a que los órganos asesores no tengan injerencias extranjeras, un punto donde la fracasada Convención mostró escaso pudor.
También el Partido Republicano ha anunciado su posición y esta es que el nuevo texto se discuta en el Congreso. Esta es una posición que tiene cierto eco en la derecha y que fue planteada explícitamente por la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en su reciente visita al país. Pero ésta desconoce las razones por las que hemos llegado hasta aquí. Un médico no puede practicarse a sí mismo una operación al corazón sin un riesgo enorme. Que el actual Congreso haya sido renovado en noviembre de 2021 no significa que su valoración entre los chilenos haya mejorado sustancialmente. El objeto del descrédito es la institución, independientemente de sus miembros.
Según la encuesta Plaza Pública Cadem, en noviembre de 2021 sólo 17 de cada 100 chilenos aprobaban la actuación del Congreso. En marzo, cuando se estrenaron los nuevos diputados y la parte renovada del Senado, la aprobación subió al 32%, pero en agosto pasado estaba en 25% y la tendencia era a la baja. Las simpatías por el Congreso son bajísimas y eso que aún no se han desplegado del todo ciertos elementos abrasivos como pueden ser determinados diputados más polarizadores.
Uno de los desafíos para el actual proceso constituyente es no convertir en un ‘borrador mártir’ el texto rechazado, que sirva para impugnar de forma permanente cualquier futuro proyecto. Por esta razón, cualquier hoja de ruta constitucional debe combinar la vigencia de garantías (‘bordes’), pero, sobre todo, la existencia de un cuerpo colegiado de un origen tan democrático como el anterior que redacte el nuevo texto. Desgraciadamente, el Congreso Nacional sigue siendo una institución que debe ser rehabilitada por un nuevo texto constitucional y no puede ser el autor del mismo.