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El “compromiso transversal por la seguridad” que busca impulsar Carolina Tohá desde el Ministerio del Interior

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Agencia Uno
POR Manuel Izquierdo |

Desde la próxima semana, la titular de Interior sostendrá una serie de encuentros con autoridades políticas de distintos sectores con el objetivo de empujar un Plan Nacional de Seguridad. Así, el Ejecutivo busca materializar antes de fin de año una nueva agenda contra el crimen organizado.

La próxima semana, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, comenzará una ronda de reuniones con gobernadores regionales, alcaldes y parlamentarios de distintos sectores políticos.

¿El objetivo? Buscar acuerdos para impulsar un “compromiso transversal por la seguridad”, de modo de hacer frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado.

Desde el Gobierno señalan que apuntan a transformar la seguridad en una política de Estado, en el marco de lo que denominan “un amplio despliegue desarrollado con todos los sectores políticos para dialogar y recopilar las propuestas en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia”.

El Ejecutivo proyecta que el Plan Nacional de Seguridad comience a materializarse antes de fin de año.

El plan de Interior

El itinerario que baraja el equipo de Tohá incluye que cada partido designe a un representante en la Cámara de Diputados y en el Senado para integrarse a la mesa de discusión, mientras en paralelo se sostendrán encuentros con gobernadores y alcaldes.

Estos delegados serán quienes discutan y “construyan” los ejes del Plan Nacional de Seguridad, comprometido por el Presidente Gabriel Boric en abril. La forma en que operará la mesa de negociación y la manera en que se tomarán los acuerdos podría definirse durante la próxima semana.

“La idea es alcanzar acuerdos con todos los actores”, sostienen desde Interior.

A partir de los proyectos que se prioricen, el Gobierno buscará impulsarlos en el Congreso, lo que irá acompañado por iniciativas de otros ámbitos. Entre ellas, por ejemplo, está el evaluar las facultades que los gobernadores regionales poseen en materia de prevención del delito.