Contraloría reprocha el instructivo del Servicio Civil sobre retorno de funcionarios públicos
La facultad de disponer decisiones sobre la dotación corresponde a los jefes de servicio, dijo la CGR. ACTUALIZACIÓN.
Improcedente. Esta fue la palabra que empleó la Contraloría General de la República para calificar las instrucciones impartidas por el Servicio Civil relativas al regreso gradual de los funcionarios públicos a sus oficinas. Esto, porque no se advierte que esa entidad “posea las atribuciones para emitir instrucciones en las temáticas que aborda”, ya que estas les corresponden a los jefes de servicio.
🔴A propósito de solicitudes. Nos hemos pronunciado acerca de instructivo de Dirección Nacional de @ServicioCivilCL que incluía directrices para retorno gradual de funcionarios de la Administración. Al respecto, hemos declarado que dicho instructivo fue contrario a derecho pic.twitter.com/UVGakDseHo
— Contraloría (@Contraloriacl) June 10, 2020
El pronunciamiento alude al oficio ordinario N° 429 de 20 de abril, donde el Servicio Civil imparte instrucciones a los jefes de servicios para elaborar planes de retorno gradual de las funciones en todas las entidades públicas. Ello luego de que los ministerios del Interior y de Hacienda anunciaran, el 17 de abril, que los funcionarios públicos que no integraran grupos de riesgo debían reasumir sus tareas presenciales.
PAUTA solicitó una reacción al director del Servicio Civil, Alejandro Weber, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Origen de la medida
La medida despertó críticas y las asociaciones de funcionarios presentaron recursos de protección en tribunales, los que no prosperaron. Entonces la CUT y la Asociación de Funcionarios de la Junta de Jardines Infantiles (Ajunji) contactaron al estudio Osorio Vargas & Abogados, que optó por una estrategia distinta.
“Presentamos una solicitud de dictamen a la Contraloría, ya que estimamos que el Servicio Civil no tiene atribuciones para poder dar órdenes a los jefes de servicio, ya que son ellos los que tienen la facultad de administrar su personal”, explica el abogado Gabriel Osorio, uno de los patrocinadores del pronunciamiento.
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El abogado añade que además de acoger el planteamiento central, la Contraloría también precisó que los planes de retorno pueden ser fiscalizados por la autoridad sanitaria para asegurar el cumplimiento de las condiciones que exige la prevención del contagio. Asimismo, que según la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales se debe otorgar cobertura a los funcionarios que contraigan el Covid-19 en sus trabajos.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, felicitó el dictamen del órgano de control. Despejó “claramente” que el “foco es el ser humano, su salud y su vida está por sobre todas las cosas”, planteó.
Nota: Doce horas después de publicado este artículo, el Servicio Civil emitió una declaración en que expresa que solicitará una reconsideración del dictamen referido a Contraloría, “a objeto de precisar las atribuciones que el legislador entrega a este servicio público y dar cuenta que no contraviene los fundamentos del dictamen en referencia”. Esto porque a juicio de la entidad, fue el oficio circular Nº 18 de los ministerios de Interior y Hacienda el que instruyó el retorno gradual de los funcionarios a sus oficinas y delimitó el rol del Servicio Civil en cuanto a dar seguimiento a dicha instrucción. La entidad declaró que la reforma de 2016 modificó su ley orgánica dotándola de un rol rector y supervisor que les permite “impartir normas de aplicación general en materia de gestión y desarrollo de personas a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados a través de ellos”.