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“Ley Joaquín”: Mañalich detalla ejes del proyecto de derechos de receptores de órganos

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Agencia Uno
POR Maria Catalina |

La propuesta incluye la obligación de aviso por parte de un centro asistencial cada vez que se detecte un donante, que hoy no existe.

El caso de Joaquín Bustos (27), joven que falleció producto de un aneurisma cerebral el sábado 20 de julio y cuya familia denunció que no pudo donar sus órganos debido a las deficiencias del programa de trasplantes del Ministerio de Salud, copó parte importante de la agenda nacional. 

La situación derivó en una serie de recriminaciones, ya que producto de los errores del sistema se perdieron órganos vitales que pudieron ser implantados en alguno de los cientos de pacientes que aguardan por uno. 

Esto se ha traducido en varias indagaciones. Incluso, la Contraloría ha anunciado que revisará si se cumplieron los protocolos. De todas formas, desde ya el Minsal está tomando medidas y así lo compartió el ministro Jaime Mañalich en conversación con PAUTA

-El caso de Joaquín Bustos ha consternado al país. En línea con eso, en el Ministerio están tomando acciones y evaluando el programa de trasplantes. ¿De qué se trata la ley en la que están trabajando?

“Nuestra geografía impone al programa de trasplante nacional desafíos muy difíciles de cumplir. Esto es porque no puede pasar mucho tiempo entre que se retira un órgano del donante hasta que ese órgano está implantado e irrigado con sangre en el receptor”.

“En ese contexto, la situación que se nos ha planteado a través de Joaquín es relativamente nueva. ¿Por qué? Porque, en el fondo, Joaquín y su familia han hecho ver que una persona que ha manifestado la decisión de ser donante compromete a otros, en el sentido de que la voluntad que expresó antes de fallecer se respete. Es como un testamento vital. Eso pone al programa de trasplante en una dimensión completamente nueva, porque significa generar un compromiso del Estado para que esa obligación se cumpla, para que efectivamente ocurra lo que él deseaba”. 

“Para que esto sea posible, lo primero es que necesitamos una Ley de Derechos de los Receptores. Podrá tener otro nombre después, pero la estamos elaborando con ese borrador, por ahora”.

-Comprendiendo que se está en una etapa inicial, ¿qué implicancias tendría esta normativa?

“Esto implica, en nuestra opinión y así lo estamos elaborando, una ley que haga ese derecho exigible, que genere un servicio del Estado acorde al cumplimiento de esa exigencia. Dentro de esos servicios, por supuesto, un sistema de transporte mucho mejor estructurado que ahora, porque hoy no hay manera de traer un órgano más allá de Concepción, con mucha dificultad podemos llegar un poco más al sur, o más al norte de La Serena. Por eso, dada la extensión de nuestro país, evidentemente tenemos que montar un sistema mucho más eficiente”. 

“Con esto, no podemos evitar pensar en dos cosas. Primero, que si la voluntad expresada por el donante era esa, los centros que están atendiendo por última vez en la vida y que diagnostican muerte cerebral, tienen la obligación de avisar, cosa que hoy no ocurre. Con demasiada frecuencia, hay personas que dijeron que querían ser donantes y que llegan, desgraciadamente, a la situación de muerte cerebral, y los centros de salud públicos o privados no avisan. Entonces, con esta ley, surge esa obligación de avisar siempre al coordinador de trasplante”. 

“Segundo, [que establecería] una obligación de generar una logística de traslado garantizada. Hoy recién estamos haciendo, desde hace seis meses, la licitación de líneas aéreas para que tengan un compromiso, porque no se trata de decir ‘mire, no será que usted tiene un avión disponible’. Eso no. Se trata de decir, ‘usted por contrato tiene que tener un avión disponible en todo momento para esto’, y se turnarán las empresas, las Fuerzas Aéreas, Carabineros, quien fuera”. 

-Como comenta, hoy no es obligación que los recintos asistenciales informen respecto de los potenciales donantes. Entonces, ¿puede que el 7% de órganos que se “pierden” sea mucho mayor?

“Ese 7% considera los órganos que se extrajeron y que no pudieron ser trasplantados. Pero, es tal la escasez de aviso de potenciales donantes en unidades de tratamientos intensivos, que evidentemente tienen que tener varios casos al año, que yo creo que el número de personas candidatas no reportadas debe ser enorme”. 

-Además de las modificaciones a la normativa, el Gobierno también ha estado evaluando instalar centros de trasplantes, considerando que solo la Región Metropolitana cuenta con estos. 

“Sí. Lo tercero que es relevante, es que esta obligación [de respetar el derecho del receptor] se traduce en tener centros en regiones, fuera de la Metropolitana, porque hay inequidad. Una persona que necesita un trasplante y que vive en Puerto Montt tiene menos probabilidades de ser trasplantada que alguien que vive en la Región Metropolitana, a pesar de que muchos trasplantes están en el Auge. No damos las garantías de acceder equitativamente”. 

“Esto significa, en mi opinión, y este jueves me junto con el intendente de La Araucanía, tener por lo menos un centro prontamente en la ciudad de Temuco. Voy a ir la próxima semana para evaluar la situación en terreno. Una vez que hayamos montado ese probablemente podríamos tener un segundo en Antofagasta, para lograr esta cobertura nacional”.

“Hacer que un grupo de Santiago viaje lejos, con el equipamiento, los sueros y todo lo que se necesita para hacer el procuramiento y traer los órganos con ellos, es un tema de ineficiencia muy grande, y no hay manera de superarlo si no tenemos dos centros más que permitan acortar los tiempos y las distancias para el proceso de donación, extracción e implante”. 

 -Generalmente en Chile reaccionamos cuando ya se han producidos hechos lamentables. El año pasado hubo una modificación a la normativa que regula el proceso de trasplantes y de donación de órganos, ¿usted no cree que esto se pudo abordar con anterioridad?

“Lo que pasa es que estos procesos necesitan madurez. ¿De dónde sacas los especialistas utra calificados y capacitados para que estén y vivan, por ejemplo, en Temuco? Esta es una cirugía muy complicada. Técnicamente, esto no es operar algo; es un proceso muy sofisticado, porque hay que sacar el órgano, perfundirlo con un suero especial, garantizar que esté bien, hacer la cirugía de una manera diferente a la que se haría en una persona que se opera del corazón (por ejemplo) por otros motivos. Es otra cosa y las personas que en Chile se han capacitado para esto son pocas, yo diría que recién ahora tenemos una posibilidad de tener, tal vez, un centro sofisticado en otra región. No quiero ser injusto, creo que Concepción ya cumple con los criterios técnicos para hacer extracción y trasplante de corazón”. 

-Una vez que se conoció que se estaba trabajando en una ley, la oposición de inmediato lo cuestionó, diciendo que acá lo que falló no depende de una nueva ley. 

“Siempre la ley puede modificarse, pero hay algunas cosas administrativas que podemos hacer, obviamente desde ya, en el sentido de fortalecer los equipos. Para empezar con el centro de Temuco no necesitamos una ley, podemos implementarlo simplemente como una decisión ministerial y es lo que vamos a conversar entre esta semana y la próxima respecto de cuál sería el calendario de lo que debemos hacer para convocar a los especialistas, entrenar a quien corresponda y tener los insumos para en algún momento próximo tener en Temuco un segundo centro de procuramiento de trasplantes multiorgánico”. 

“Podemos hacer cambios administrativos, mejorías administrativas, por supuesto, y también asignar más presupuesto a este programa. Pero, en mi opinión, la situación de Joaquín plantea la necesidad de un cambio legislativo, de ley, respecto de lo que se manifestaba como una voluntad generosa y que ahora se transforma en una decisión que debe ser respetada por el Estado”. 

“Eso tiene consecuencias muy diferentes a la hora de exigir, de pedir presupuesto, de poner a disposición del sistema de trasplante, recursos y especialistas”.

-¿Tienen estimaciones de cuál podría ser el costo de esto?

“No. Además, acá necesitamos recursos humanos y eso es lo que tenemos que evaluar bien, cuánto y a qué distancia estamos de dotar a Temuco de los recursos humanos necesarios”.