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Manuel Guerra: “El control de identidad preventivo es peor que la detención por sospecha”

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POR Ana María |

El fiscal jefe de la zona metropolitana oriente es contrario al proyecto del Gobierno que incluye a adolescentes desde los 14 años, Asegura que estigmatiza y que no tiene eficacia en el descubrimiento de nuevos delitos.

Manuel Guerra es fiscal jefe de la zona Metropolitana Oriente, área que permanentemente es noticia por delitos protagonizados por adolescentes, como asaltos a casas y los denominados “portonazos”.

Tanto así, que uno de los primeros alcaldes en apoyar el proyecto de ley del Gobierno para ampliar el control preventivo de identidad desde los 14 años fue el de Las Condes, Joaquín Lavín. En su cuenta de Twiitter, dijo que “muchos delitos violentos los cometen menores de edad, incluso niños de 10, 12 años que son usados por adultos para que no tengan penas de la justicia. Ojalá esto avance y se apruebe”.

Sin embargo, Guerra no sólo está en contra del proyecto porque, a su juicio, “restringe la libertad de desplazamiento y la esfera de intimidad” y “tenderá a estigmatizar por color de piel o apariencia”, sino que también lo considera una herramienta ineficaz con la que, explica, no se ha logrado desarticular a las bandas más violentas de su zona.

“Como herramienta tendiente a reducir o a descubrir delitos, no aporta mucho. Y me temo que en la práctica se va a traducir en que, arbitrariamente, se empiece a definir a quién se controla y a quién no. Al final, puede terminar perjudicando a la población más pobre. Y las personas vivimos bajo presunción de inocencia y debemos ser tratadas como tales”, asegura el fiscal.

-¿Qué política considera disuasiva de los delitos?

“Al menos en nuestra experiencia en la zona oriente, los patrullajes en las zonas de seguridad ciudadana (determinados por los municipios) conducen a tener una presencia disuasiva que evita que se cometan delitos. En 2018, nosotros tuvimos una disminución importante, en particular de los robos violentos, de alrededor de 15 %. Pero eso no tuvo que ver con andar controlando a la gente, sino que la sola presencia policial, más la Seguridad Ciudadana en los horarios peak y en los lugares donde ocurren los hechos, genera una baja”.

-¿En lugares estudiados previamente?

“Sí. Son lugares que se estudian y las denuncias que ingresan día a día van estableciendo patrones y zonas donde hay ocurrencia de ciertos delitos. Por ejemplo, uno puede tener perfectamente claro que los robos por sorpresa -los lanzazos- ocurren normalmente desde las seis y media hasta las 11 de la noche en las inmediaciones del Costanera Center o el Plaza Vespucio, porque tienen alta afluencia de público, aglomeraciones, empieza a oscurecer y eso favorece la acción del delincuente. Por eso, si uno coloca más presencia policial, cámaras y drones en las áreas de Seguridad Ciudadana, va a tender a que se baje el delito. Pero también va a tender a detener más gente en situación de flagrancia, que es donde sí tenemos problemas”.

-¿Faltan policías o no llegan al lugar?

“En la zona oriente ha disminuido considerablemente la cantidad de detenidos flagrante por robos. Es decir, hemos sido exitosos en aportar a la prevención, pero cuando ocurren los delitos no están normalmente cerca para poder detener. Yo creo que los recursos no están siendo bien dispuestos por parte de Carabineros en esa función. Es decir, asaltan a una persona en la calle y Carabineros no estaba ahí mientras los autores se escabullen. En eso el Gobierno puede hacer mucho, y establecer criterios de gestión en los que le exijan a cada prefectura y comisario un mayor nivel de eficacia en el uso de los recursos. Pero la herramienta de control preventivo, que significa sin tener ninguna razón llegar y pedirle la identificación a una persona, no aporta mucho. No conduce al esclarecimiento de delitos. Yo tengo un hijo de 14 años y no me gustaría que ni a él ni a sus amigos, si van caminando por la calle, gritando o cantando, se les pida la cédula de identidad y se les revise la mochila. Creo que nadie le gustaría. El hecho de que una determinada política sea popular, no significa que sea la adecuada o eficaz. Para eso se requiere un análisis de las implicancias técnicas”.

-¿Qué herramientas ha utilizado la Fiscalía Oriente en la desarticulación de bandas violentas de adolescentes? 

“Normalmente, con imputados prolíficos hacemos un trabajo de análisis de la información disponible, donde se empieza a averiguar la existencia de ciertos patrones comunes; a identificar los medios que ocupan -autos, armas, si están encapuchados o no- y una serie de otras herramientas que, a través de una investigación que puede durar meses, se logra identificar que un grupo de personas comete varios delitos en distintos lugares. Pero no ha sido con el control de identidad. Además, el control de identidad siempre carga con el estigma de revivir la detención por sospecha, y me atrevería a decir que el control de identidad preventivo es aún peor que la detención por sospecha”.

-¿Por qué?

“Porque la detención por sospecha requería sospecha, había que identificar una. En cambio, en el control de identidad preventivo no se requiere de nada. Y eso es delicado, porque restringe la libertad personal y eso no se condice con la lógica democrática de un Estado de Derecho. Chile tiene historia en esa tema. Por lo tanto, sería un retroceso. Aquí lo que se debe hacer es mejorar la asertividad policial en la identificación de los grupos que cometen delitos y, además, en estar presentes cuando estos ocurren. Y esa es labor de Carabineros, que es la policía preventiva. Eso es lo que luego se debe medir en los índices, por si baja la victimización y si aumentan o no las detenciones”. 

La reforma esperada

-Mauricio Duce, académico de la UDP, ha sido muy crítico con el proyecto de Gobierno. Dijo que no es momento de darle más atribuciones a Carabineros cuando está en proceso una reforma profunda.

“Yo creo que las atribuciones se conceden porque son necesarias y porque existe evidencia para aquello. Y acá no siento ni que sea necesario ni que haya evidencia que indique que éste es el camino correcto. Por el contrario, la mayor concesión de atribuciones discresionales donde lo que actúa es el olfato de una determinada persona, en este caso de un policía, puede terminar conduciendo a un mayor nivel de arbitrariedad y de procedimientos que luego estén viciados”.

-Según cifras del Ministerio Público, en 10 años, desde que rige la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), la participación de los adolescentes y jóvenes ha ido en baja, de 70 mil a 24 mil. Sin embargo, hay un grupo de ellos que concentra los delitos. Su fiscalía tiene varios de esos casos. ¿Qué se debe hacer con estos jóvenes?

“Hay una concentración importante de delitos en pocas personas y eso es lo que evidencia que los instrumentos de rehabilitación y resocialización que considera la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, no han dado los resultados esperados. Y, por el contrario, estas personas tienden a reiterar la conducta y ahí lo que falla es el sistema proteccional de los menores. No estamos hablando de un tema de encarcelamiento, sino que, derechamente, de políticas públicas que pongan su acento en cómo rescatar a estos menores que están involucrados en el mundo delictual a temprana edad para evitar que vuelvan a recaer. Pero, lamentablemente, si bien la ley (RPA) tiene una declaración y un sentido protector del menor, los instrumentos en la práctica no han sido eficaces. Por eso, la discusión de reformular toda la política de infancia en Chile y el régimen proteccional de menores”.

-¿Qué participación tienen los menores de edad en los delitos cometidos en la zona oriente de la Región Metropolitana?

“Estamos en un promedio similar a la que tienen las otras fiscalías. Hay una participación importante en ciertos fenómenos delictuales, como en los robos violentos de vehículos, los portonazos. Pero la mayoría de los delitos en Chile siguen siendo cometidos por mayores de edad. Y ese es un tema que no podemos olvidar”.

-¿Entonces es una suerte de “temperatura ambiente” la cantidad de los delitos en los que participan menores de edad?

-A mí lo que más me preocupa son los niveles de violencia en los que muchas veces se ven involucrados menores de edad, como robos violentos y homicidios. Y eso es preocupante, más que las cantidades, porque ya nos habla de un nivel de violencia que es complejo tener en una persona a tan corta edad”.

-Tras el crimen de una mujer en La Reina, el año pasado (el autor tenía 18 años y 13 condenas), usted dijo que el caso era un ejemplo del fracaso de la RPA. ¿Qué opina hoy de esa ley?

“La RPA fue un gran avance. Significó que Chile adecuase su legislación a ciertos estándares respecto de la Convención de Derechos del Niño y a una serie de instrumentos internacionales destinados a proteger a los menores y que los relevan como sujetos de derechos que tienen que tener un tratamiento especial. Desde esa perspectiva, fue un avance. Pero lo que pasa, y donde a veces los estados se pueden equivocar, en que una cosa es la declaración de intenciones y otra los instrumentos para hacer realidad esa declaración. Y los instrumentos que se generaron son buenos, pero la forma de controlar y evaluar que efectivamente se cumplan los propósitos de la ley, son los que han fallado: no tenemos los centros adecuados, ni los profesionales más calificados ni los incentivos para que esas personas hagan bien su trabajo. Y eso se traduce en resultados que son pobres y en menores que están reiterando conductas con cierta frecuencia”.

-¿Qué opina de las sanciones a esos menores que concentran los delitos?

“La ley deja márgenes para que un menor pueda cometer varios delitos sin que tenga un régimen cerrado cuando se trata de delitos graves. Estamos todos de acuerdo que lo normal es que los menores no estén privados de libertad, porque no es el mejor régimen. Pero pareciera ser que en ciertos casos muy graves y calificados, y en los cuales hay reiteración de delitos graves, debiera asegurarse que esa persona no vuelva al medio libre y tenga un mayor control. En eso la ley no es muy precisa, quizás se pudiese modificar. El cumplimiento de la pena es lo que se viene discutiendo hace tiempo… Pero aquí hay que medir las cosas por su eficacia y no simplemente porque responda a un barómetro y una medición de temperatura momentánea, porque cuando se legisla, debe ser a largo plazo”.