Alsacia-Express y Chile chocan ante el Ciadi

Los operadores de Transantiago se enfrentan en un juicio en Londres contra el Estado chileno. Ambas partes responsabilizan al otro de la crisis financiera de las empresas, que piden US$ 330 millones de indemnización.

Los hermanos colombianos Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos, accionistas principales de los operadores de Transantiago Alsacia y Express, presentaron en 2017 una demanda contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial.

Los demandantes acusan al Estado de Chile de incumplir con algunas condiciones contenidas en el tratado de libre comercio suscrito entre Chile y Colombia, explica a PAUTA Bloomberg la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, quien encabeza la defensa chilena. Los demandantes reclaman un daño, por esta causa, de US$ 330 millones.

Lejos de reconocer un incumplimiento por parte del Estado, la subsecretaria indica que “la difícil situación económica de las empresas se debe principalmente a sus propias acciones y a sus propias decisiones”.

Una versión distinta tiene Jorge Bofill, uno de los abogados que representa a los controladores de Alsacia y Express ante el Ciadi, quien se refiere en conversación con PAUTA Bloomberg al supuesto exceso de endeudamiento alegado por el Estado de Chile, a raíz de un bono emitido en Estados Unidos por US$ 464 millones. “En la audiencia quedó demostrado que ese argumento no tiene ningún sentido, porque ese fue un bono en el cual actuaron, asesorando a las empresas, JP Morgan y Bank of America Merrill Lynch. Estamos hablando de los bancos de inversiones más sofisticados del mundo”, señala.

“Hay una estrategia financiera, exceso de endeudamiento, pagos injustificados a empresas conexas y consultorías. Hay controles de costos que eran muy precarios. También hay un gerenciamiento que es deficiente de las empresas, tanto del punto de vista operativo como también del administrativo y de la gestión del capital humano”, detalla la subsecretaria Valdivia sobre las causas que, a su juicio, derivaron en la crisis financiera de Alsacia y Express.

Sobre el punto de la gestión, Bofill retruca las afirmaciones de la subsecretaria. “Ha dicho, básicamente, que Alsacia y Express son malos operadores, que las razones por las cuales ellos tienen malos índices de cumplimiento de frecuencia, y de flota y de los kilómetros recorridos, tiene que ver fundamentalmente con que ellos administraron mal las compañías”, señala. “El Transantiago es la peor política pública chilena en los últimos 30 años. Que el Estado pretenda achacarles a los operadores toda la responsabilidad por el mal funcionamiento del Transantiago es un argumento bastante absurdo, porque todos sabemos la verdad en Chile”, acota.

El desarrollo del juicio

Si bien el juicio se presentó en 2017, los alegatos se desarrollaron entre el jueves 11 y el martes 16 de 2019 en Londres. “La demanda señala que el Estado de Chile obligó a los demandantes y a sus compañías, que son Alsacia y Express, a poner término anticipado a los contratos de concesión iniciales y a suscribirlos nuevos contratos del año 2011. Luego dice que el Estado habría impedido el buen funcionamiento de los contratos, lo que llevó a ambas compañías a una grave crisis económica y financiera”, asegura Valdivia. “¿Por qué? Porque dicen que el Estado no habría realizado mejoras en infraestructura, porque no habría combatido apropiadamente la evasión y el vandalismo, porque habría rechazado injustificadamente el aumento de las revisiones y flotas, y que habría expropiado los terminales”, enumera la autoridad.

“Para que un sistema como Transantiago funcione, y funcione bien, se necesitan fundamentalmente tres cosas: la primera es una infraestructura adecuada”, responde el abogado de los controladores de Alsacia y Express. Jorge Bofill se refiere, por ejemplo, a la construcción de corredores segregados, vías exclusivas donde se respete y controle la exclusividad, y zonas pagas que permitan controlar el acceso de los usuarios. “El segundo problema de Transantiago es una evasión que alcanza récords históricos en el mundo”, afirma el profesional.

Valdivia, por otra parte, afirma que el Estado chileno siempre actuó de buena fe, siguió el debido proceso y cumplió los procedimientos preestablecidos, y por ende cumplió con todas las obligaciones legales, regulatorias y contractuales.

Los alegatos se iniciaron el jueves 11, con la exposición de los abogados de los demandantes, el estudio francés Dechert. Luego vinieron los alegatos de la defensa chilena, liderada por la propia subsecretaria Valdivia, y que cuenta con el apoyo del estudio jurídico estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer.

Luego de los alegatos de inicio, se dio paso al interrogatorio de los testigos, que son interrogados por ambas partes. Los testigos de los demandantes fueron dos exdirectores de las compañías, José Manuel Ferrer y Edgar McAllister, además del propio Carlos Ríos. Por parte del Estado chileno, testificaron el exministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo y los exdirectores del Departamento de Transportes Metropolitano Patricio Pérez y Guillermo González. Durante el lunes y martes fue el turno de los testimonios de expertos de transportes y financieros, y finalmente aquellos que dan sustento a los daños reclamados.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores cuenta que los alegatos de los demandantes “fueron duros”.

“Lo que buscan es poner en cuestionamiento el actuar de las autoridades y el actuar del Estado de Chile”, expresa, pero retruca afirmando que Chile ha tenido total apertura a la inversión extranjera. “A pesar de ser uno de los Estados que más alta inversión extranjera ha recibido en América Latina […] hemos tenido muy pocas demandas ante tribunales internacionales. Antes de este caso eran solamente tres, de cerca de 300 demandas que han existido en contra de Estados latinoamericanos por incumplimiento de tratados de inversión extranjera”, dice.

“Nosotros creemos que el caso de responsabilidad de Chile está claro”, contesta Jorge Bofill.

Lo que viene

Entre mayo y julio podría haber espacio para presentar antecedentes adicionales por escrito, si el tribunal así lo determina, para luego dar paso a la sentencia. “No tenemos una fecha, pero estimamos que va a ser durante el próximo año, no durante 2019”, señala la subsecretaria Carolina Valdivia.

“Todavía falta un par de escritos que tienen que presentar las partes, que se llaman escritos ‘post audiencia'”, completa Bofill. “El plazo vence a mediados de junio […] Esto les va a tomar probablemente hasta el próximo año para sacar el laudo”, comenta.

Escuche la conversación completa con la subsecretaria Carolina Valdivia acá:

Escuche la conversación completa con el abogado Jorge Bofill acá: