La evidencia que presenta la FNE para acusar de colusión a tres empresas de transporte de valores
La Fiscalía Nacional Económica denunció a Brink’s, Prosegur y Loomis (Wagner) de acordar precios. Entre los eventuales perjudicados está la Teletón. Operó la delación compensada.
“Hola, Martín. Imagino que has estado full. Te cuento en resumen: el próximo miércoles me reúno con Rui Sánchez [sic] (Head of Charge) de Loomis, hoy a las 20:30 me reúno con Alberto por la estrategia de corto (Itaú, Santander)”. Fecha: 20 de diciembre de 2017, 22:18 horas.
Este extracto de email corresponde a un mensaje que, de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), envió el gerente de Prosegur, Marco Malverde, a su superior Martín Matos, gerente para la región de la misma firma. La FNE dice que la cita en cuestión corresponde a un encuentro de Malverde con Alberto Bálsamo, gerente de Brink’s, y el agendamiento de otro con Rui Sanches, gerente regional de la empresa Loomis (ex-Wagner).
Prosegur, Brink’s y Loomis son las empresas de transportes de valores (ETV) dominantes del mercado chileno. El correo electrónico en cuestión es una de las evidencias presentadas por la FNE para acusar a las tres firmas y varios de sus principales ejecutivos de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el pasado 7 de octubre.
La investigación de este presunto cartel partió en octubre de 2018, a partir de una denuncia efectuada por una de las personas naturales involucradas en la negociación. Esa persona utilizó el mecanismo de delación compensada -informa la FNE-, que es una herramienta incorporada en la legislación desde 2016 y que permite que uno de los partícipes de una colusión revele la operación a cambio de quedar exento de determinadas sanciones.
En diciembre de 2018, la FNE obtuvo el beneplácito del TDLC y de la Corte de Apelaciones de Santiago para que Carabineros allanara oficinas de las empresas y las casas de los ejecutivos denunciados. De allí se obtuvo una serie de evidencias del presunto ilícito.
La FNE, dirigida por Ricardo Riesco, divulgó los antecedentes de este caso este miércoles 20 de octubre por medio de un comunicado público. Por el conjunto de ilícitos asociados con la denuncia, la entidad solicita que el TLDC aplique multas por 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a unos US$ 63,4 millones, a los presuntos involucrados. Las mayores multas se piden para Brink’s (39.325 UTA, unos US$ 30,5 millones) y Prosegur (33.253 UTA, unos US$ 25,8 millones), que “son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión”. Contra Loomis (Wagner) pide una sanción de 8.314 UTA (US$ 6,4 millones). También se solicitan otros montos para ejecutivos en Chile y el extranjero.
Entre los eventuales perjudicados por la denunciada colusión hay bancos comerciales e instituciones no bancarias. Incluso se habrían registrado perjuicios contra la Teletón.
La sentencia n° 119 de 2012 de la Corte Suprema, citada en el escrito, describe que la colusión es “la conducta contraria a la libre competencia más grave y que merece el mayor reproche, toda vez que supone suprimir de raíz la incertidumbre y la libre iniciativa propia de los procesos competitivos, reemplazándola por una conspiración entre competidores en perjuicio del bienestar social y los consumidores”.
En años recientes otros casos de colusión han impactado a la opinión pública, como el de las farmacias, pollos y papel higiénico. Actualmente, además, lleva adelante dos investigaciones sobre plataformas digitales.
Lo principal del expediente
A partir de la denuncia de un informante anónimo, la FNE indagó a las tres empresas de transporte de valores y descubrió -según el requerimiento- que “al menos a marzo del 2017, Brink’s y Prosegur ya se encontraban coordinando los precios de sus servicios. Loomis se incorporó al acuerdo en diciembre del año 2017, luego de que el grupo empresarial al que pertenece adquiriera la empresa local Wagner”.
Según el expediente, estas ETV “acordaron fijar los precios de diversos servicios que prestan a sus clientes, principalmente instituciones financieras. Estos servicios consisten en transporte de valores y las siguientes prestaciones conexas: atención de ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales. Con este objeto, las empresas acusadas definieron conjuntamente tanto los valores asociados a cada servicio, así como un nuevo esquema tarifario”.
Entre los ejecutivos mencionados en la denuncia están aquellos que integran “la más alta jerarquía” de las firmas: “En efecto, Alberto Bálsamo, Marco Malverde y Cristián Catalán, gerentes generales a cargo de liderar los negocios y de adoptar las decisiones estratégicas más relevantes de Brink’s, Prosegur y Loomis, respectivamente, gestionaron directamente el acuerdo y coordinaron las tarifas a ser ofrecidas a sus clientes”.
Los jefes regionales de Prosegur, el uruguayo Martín Matos, y de Loomis, el portugués Rui Sanches, “controlaban los negocios y resultados de sus respectivos segmentos regionales, que incluían a Chile, incidiendo en las decisiones más importantes adoptadas a nivel local dentro de sus respectivas empresas. Ambos ejecutivos participaron directa y activamente en la conducta imputada, entregando instrucciones a sus gerentes y comunicándose entre sí para mediar en los conflictos propios del cartel, llegando incluso a viajar a Chile para asistir a reuniones entre competidores”.
Otra involucrada, según la FNE, es la directora comercial de Brink’s, Marcela Ferrada, quien “velaba por el cumplimiento de metas, participaba de la definición de tarifas y se relacionaba con clientes. En esta calidad, intervino en la ejecución del acuerdo, elaborando insumos relevantes y preparando ofertas previamente coordinadas” entre las compañías denunciadas.
“Con el fin de evitar dejar registro de los contactos con la competencia, los ejecutivos de las diversas empresas usaron resguardos propios de un acuerdo clandestino”, prosigue la denuncia: “A modo ejemplar, Alberto Bálsamo (Brink’s) utilizó un pendrive encriptado, incautado por esta fiscalía y a cuya clave se accedió mediante colaboración del Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos de América (FBI), en el que guardó planillas a través de las cuales se ejecutó el acuerdo y en las que se registraban tarifas de las demás empresas”.
Había otros códigos. En el requerimiento, la FNE cuenta que a los ejecutivos en Chile de Prosegur y Loomis se les llamaba “los locales”, mientras que a Bálsamo (Brink’s) le decían “la intuición” o “el sedal”; a Rui Sanches (Loomis), “el portugués”; y a Cristián Catalán (Loomis), “el pelao”.
Más códigos: en Loomis a Prosegur se le identifica como “España”, a Brink’s como “EEUU” y a Loomis como “Suecia”, en referencia a sus respectivos países de procedencia. En esa línea, a Martín Matos (Prosegur) le decían “Uruguay” y a Alberto Bálsamo (Brink’s) “el argentino” o “el loko”. La FNE agrega: “Asimismo, se aludía a la competencia simplemente como ‘ellos’ o ‘los amigos'”.
Las evidencias
De acuerdo con la investigación de la FNE, el sistema creado partió en Brink’s y apuntaba a generar un esquema de tarificaciones “que buscaba promover que los bancos, en vez de enviar las remesas a sus propias tesorerías, solicitaran los servicios de tesorería de las ambas requeridas, lo que conllevaba un aumento de los ingresos de estas”. Otro esquema se refería a propiciar tarifas variables en los servicios de cajeros automáticos, en vez de establecer cargos fijos.
“Dado que el nuevo esquema de tarificación implicaría nuevos cobros y mayor facturación, su implementación por cualquiera de las empresas requeridas, en forma individual, habría significado pérdida de clientes o de volumen”, acusa la FNE. “Por ello, ambas empresas decidieron ejecutarlo en forma conjunta, lo que las condujo a discutir acerca del sistema de tarificación y cómo aplicarlo en sus ofertas a clientes”.
En el requerimiento se suman varios ejemplos de esas presuntas prácticas.
La colusión se habría ejecutado en un eventual perjuicio para empresas como Caja de Compensación Los Héroes, BancoEstado, Banco Itaú y Banco Santander. Una de las evidencias proporcionadas en el requerimiento es el email de Marco Malverde a Martín Matos, ambos de Prosegur (presentado al inicio de este artículo).
Según indagó la FNE, Brink’s le comunicó a Itaú el 29 de diciembre de 2017 que su nueva propuesta comercial estaba en revisión. “Lo que Brink’s omitió es que dicha suspensión de las negociaciones se debió a la necesidad de contar con más tiempo para coordinar las propuestas entre los miembros del cartel”, denuncia la Fiscalía Nacional Económica.
El caso con Itaú es relevante porque la denuncia expone que es en ese entonces cuando Loomis se involucró en el arreglo. “En efecto, a la semana siguiente de la fecha del envío de este mensaje, se reunieron ejecutivos de las tres empresas requeridas: el country president de Loomis, Cristián Catalán; su jefe regional, Rui Sanches; el gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo; el gerente general de Prosegur, Marco Malverde; y su jefe regional, Martín Matos”. Es otro email de Marco Malverde a Martín Matos el que despliega todo un itinerario de este encuentro, según aporta la FNE como imagen n° 2 de su conjunto de evidencias.
Ya con las tres empresas en un supuesto acuerdo, una plantilla Excel denominada “Tarifas” reflejó la denunciada coordinación de precios. Los archivos estaban en poder de los tres gerentes generales “con mismo formato y fecha de creación, pero con distinto nivel de completitud”.
Los archivos recuperados por Carabineros incluyen un pantallazo de una plantilla Excel y del lugar donde el teléfono de uno de los ejecutivos estaba: en la casa del ejecutivo de su competencia.
“Las planillas utilizadas en el marco del acuerdo presentaron una evolución a lo largo del tiempo, a medida que se sofisticó el cartel, desde archivos preparados ad hoc en relación a determinados clientes hasta documentos que sistematizaban las tarifas de transporte y servicios conexos para el mercado, independiente de que los clientes se encontraran o no en un proceso de contratación”, indica el requerimiento de la FNE al TDLC.
Dado que Loomis habría entrado después al arreglo, aún tenía tarifas más bajas acordadas previamente con algunos clientes. Ante ello, recibía más encargos, lo que podía significar el reclamo de Prosegur y Brink’s, apunta la FNE. Prosigue el escrito: “Loomis utilizó diversos pretextos frente a sus clientes para rechazar asignaciones de servicios, y se esforzó por explicar a sus competidores que los volúmenes que le fueron asignados, mayores a los previstos, no se debieron a un desvío del acuerdo”.
En un mensaje de WhatsApp del 21 de julio de 2018, Cristián Catalán le expresa a su superior regional Rui Sanches (Loomis) todo un esquema acerca de “estrategias a seguir con los ‘amigos’ [competidores]”. El portugués Rui Sanches responde: “Intenta habar [sic] con Marco y definir una estrategia conjunta con ellos”, dice en aparente referencia a Marco Malverde, su competidor en Prosegur.
Otra conversación vía WhatsApp entre los ejecutivos de Loomis, del 4 de diciembre de 2018, muestra otras referencias a contactos con sus competidores de Prosegur.
Entre los antecedentes recopilados por la FNE hay uno que incluso apunta al posible perjuicio contra la Teletón. El Banco de Chile -dice el requerimiento- decidió en 2018 desistir de los servicios que hasta ese entonces había prestado Loomis (Wagner) para esa actividad benéfica, y que consistían en el transporte de valores y recuento de remesas. El Banco de Chile contrató a Prosegur.
Ante esa acción, el máximo ejecutivo regional de Loomis reclamó a su par de Prosegur por haber bajado sus tarifas para la Teletón, según dice la FNE. El gerente de Loomis, Rui Sanches, transmitió el 8 de octubre de 2018 a Martín Matos que “un ambiente tranquilo entre ellos empieza a ser complicado”, y entonces Matos le pidió a su gerente general en Chile, Marco Malverde, “calmar las aguas” con los competidores.
“El mismo día de la comunicación anterior, Marco Malverde (Prosegur), dando cumplimiento a la instrucción de su superior, Martín Matos, se reunió con Cristián Catalán (Loomis) para abordar este tema. Luego de este reclamo y de un nuevo envío de cotizaciones, Loomis finalmente se adjudicó el contrato asociado al servicio a Teletón”, indica la FNE.
“Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley”, dijo el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, en un comunicado de este miércoles.
Según reporta La Tercera, Nicole Nehme, del estudio FerradaNehme, representará a Prosegur; Jorge Bofill y Vanessa Facuse (Bofill, Escobar, Silva Abogados), a Loomis, y Claudio Lizana (Carey & Cía) a Brink’s.
Las empresas de valores
Entre los antecedentes presentados en el requirimiento, se cita un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que indica que hasta 2017 existían siete empresas de transportes de valores (ETV): Prosegur, Wagner, Brink’s, Esertval, Intertecno, Chilevalores y LGS. En 2017 Brink’s adquirió LGS; ese mismo año Loomis entró al mercado adquiriendo Wagner y al año siguiente compró Chilevalores. Así, en total quedan cinco EVT desde 2018, pero son Prosegur, Brink’s y Loomis las principales.
Las ventas de las EVT en su conjunto en 2018 y 2019 sumaron entre $136 mil millones y $144 mil millones anuales, calcula la FNE. El transporte de valores representó el 46% de los ingresos de las EVT; la gestión de cajeros automáticos, el 24%, y labores de tesorería, 13%. Ese último nicho, de servicio de tesorería, está entre aquellos denunciados por colusión.
En el giro de transportes de valores, Brink’s dominaba el mercado con una participación de 44,1%, seguido por Prosegur con 40,7% y Loomis (Wagner) con 15,3%, medido por ingresos actualizados al segundo semestre de 2019. En servicios a cajeros automáticos (ATM), a la misma fecha existía casi un tercio de participación para cada una, mientras que en servicios de tesorería Brink’s controlaba el 70,2% de ese negocio.