Los caminos que se abren para Hacienda en la tributación de servicios digitales

El ministro Felipe Larraín anunció la creación de un nuevo gravamen para diversas actividades digitales. En el mundo privado apoyaron la iniciativa y algunos preparan propuestas que harán llegar al Gobierno.

“Prontamente” fue el plazo que estableció el Ministerio de Hacienda para ingresar el proyecto de modernización tributaria, que incluirá un nuevo impuesto que hoy no existe en la legislación chilena y que sólo se aplica en un reducido conjunto de países. Se trata del impuesto sobre servicios digitales, que gravará actividades como servicios de publicidad online, streaming, transmisión de datos e intermediación digital, entre otros. 

“Creemos que compañías como Uber en transportes de pasajeros; Airbnb en servicio de alojamiento; Netflix y Spotify, en entretenimiento; y todo el comercio digital como Amazon y AliExpress, por dar algunos ejemplos, deben tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores”, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Las empresas aludidas no tardaron en reaccionar. Mientras desde Netflix aclararon escuetamente que “cobramos y remitimos todos los impuestos a los que estamos obligados”, desde Uber Chile precisaron que cumplen con el pago de impuestos en todos los países en los que operan, que Chile no es una excepción y que seguirán “cumpliendo con el marco jurídico actual y el que posteriormente sea definido por la autoridad”. Airbnb declinó comentar.

Pero mientras en el Gobierno trabajan en la medida, entidades asesoras y privados plantean sus particulares miradas y también preparan propuestas separadas.

Las sugerencias

La Comisión Nacional de Productividad (CNP), entidad que asesora al Gobierno para aumentar la productividad del país, cuenta con el borrador de las sugerencias en las que trabajó el grupo para regular las plataformas de arriendo de alojamiento en Chile, como Airbnb. En resumen, la instancia advirtió que el arriendo de piezas, departamentos o casas realizado a través de estos sistemas está afecto a IVA, y los ingresos de sus propietarios están sujetos al impuesto de renta. “En ambos tributos existe evasión debido a la limitada capacidad de fiscalización”, se lee en el documento de la CNP.

Las conclusiones del grupo de trabajo se formularon tras un extenso estudio que realizaron para medir el impacto que han tenido las plataformas de alojamiento. La principal es, sin duda, Airbnb. Según cifras de la compañía, en 2012 se registraron cerca de 300 alojamientos en el Gran Santiago. Cinco años después, ya se contaban 11.000 unidades.

De acuerdo con cifras del grupo, entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 se realizaron transacciones por $41 mil millones (US$ 63 millones) en las propiedades chilenas listadas en Airbnb. Es decir, al día se generan arriendos por $112 millones en las piezas, casas y departamentos registrados en la plataforma.

Aunque la CNP no detalló la recaudación que se lograría de aplicarse IVA a estas transacciones, con los números del estudio es posible realizar una simulación. Siguiendo el razonamiento de la comisión, de haberse aplicado el 19% de tributo que correspondería a estos negocios, se recaudarían impuestos por cerca $7.790 millones (US$ 12 millones).

A la vez, el estudio de la CNP arrojó que en promedio los anfitriones de Airbnb logran rentas anuales de $ 2,1 millones solo por este servicio. Sin embargo, existiría una alta heterogeneidad, tanto por la diferencia de precio de los inmuebles como por la frecuencia de arriendo de ellos. De hecho, el ingreso anual mediano es de $780 mil pesos. Estos son los montos que de acuerdo a la CNP debiesen ser declarados para ser objeto del impuesto a la renta.

Junto con una propuesta sobre Airbnb, la Comisión elaboró un extenso estudio sobre Uber, el cual se hizo público hace cerca de un mes. En él, se concluyó que la legislación local y el modelo de negocios de la compañía permiten que Uber no pague impuestos.

El grupo de asesores del Gobierno no es el único que prepara propuestas en torno a este tema. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Clapes UC se encuentran elaborando sugerencias de políticas públicas en materia de tributos digitales. El plan es entregar el documento a Hacienda en una semana. “Los modelos de negocios que utilizan las plataformas digitales resuelven de manera fácil y práctica un problema puntual, aportando gran valor a los usuarios (…), pero es importante que esas empresas compitan en igualdad de condiciones, y si se trata de compañías que operan en Chile, deben tributar en nuestro país”, comentó el presidente de la CPC Alfonso Swett

Apoyo a la iniciativa

Aunque faltan detalles del proyecto, el anuncio del Ministerio de Hacienda fue bien recibido por el mundo privado. Desde la Fundación País Digital, que promueve el desarrollo y la masificación de la tecnología articulando acciones entre el sector público y privado, valoraron la noticia. El gerente general de la entidad, Juan Luis Núñez, dijo que el nuevo impuesto “es una forma de emparejar regulatoriamente la cancha”. Explicó que la economía tradicional tiene ciertas reglas que no se pueden aplicar estrictamente a la economía digital, que al basarse en internet tiene modelos de negocio diferentes y no reconoce fronteras físicas ni geopolíticas.

“Creemos que falta mayor discusión. Algunos gremios están empujando que exista simetría regulatoria y eso en parte se refleja en este anuncio”, dijo el ejecutivo. Agregó que las nuevas plataformas generan beneficios al consumidor y la gran discusión regulatoria es si hay competencia desleal con los operadores que están participando. “La pregunta es si llevamos las normas de economía tradicional a lo digital o las modernizamos para que se suban al mundo digital. Creemos que se requiere un debate más profundo que involucre a todos los actores para repensar este modelo”, sostuvo, declarando que están disponibles a trabajar el tema con Hacienda.

El director de la plataforma de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Diego Portales (UDP), Andrés Zahler, comentó que aplicar impuestos a servicios digitales es “una idea correcta”. Sostuvo que todas las empresas que proveen servicios en Chile deberían pagar los mismos impuestos ya que eso nivela la cancha y asegura competencia en igualdad de condiciones. No es razonable pensar que firmas extranjeras sean competitivas por no pagar impuestos que sí deben pagar las compañías locales”.

Zahler, que también es profesor de la Escuela de Economía de la UDP, agregó que la ventaja de costos de plataformas como Uber y Cabify “es por tecnología y no por regulación, por eso no debería ser un problema pagar impuestos en Chile”. Pero insistió en que el anuncio de Hacienda sobre impuesto a los servicios digitales debe basarse en una reflexión más general sobre cómo regular el desarrollo y la exportación de servicios, industria donde Chile tiene un enorme potencial.

Experiencia internacional

Lo dice la declaración de Uber Chile: “Actualmente no existe a nivel global un consenso acerca de cómo debe desarrollarse la regulación impositiva frente a las nuevas tecnologías”. Y así lo admite también la información que entregó el Ministerio de Hacienda, donde se destaca el trabajo -aún inconcluso- que viene haciendo la OCDE para enfrentar de manera coordinada los desafíos fiscales que plantea la economía digital, principalmente en el marco de su proyecto BEPS que busca evitar la reducción de la base tributaria.

La Comisión Europea también está discutiendo un nuevo impuesto digital, cuya tasa podría llegar a 3% y que se aplicará a los ingresos por publicidad generados por firmas digitales como Google, los pagos de usuarios y suscriptores por servicios en el caso de Apple o Spotify, y los ingresos de las empresas que venden datos a terceras partes.

En el caso de Netflix, Australia fue uno de los primeros países en aplicar una medida similar a la establecida por el ministro Felipe Larraín. Hace cerca de dos años el país anunció que aplicaría el impuesto de 10% que rige para todos los productos y servicios australianos a la plataforma de streaming. La medida se hizo efectiva en julio del año pasado y la aplicación resolvió elevó su precio mensual desde los 8,99 dólares australianos (US$ 6,6) a 9,99 dólares australianos (US$ 7,4). 

Airbnb es sujeto de impuestos en la mayoría de los países europeos donde opera, como España, Inglaterra y Alemania. En Estados Unidos, dependiendo de la ciudad, también debe tributar por gravámenes especiales. Este es el caso de Nueva York, en el que el arrendatario debe cancelar un impuesto especial a servicios turísticos.  

Desde Hacienda también comentaron que algunos países de la OCDE (Francia, Reino Unido e Italia, entre otros) y otros latinoamericanos (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) “ya han ido adoptando medidas concretas para gravar la economía digital a través de su legislación doméstica“. En España esperan que el impuesto digital esté en operación el año próximo, incluso antes que culmine el debate a nivel europeo, ya que requieren la mayor recaudación generada para contribuir a financiar aumentos en las pensiones.

 Construyendo el nuevo impuesto

Parece relativamente fácil declarar que se busca que las plataformas digitales como Netflix, Spotify, Uber y Google tributen en Chile como lo hacen compañías locales que prestan servicios de similar naturaleza. Sin embargo, asimilar los servicios coordinados a través de plataformas en internet con los que existen en la economía tradicional no está exento de complejidad. Esto lo saben en Hacienda y el propio titular de cartera admitió que el tratamiento de este tema no es fácil, “dado que algunas de estas empresas no están constituidas en Chile, y por tanto, es más difícil cobrarles un impuesto estando en el exterior”.

Uno de ámbito menos complejo es el comercio digital, por ejemplo la compra de productos a través de plataformas como Amazon, Ebay y AliExpress, entre otras. En estos casos no se busca aplicar un nuevo impuesto, sino mejorar el control de los existentes: IVA y aranceles aduaneros a las importaciones (salvo bienes procedentes de un país con el cual Chile haya suscrito un Tratado de Libre Comercio), además de fortalecer el combate a prácticas elusivas en esta materia. En el caso de Amazon, al momento de realizar la compra desde Chile el sitio calcula y cobra el impuesto exigido por la regulación local. Los productos adquiridos por AliExpress, en cambio, sólo son sujeto de gravamen cuando son detectados en la Aduana. 

Aunque Hacienda señala que la legislación actual “es dispersa e inorgánica en materia de Impuestos a la Renta e IVA para servicios digitales y plataformas”, es posible gravar actividades que se proveen a través de plataformas digitales y comisiones que se obtienen a través de ellos (arrendamiento de inmuebles situados en Chile, cesión del uso o goce temporal de marcas, patentes de invención y otros).

Por ende, el ámbito de aplicación del nuevo impuesto digital se va reduciendo. Y no se descarta que en el caso de los proveedores domiciliados fuera de Chile, el nuevo impuesto se aplique al consumidor. Esto, por ejemplo, en caso de servicios como Netflix y Spotify, donde se estudia que el impuesto se aplique al pago del servicio.