Los nuevos actores que resolverán el futuro de Dominga

El escenario para el próximo trámite ambiental que deberá sortear el proyecto se ve más auspicioso que hace un año.

Será como un déjà vu. La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo deberá volver a evaluar si aprueba o rechaza el proyecto minero-portuario Dominga, luego de que el Primer Tribunal Ambiental resolviera que todo ese proceso debe retrotraerse hasta esa etapa administrativa. Será el mismo trámite que se realizó hace poco más de un año. Pero esta vez los actores que votarán serán otros, pues el gobierno cambió de signo. 

La Comisión de Evaluación Ambiental es un grupo integrado por distintas reparticiones públicas que resuelven el destino de un proyecto sometido a tramitación ambiental. Está integrado por el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, el intendente y los seremis de Desarrollo Social, Minería, Transportes, Vivienda, Agricultura, Obras Públicas, Energía, Economía, Salud y Medio Ambiente.

El 15 marzo de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa Dominga, pese a que contaba con una recomendación de voto favorable de parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La votación inicial fue de empate: los seremis de Minería, Vivienda, Obras Públicas, Economía y Medio Ambiente, junto con el director regional subrogante del SEA votaron a favor, mientras que los seremi de Desarrollo Social; Transportes y Telecomunicaciones; Agricultura; Energía, y Salud, junto con la Intendencia Regional, lo hicieron en contra. Dada esta situación, el entonces intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, inclinó la balanza hacia el rechazo de la iniciativa. 

La votación pasada

Versión 2018

Un año después, con el cambio de gobierno, el grupo que votará la iniciativa se ha renovado. Esta vez, quien tendría que dirimir en caso de un empate es la recientemente nombrada intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto. Aunque no ha querido manifestarse particularmente sobre Dominga, sí ha contestado que se trata de un proyecto que podría generar una gran inversión. “[Proyectos de este tipo] significarían una importante fuente laboral”, dijo Pinto al diario El Día de La Serena. “Trabajaremos en la inversión y el crecimiento intensamente. Haremos lo que sea necesario para lograrlo. No podemos negar que son las empresas un factor importante para poder desarrollar el crecimiento y la inversión en este país. Trabajaremos en conjunto, porque son ellos los pequeños, medianos y grandes empresarios los que van a ayudar y nos van a colaborar para que esta región se desarrolle”, es otra de las frases que ha dicho la intendenta, según consignó en marzo La Tercera. 

El actual seremi de Minería, Roberto Vega, no ha apoyado concretamente el proyecto, pero sí ha manifestado que sería una fuente importante de nuevos empleos. “El tema de Dominga está en el Tribunal Ambiental. Como gobierno vamos a respetar lo que el tribunal decida. No solo es Dominga […]. La minería es transversal a nuestra región, nuestras provincias y habitantes”, dijo Vega en la publicación Diario La Región Coquimbo. 

En el caso de la cartera de Economía, el ministro José Ramón Valente también ha deslizado su apoyo a la iniciativa. A pocos minutos de que se hiciera público su nombramiento como autoridad de Gobierno, aseguró que “ojalá encontremos el camino para que Dominga cumpla con todos los requisitos ambientales necesarios y se pueda desarrollar”, según rescató en febrero Emol. Es decir, también podría ser esperable que esta repartición vuelva a dar su apoyo. 

El SEA fue el único organismo que se mantuvo con la misma persona a la cabeza. Sin embargo, la actual directora regional de la institución, Claudia Martínez, no estuvo presente en la votación de marzo del año pasado; fue reemplazada por el director subrogante. Debido a que el informe tiene la recomendación de ser aprobado de parte del SEA, es probable que nuevamente cuente con un voto a favor. 

Para el Ministerio de Energía, la votación podría traer tintes políticos especiales. Esto, debido a que la jefa de la cartera, Susana Jiménez está casada con Marco Comparini, ex gerente general de Banco Penta, fundado por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. El último es el patriarca de los hermanos que controlan Andes Iron.

En el caso de las carteras de Transportes, Vivienda, Agricultura, Obras Públicas, Salud y Medio Ambiente, han evitado referirse al respecto.  

Los inicios de Dominga

Las primeras exploraciones en el sector de Dominga se realizaron a inicios de la década del 2000, impulsados por el mismo presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido. En ese momento era representante de la empresa Latin American Copper. En 2007 el yacimiento fue adquirido por la australiana Tamaya Copper Group y se desvinculó de Garrido. Pero sólo por unos años.

En 2009, Garrido se asoció con LarrainVial para crear Minería Activa, una administradora de exploración minera, que entre otros activos compró el yacimiento de Dominga a través del fondo Minería Activa Uno. Uno de los aportantes de este portafolio era Fondo Mediterráneo, de la familia del actual Presidente Sebastián Pñera y su esposa, Cecilia Morel. A ello se sumaron sociedades ligadas a la familia Délano y la familia Garcés, entre otros. Estos dos últimos se interesaron particularmente por el activo de Dominga y decidieron comprarlo. En dicho momento, se estimaba que el yacimiento albergaba unos 145 millones toneladas de mineral, principalmente hierro. Con estas cifras, las familias Délano y Garcés pagaron cerca de US$100 millones a fines de 2010.

Los nuevos dueños de la mina crearon así la sociedad Andes Iron y reclutaron a Iván Garrido para hacerse cargo del proyecto. El ejecutivo posee actualmente participación en el holding y es su principal vocero.

Desde la creación de Andes Iron, la iniciativa evolucionó de manera exponencial. Pocos años después, el volumen de mineral se calculaba en cerca de 2.000 millones de toneladas y al proyecto se incorporó un puerto. Estos elementos fueron las que se adjuntaron a los estudios para la tramitación ambiental. Ahí comenzaron los problemas.

Un camino tortuoso

El proyecto minero-portuario Dominga fue presentado a tramitación ambiental en septiembre de 2013. En ese momento, Andes Iron presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El proceso se extendió por unos tres años y medio y vivió una reforma al servicio, que se transformó en el actual Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El trámite por Dominga incluyó tres procesos de participación ciudadana y contó con la colaboración de 27 servicios estatales con competencia ambiental. Concluido el proceso, se citó a la comisión de evaluación de la Región de Coquimbo, la cual en una fallo dividido rechazó el proyecto.

Andes Iron reclamó la resolución ante el Comité de Ministros. La votación en este grupo fue polémica: el entonces titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, pidió más tiempo de discusión, debido a que los documentos para resolver la posición del grupo habían sido entregados un viernes en la tarde y la reunión ocurrió el lunes siguiente en la mañana. Pero su petición fue rechazada por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Por ello, Céspedes se retiró de la reunión y no votó. Salud, Agricultura y Medio Ambiente, en cambio, votaron en contra, mientras que Minería y Energía aprobaron la iniciativa. Por lo tanto, la resolución  del grupo fue de rechazo.

Pero ese no fue el fin de la discusión del grupo. Las diferencias entre Economía y Medio Ambiente escalaron; el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se plegó al grupo de Céspedes, y todo detonó cuando La Moneda apoyó al titular de Medio Ambiente. El resultado fue la renuncia de parte del gabinete económico, con Valdés a la cabeza.

La votación tampoco marcó el fin del proyecto. Andes Iron resolvió acudir al Primer Tribunal Ambiental para reclamar la decisión del Comité de Ministros. La instancia resolvió abrir un proceso de conciliación entre el controlador del proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La audiencia se realizaría tres días después del cambio de mando y ocurrió en momentos en que el SEA se encontraba descabezado. El Ministerio de Medio Ambiente, comandado por Marcela Cubillos, había pedido la renuncia del director, Juan Cristóbal Moscoso, pero aún no nombraba a su sucesor. En la mañana en la que estaba citada la audiencia, la ministra anunció que se retiraría de la conciliación. Con ello, la decisión final sobre el proyecto recaía completamente en las manos del Tribunal Ambiental, que finalmente resolvió retrotraer la tramitación a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Con esto, se le dio la razón a Andes Iron, que reclamó que el proceso estuvo viciado desde dicha votación.

El proyecto nuevamente quedará a la espera de un trámite ambiental. Sin embargo, vuelve con carga política, pues será el gobierno de Sebastián Piñera, una de cuyas sociedades fue dueña del fondo de inversiones que tuvo a Dominga como uno de sus activos, el que tendrá que resolver. Andes Iron, el actual dueño, espera ahora la definición de las autoridades de la Región de Coquimbo.