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Mendoza e invalidación de permisos en Estación Central: "Al que da y quita, le sale una jorobita"

Ramiro Mendoza cuestionó el dictamen retroactivo de la Contraloría y consideró que las autoridades deben proteger a quienes obtuvieron autorizaciones.

Agencia Uno

Por Javier San Martín

Viernes 25 de enero de 2019

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Se enreda el conflicto entre la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central y las inmobiliarias por los permisos de construcción invalidados a 49 proyectos en esa comuna.

Ramiro Mendoza, excontralor de la República, y Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), cuestionaron el efecto retroactivo del dictamen emitido por la CGR en noviembre de 2018. El escenario de sus críticas fue el seminario “Industria Inmobiliaria: conflictos y nuevas tendencias”, organizado este miércoles por la consultora Imaginacción.

El dictamen validó la circular 203 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de 2016 –o DDU 313– que prohíbe la edificación de fachada continua en sectores que no poseen límite de altura.

Por lo tanto, algunos permisos adjudicados entre 2013 y 2017 fueron notificados por la DOM de la comuna para el inicio de un proceso de invalidación por haber sido “emitidos en contravención de la normativa aplicable”.  Esta decisión dejó paralizados proyectos inmobiliarios de 31 empresas, algunos de ellos ya entregados o en proceso de recepción final, lo que equivale a cerca de 21 mil departamentos, o el 20% de la oferta en Santiago.

"Al que da y quita, le sale una jorobita"

Con esa frase evocada de su infancia, el excontralor y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ramiro Mendoza, resumía, durante su intervención en el seminario, su visión respecto al problema surgido entre las entidades reguladoras y el sector inmobiliario. “Yo me acuerdo de un principio básico que me enseñaron en el colegio de que ‘al que da y quita, le sale una jorobita’. Una cosa es que las reglas en el futuro puedan cambiar para el ordenamiento de los permisos, pero eso es otro tema”.

Mendoza afirmó que el Estado, al otorgar una autorización, debe velar por proteger a quienes obtuvieron legalmente ese beneficio en el pasado y no castigarlos por un cambio de interpretación de las normativas en el presente. “Lo han llevado todo a la categoría de que somos coparticipes de un delito por el error del Estado. Si el Estado se equivoca, se equivoca solo”, afirmó en la conferencia.

“Los ciudadanos que se ven afectados por decisiones administrativas –y cuando digo afectados es que han tenido beneficios, han tenido autorizaciones– no pueden verse perjudicados respecto a la certeza que esas autorizaciones les dan, si la autoridad vuelve y los apartan del ordenamiento jurídico”, añadió en conversación con Pauta, luego del seminario.

Reacción del sector inmobiliario

El director de la ADI, y expresidente de Ferrocarriles del Estado, dirigió parte de su crítica directamente al alcalde de Estación Central, de quien afirmó que no tiene “comprensión real del problema”. “No hay claridad en la autoridad municipal; leí todas las entrevistas del alcalde y dice cosas que se pueden interpretar en cualquier línea”, añadió.

Otra de las autoridades a las que apuntó Domínguez fue el contralor general de la República, a quien acusó de no tener dimensión del daño que ha causado con el dictamen. “el señor contralor -don Ramiro no se atreve a decirlo- va actuando, a mi juicio, en forma bastante voluntarista y dañando a miles de personas sin importarle mucho las consecuencias”, afirmó.

Consultado por este medio respecto a las acciones a seguir de parte del rubro inmobiliario, Vicente Domínguez señaló que, junto a otras cinco organizaciones, entre las que se incluyen la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectos y la Asociación de Estudios de Obras Municipales, han conformado una mesa de trabajo donde decidieron formalizar una solicitud de reunión con el titular del Minvu.

“Consideramos que este es un tema de implicancia política importante […] yo espero que haya alguien que tome esto en serio, y esperamos que el Ministerio de Vivienda juegue sus cartas políticas, porque las cartas técnicas las tenemos claras”, agregó.

No obstante lo anterior, el director ejecutivo de la ADI afirmó que “es muy probable que esto termine en tribunales solamente”.

Consecuencias

En el análisis de los efectos que las incertezas jurídicas y la demora en los proyectos podrían traer al negocio inmobiliario, Mendoza y Domínguez coincidieron en un aspecto clave: el valor de las viviendas.

“Yo no veo en la autoridad política, en general, un convencimiento o una comprensión de que esto va a rebotar en los precios. La gente va a pagar más por el mismo producto sin ningún valor agregado. Me parece bastante escandaloso”, afirmó Domínguez.

En la misma línea, el excontralor comentó que situaciones como la de Estación Central repercutirán en el bolsillo de quienes desean adquirir una propiedad. “Yo tengo que poner en alguna parte de la bandeja de los costos esto. Y la bandeja de los costos se llama ‘gastos mayores para quienes compran’”, cerró.

Respuesta de las autoridades

Uno de los aludidos en los cuestionamientos del director de la ADI, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, respondió a los dichos del expresidente de EFE y dijo que no sabía a qué se refería él cuando hablaba de poca claridad en el manejo del municipio.

“Yo no tendría ningún problema en que él pidiera una reunión por Ley del Lobby, como corresponde, para poder explicarle, pero me da la impresión de que, a él, como juez y parte en esta situación, le cuesta a lo mejor, o quisiera escuchar otras cosas que yo no he dicho, o quisiera escuchar algo más afín a los intereses de la ADI”, añadió.

Paz Serra, jefa de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, declinó referirse a los cuestionamientos de Domínguez y Mendoza, ya que nadie del ministerio fue invitado oficialmente al seminario. “No consideramos adecuado emitir una opinión técnica mientras existan procesos judiciales abiertos o en curso”, añadió.

La Contraloría prefirió no dar ninguna opinión respecto a lo declarado por los expositores del seminario, ya que no fueron invitados oficialmente.

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