US$ 76 millones gasta el Estado en los convenios de salud

Las instituciones que se han declarado objetoras de conciencia por el aborto calculan los efectos de los cambios al DFL nº 36.

Las clínicas que reciben financiamiento estatal están sacando cuentas y los resultados están complicando a algunos. La resolución de Contraloría sobre el protocolo por objeción de conciencia, para realizar un aborto en tres causales, estableció que todas las instituciones privadas que reciban aportes públicos por el Decreto Fuerza de Ley N°36 no podrán negarse a realizar la intervención. El argumento de la entidad dirigida por Jorge Bermúdez fue que estas entidades “tienen el deber de dar cumplimiento a una función pública -a la que voluntariamente se ha comprometido- y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos”.

El decreto con fuerza de ley (DFL) n° 36 se estableció en 1980 y creó la figura de convenios con todo tipo de instituciones que puedan sustituir los servicios que entregan entidades públicas, en caso de que sea necesario. Entre ellos, están las clínicas universitarias y las privadas. Sin embargo, existen distintas visiones respecto del alcance de la resolución.

Desde la Universidad Católica aseguran que sólo se verán afectadas aquellas entidades que reciben aportes por el DFL n° 36 en el área de ginecología y obstetricia. En cambio, el integrante de la mesa de trabajo de salud y exsubsecretario del Ministerio de Salud Luis Castillo dice que del dictamen se desprende que se trata de instituciones que reciben aportes por el DFL n° 36 en cualquier área.

En cualquier caso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley interpretativo de la Ley de Aborto en Tres Causales, en que se plantea que los establecimientos que invoquen la objeción de conciencia institucional no podrán recibir recursos al amparo del DFL nº 36 en materias gineco-obstétricas. “Si se pusiera como un punto sin retorno, tendremos que evaluar el convenio que tenemos hace 15 años y ver si podemos mantener el convenio sin tener en el medio estas prestaciones”, dijo este martes el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, al programa Primera Pauta en PAUTA100.5.

La discusión quedaría zanjada con el nuevo reglamento del Ministerio de Salud, para el cual -dicen del gobierno-, todavía no hay fecha.

Los montos involucrados

En la Ley de Presupuestos 2018, el dinero destinado a convenios DFL n° 36 ascendió a US$ 76,2 millones considerando el dólar promedio de septiembre de 2017, cuando fue redactado el proyecto.

Sólo en el segundo semestre de 2017 los convenios alcanzaron los US$ 46 millones ($29 mil millones), según el último informe que remitió el Ministerio de Salud a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que debe visar la entrega del dinero. En el documento se detalla la transferencia de recursos por 70 ítems. Algunos están individualizados por instituciones, mientras que otros sólo figuran bajo nombres generales como “Convenios Oncológicos” o “Casa de Acogida”.

La entidad que se lleva la mayor parte de los recursos, por lejos, es el hospital clínico Parroquial de San Bernardo. Entre julio y diciembre la entidad recibió un total de US$ 14 millones (8.858 millones), es decir, cerca de un tercio del total de los dineros destinados por concepto de DFL n° 36 en el segundo semestre del año pasado. La entidad fue una de las que se declaró objetora de conciencia, aunque su nombre todavía no aparece en el listado oficial del Ministerio de Salud. Aunque no fue posible contar con la visión del hospital, la institución ha asegurado que seguirá firme en su decisión de ser objetora, trámite que estaría en curso. “Nunca haremos abortos y, en última instancia, aplicaremos la objeción individual, que ya existe en el recinto, pero no dejaremos los convenios”, dijo la semana pasada a La Tercera el obispo y patrono del Hospital Parroquial de San Bernardo, Juan Ignacio González, tras conocerse el dictamen de Contraloría.

Aunque la entidad no hace públicos sus balances, en el sector aseguran que los dineros recibidos por el gobierno son claves para su funcionamiento. “Sin los dineros por el DFL n° 36, el hospital queda sin financiamiento, lo que es preocupante porque es uno de los únicos hospitales de la comuna junto con El Pino”, comenta Luis Castillo.

El Hospital de la Universidad de Chile es la segunda institución que recibió la mayor cantidad de recursos en 2017, pero esta entidad no se ha declarado objetora de conciencia. En tercer lugar se ubica la Fundación J. Martínez De Ferrari ($1.887 millones, unos US$3 millones), que atiende a niños con patología respiratoria. Aunque su giro no está ligado a la ginecología, la institución es manejada por la Universidad Católica, cuyo hospital clínico sí se declaró como objetor de conciencia.

En cuarto lugar se ubica Coaniquem, que tampoco practica la ginecología. En quinto y sexto lugar, en cambio, aparecen dos hospitales que sí lo hacen y que también se declararon objetores de conciencia. Se trata del hospital de Panguipulli ($1.856 millones) y el de Pucón ($1.725 millones).

En el caso del primero, según su directora Tilly Rivas los recursos por estos convenios representan prácticamente el 95% del total de los ingresos del hospital. “El ministerio tendrá que decidir si decide cortar el financiamiento. Nuestra decisión está tomada. Si no es como institución, el 100% de nuestro equipo es objetor de conciencia”, comenta Tilly. El hospital de Panguipulli es un establecimiento que realiza tratamientos de baja complejidad y el equipo de ginecología está compuesto por cinco matronas y un obstetra. “Aunque no fuésemos objetores, el hospital no tiene la infraestructura para atender abortos, no hay por ejemplo anestesistas”, dice Rivas. En el caso del hospital de Pucón, no fue posible contar con la respuesta de su administración.

El propio rector Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica, cree que si se terminaran esos convenios entre el Estado y los establecimientos privados, incluso en el área gineco-obstétrica, “nadie gana”. Ello, por cuanto ni el centro de salud recibiría esos recursos ni las personas que se atiendan allí recibirían las prestaciones que necesitan con la calidad acostumbrada.

A la baja

El dinero destinado a los convenios en los que aplica el DFL n° 36 se redujo en la Ley de Presupuestos 2018 en relación con 2017. En el erario de este año se contemplaron recursos por US$ 76 millones, una cifra 7,74% más baja en términos reales a lo registrado en el Presupuesto 2017.

La caída en el monto de 2018 se explicaría por un tema administrativo. Según Luis Castillo, hay entidades, como el hospital de Mariquina, que dejaron de recibir dineros por convenios DFL n° 36 debido a que pasaron a ser parte de la red de salud pública. Por lo mismo, la baja en los montos totales no debiera ser leído como una muestra de menor interés por parte del Gobierno por impulsar la entrega de los recursos.

Pese a la baja, se trata de un monto que continúa siendo considerable de acuerdo con la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss). “Con lo que está en juego, no es poca plata”, dice el presidente de la asociación, que asegura que estos recursos son claves para el funcionamiento de algunas instituciones. Estas entidades continúan a la espera de la resolución del Ministerio de Salud. Por mientras, sólo están los números.