Negocios

Caracas deberá pagar US$ 500 millones por expropiar empresas

Una jueza federal de Estados Unidos confirmó un fallo del Ciadi, emitido en 2015, a favor del fabricante de envases de vidrio Owens-Illinois.

Por Bob Van Voris

Domingo 26 de mayo de 2019

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Owens-Illinois Inc. ganó la confirmación de un laudo arbitral de US$ 500 millones por la nacionalización de dos de sus fábricas de Venezuela en 2010.

Owens-Illinois, un fabricante estadounidense de envases de vidrio, es parte de un grupo de empresas que han demandado a Venezuela por expropiaciones de propiedades bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. Una jueza federal en Washington confirmó el laudo arbitral el martes, emitido en 2015 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El tribunal determinó que el embargo de las fábricas violó las obligaciones de Venezuela en virtud de su tratado de inversión de 1991 con los Países Bajos y detalló que el laudo incluye US$ 372 millones más intereses.

La demanda fue presentada por una filial holandesa de Owens-Illinois con sede en Perrysburg, Ohio, OI European Group BV, que poseía el 73% de las fábricas. OI demandó a la estatal Petróleos de Venezuela SA y a Citgo Petroleum Corp. en Delaware, en un intento por cobrar el laudo arbitral.

Venezuela está en medio de una crisis política, bajo el control efectivo del gobierno y el ejército por parte del presidente, Nicolás Maduro, mientras EE.UU. y docenas de otras naciones han respaldado al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. El enfrentamiento ha causado disputas en la corte entre partidarios de Maduro y Guiadó respecto a quién habla en nombre de la nación sudamericana. Todos los jueces de EE.UU. que han considerado el tema hasta la fecha han dictaminado que el reconocimiento oficial del presidente, Donald Trump de Guaidó en enero es vinculante para los tribunales.

En la decisión, la jueza de distrito de EE.UU. Amy Berman Jackson reconoció la autoridad del gobierno de Guaidó, pero rechazó su solicitud de retrasar el caso por 120 días.

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