En una decisión polémica, el Gobierno quitó la urgencia al proyecto de reforma constitucional sobre garantías y derechos de niños, niñas y adolescentes. Para el Ejecutivo, los padres tienen el derecho de educar a sus hijos.
A comienzos de esta semana, La Moneda le cerró la puerta a la iniciativa relativa a la autonomía progresiva de los niños. El concepto estaba integrado en el proyecto de Reforma Constitucional en materia de garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes.
¿La razón? En el Gobierno creen que son los padres quienes tienen el derecho de educar a sus hijos, y cualquier señal de restricción constitucional a esta potestad no es bien vista. La determinación del Ejecutivo no ha estado exenta de polémica.
En Primera Pauta analizamos sus implicancias.
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El distanciamiento parece irremontable de cara a la votación de investidura de la próxima semana, con la cual Pedro Sánchez espera formar Gobierno.
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