Política

La resistencia de los funcionarios públicos a la orden de retorno

El instructivo del Gobierno para el regreso de empleados fiscales enfrenta el rechazo opositor y de parte del oficialismo. La Mesa del Sector Público acudirá a la Contraloría.

Agencia Uno

Por Eduardo Olivares, Gladys Piérola y Francisca Vargas

Sábado 18 de abril de 2020

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El viernes un oficio llegó a las oficinas de partes (vía remota) de 309 altos funcionarios públicos, entre ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes de servicios. Se trataba del oficio circular n° 18, del 17 de abril de 2020, remitido por los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Hacienda, Ignacio Briones, con una materia: "Imparte nuevas instrucciones y medidas sobre el Plan de Retorno Gradual de las funciones en los ministerios y servicios públicos de la Administración del Estado, producto del brote de Covid-19".

Fue una orden que buscaba el fin de semana para asentarse entre los jefes de servicio. En cambio, lo que ha surgido es una resistencia generalizada.

Qué ordena el oficio

El documento deja sin efecto el oficio n° 10, del 18 de marzo, que impartía lineamientos a los jefes de servicio "en relación con el trabajo remoto, los servicios mínimos indispensables y los turnos en las instituciones producto de la alerta sanitaria provocada por los casos de brote de Covid-19". A su juicio de los remitentes, ahora se deben "adoptar nuevas medidas de gestión para una correcta entrega de servicios por parte de la Administración del Estado".

El Presidente Sebastián Piñera ya había adelantado esta decisión a sus ministros el mismo viernes, mediante videoconferencia, como reveló Canal 13.

A inicios de la semana, el ministro Briones había planteado que el retraso en la entrega de ciertos elementos a los funcionarios de la salud (que en su gran mayoría están en servicio presencial) y del bono Covid-19 se debía a la falta de otra parte del personal público en sus puestos de trabajo.

Política

El tira y afloja de los datos oficiales sobre el coronavirus

El Gobierno ha recibido críticas de todos los sectores y ámbitos por la falta de claridad por los datos de la crisis. "Toda la información que tenemos disponible es transparente", responde el Ejecutivo.

Lo que el nuevo oficio establece, entonces, es dejar en manos de los jefes de servicio organizar el retorno de los empleados a su cargo. "Deberán establecer, mediante resolución fundada, un plan de retorno gradual a las funciones". Para ello, Interior y Hacienda definen tres principios que deben considerar tales jefes de servicio para implementar sus planes: 1) deben quedar excluidos los servidores públicos en población de riesgo o con licencias médicas; 2) quienes regresen deberán hacer en forma gradual para que ya durante abril el "organismo público pueda funcionar de manera presencial", y 3) "deberán incorporar e implementar todas las medidas establecidas por la autoridad sanitaria que sean necesarias para resguardar la salud y protección tanto de funcionarios y servidores públicos como del público en general".

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, resumió estos criterios: "Necesitamos que aparezca el Estado. Es hoy en que el Estado debe tener su máximo rol. Les estamos pidiendo a los funcionarios públicos que vuelvan, pero no a todos. De forma muy gradual y cuidando la condición sanitaria en que están trabajando. Queremos que las personas que pueden trabajar de forma presencial vuelvan a atender a los que más lo necesitan".

El director del Servicio Civil, Alejandro Weber, aseguró este sábado que el plan se ejecutará resguardando las condiciones sanitarias.

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y exministra de Educación, Marcela Cubillos, respaldó vía Twitter la instrucción del Gobierno: "Ciudadanos afectados merecen atención digna y eficiente del Estado. ¿O se puede tener un buen Estado con menos funcionarios públicos?", cuestionó.

La resistencia

Por un lado, vino la respuesta política.

La primera fue de la Agrupación de Funcionarios Públicos (Anef), que calificó la orden como "irresponsable".

Luego vinieron distintos comités e instancias parlamentarias de la oposición. El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Frente Amplio, entre otros, cuestionaron la oportunidad de la decisión de La Moneda, instaron a revertirla y además preparan sesiones especiales en el Congreso para debatir el tema. También han cuestionado la idea de reabrir algunos comercios.

Es más, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, señaló que están citados los ministros del Trabajo, Salud, Educación, Hacienda e Interior sobre todo ese conjunto de materias.

La Mesa del Sector Público ideó otro plan: acudirá a la Contraloría General de la República. Por medio del estudio Osorio Vargas & Abogados, le solicitarán al órgano que dirige Jorge Bermúdez un dictamen que responda el oficio.

Los fundamentos de esa presentación se basarán en dos marcos argumentativos. Por un lado, que los artículos 67 y 82 del Código Sanitario exigen que la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, es la responsable de dictar los reglamentos necesarios para el adecuado desempeño del personal público. Según ello, alegarán en la presentación, el Minsal eventualmente debería emitir reglamentos específicos para los servicios, dado que no todos están expuestos de la misma manera y las funciones pueden ser diferenciadas.

Ese argumento lleva al segundo punto: el oficio de Interior y Hacienda determina que son los jefes de servicio, mediante resolución fundada, quienes deben determinar el retorno gradual. Y dado que existe el principio de jerarquía en los organismos no autónomos del Estado, los funcionarios públicos deberán acatar la orden. No obstante, el artículo 62 del Estatuto Administrativo establece que, ante la orden de un superior jerárquico que el funcionario considere ilegal, podrá representar su parecer por escrito y el jefe deberá, si persiste en su opinión, asumir aquella responsabilidad "por entero".

En ese frente de resistencia, la oposición y la Anef no estuvieron solos.

Desde el oficialismo provino otra estocada a la iniciativa del Presidente. "Es un error. No estoy de acuerdo. Se está corriendo un riesgo demasiado alta y los resultados no creo que sean suficientes como para justificar esto", comentó el titular de RN, Mario Desbordes.

Por otra parte, el Consejo Asesor Covid-19, integrado por científicos que asisten al Gobierno con propuestas, declaró no haber sido informado de la decisión del Ejecutivo. Por medio de una declaración pública, afirmó que está de acuerdo con el retorno gradual de los servidores públicos a sus funciones presenciales, pero que eso resulta "contradictorio" con hacerlo en un período tan breve (abril) y en todo el territorio nacional. También cuestionan la oportunidad de una eventual reapertura de los centros comerciales.

"Todos estos anuncios pueden crear un falso ambiente de fin de crisis, menoscabando los esfuerzos comunicacionales de la autoridad sanitaria sobre las medidas de prevención y de distancia social que son efectivas para reducir la velocidad de transmisión de esta enfermedad", indicó.

La exención de los autónomos

El oficio de Interior y Hacienda tiene imperio legal sobre la administración central del Estado. Pero distinto es el caso de los organismos autónomos, como la Contraloría General de la República (CGR).

Este mismo sábado, la institución se encargó de difundir vía Twitter que "las razones esgrimidas se basan en que remotamente seguimos manteniendo la continuidad del servicio, aunque manteniendo en primer lugar el cuidado de la salud de funcionarios/as".

A mayor abundamiento, la CGR destacó una frase: "La salud es lo primero".

En otro tuit, además, aclaró que las municipalidades también son autónomas y, por lo tanto, sus empleadores pueden trabajar a distancia.

El Ministerio Público comunicó a su personal que el oficio del Gobierno "no nos resulta aplicable".

Diversas universidades estatales se unieron a ese criterio y anunciaron que mantendrán su sistema de teletrabajo.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, lanzó un tuit escueto con su decisión: la universidad "mantiene la modalidad de teletrabajo adoptada en marzo".

Hasta la publicación de este artículo, las siguientes universidades del Estado anunciaron la misma determinación:

  • Universidad Arturo Prat-decretó mantener teletrabajo
  • Universidad de Antofagasta- decretó mantener teletrabajo
  • Universidad de Santiago de Chile-decretó mantener teletrabajo
  • Universidad de Chile- decretó mantener teletrabajo
  • Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación- decretó mantener teletrabajo
  • Universidad de Talca- decretó mantener teletrabajo
  • Universidad de la Frontera- decretó mantener teletrabajo
  • Universidad de Aysén- decretó mantener teletrabajo

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