Política

El tejido empresarial que deberá cubrir Carolina Schmidt en Medio Ambiente

Cambios al Sistema de Evaluación Ambiental y el posible regreso del fantasma de Dominga son temas urgentes.

Agencia Uno

Por Gabriela Villalobos

Jueves 9 de agosto de 2018

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Será el tercer aire de Carolina Schmidt en el Gobierno. Tras pasar por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam, hoy Ministerio de la Mujer y Equidad de Género) y el Ministerio de Educación en la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, ahora llega a la cartera de Medio Ambiente. Una repartición en la que se vislumbra que tendrá un diálogo estrecho con el empresariado, donde ha tejido redes desde hace años.

La hasta ahora gerente de medios de Copesa lideró el área alimentaria de CCU, fue directora de Viña Tabalí del brazo de inversiones del grupo Luksic (Quiñenco) y de la extinta Enersis. Su cercanía con el mundo privado podría ayudarle a estrechar lazos entre la cartera y el empresariado, los cuales quedaron erosionados tras el anuncio del fin de las bolsas plásticas

La discusión vendrá de la mano de un proyecto que es esperado por el sector privado, pero podría tomar otro cariz si reaparece el viejo fantasma de Dominga.

La esperada reforma

No estaba en el programa de Gobierno, pero la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no podía esperar. Las críticas generadas por el proceso que vivió el proyecto minero portuario Dominga fueron las gotas que rebalsaron el vaso. Uno que se había acumulado desde la administración Bachelet, donde se había trabajado en la iniciativa en instancias público-privadas. Por lo mismo, el proyecto fue uno de los primeros temas que asumió el Ministerio de Medio Ambiente el pasado marzo.

El martes 31 de julio el proyecto de reforma al SEIA ingresó al primer trámite constitucional y pasó a la Comisión de Medio Ambiente. La iniciativa cuenta con urgencia simple, por lo que tiene un plazo de 30 días para su despacho por la Cámara de Diputados.

En este período se tendrán que lograr los votos para el proyecto que -según se lee en el documento ingresado al Congreso- tiene entre sus principales metas reducir el espacio de discrecionalidad en las discusiones técnicas. "Un primer objetivo de este proyecto es acotar al mínimo esas instancias de decisión política, modificando la conformación de la Comisión de Evaluación Ambiental de naturaleza regional en tres comisiones macrozonales", se detalla en el proyecto, el que además elimina la instancia del Comité de Ministros.

Aquello fue justamente una de las peticiones del empresariado hace años y que cuenta con cierta transversalidad en el Congreso tras el trabajo público-privado previo. Pero eso no significa que la cartera de Medio Ambiente estará exenta de roces. 

El fantasma Dominga

A solo cuatro días de asumir, el Gobierno anunció el retiro de la mesa de conciliación que se había iniciado ante el Tribunal Ambiental entre el SEIA y los controladores de la iniciativa Dominga, Andes Iron. La decisión no era menor: se trata de un proyecto que caló hondo en la administración anterior y precipitó la caída del gabinete económico. Por lo mismo, la decisión de abandonar la negociación permitía a la cartera mostrar distancia con la discusión en torno al proyecto.

Sin embargo, aquello podría no ser posible en los próximos meses. Tras la decisión del ministerio, el futuro del proyecto quedó en las manos del Tribunal Ambiental basado en Antofagasta. En mayo, la institución respaldó los alegatos de Andes Iron y aseguró que el proceso de tramitación había estado viciado desde su etapa en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo. Con esto, se estableció que el proyecto debía retomar su tramitación ante esta instancia, en la que participan parlamentarios y representantes regionales del Gobierno.

De este modo, el fantasma de Dominga retornará a La Moneda. Claro que en un plazo indeterminado, porque la ONG Oceana reclamó la decisión del Tribunal Ambiental ante la Corte Suprema. Esta instancia acogió la petición de la entidad, por lo que ahora cabe esperar que finalice la etapa judicial.

En la actual administración no han dado a conocer de manera directa su posición respecto al proyecto. Sin embargo, el mensaje ha sido de énfasis en las inversiones, lo cual daría cierta señal sobre el camino que podría tomar el Gobierno. Tomar un camino distinto podría volver a abrir roces con el sector privado, mientras que un apoyo irrestricto será duramente criticado por movimiento sociales.

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