Corte Internacional de La Haya respalda clamor de justicia ambiental de las islas del Pacífico
Desde las costas del archipiélago de Vanuatu, en medio del Pacífico Sur – entre Australia y Fiji, – caminando entre las ruinas de un cementerio que ya sufrió los embates de las olas, el conductor de “Clima de Cambio”, de Radio Pauta, Amaro Gómez Pablos, despachó el pronunciamiento histórico de la Corte Internacional de Justicia.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acaba de emitir uno de los pronunciamientos más contundentes de la historia en materia ambiental, que podría redefinir el rumbo de la justicia climática global. En una sesión transmitida a millones de espectadores alrededor del mundo, el juez presidente Iwasawa Yuji dio lectura a una Opinión Consultiva que no sólo califica el cambio climático como una amenaza “urgente y existencial”, sino que afirma que “un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano”.
Este dictamen, que supera las 500 páginas, fue solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas tras una petición iniciada por Vanuatu en 2019. “Lo que está en juego no podría ser más importante. La supervivencia de mi pueblo y de muchos otros está en peligro”, advirtió Arnold Kiel Loughman, fiscal general de esa nación insular del Pacífico, durante las audiencias celebradas en diciembre pasado.
Ver esta publicación en Instagram
La Opinión, si bien no es vinculante, establece por primera vez que los Estados tienen obligaciones legales bajo el derecho internacional para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 °C. Incluso aquellos países que no han firmado acuerdos como el de París, o que han manifestado su intención de abandonarlos, siguen estando jurídicamente obligados a proteger el sistema climático. “La protección del entorno es una precondición para proteger los derechos humanos”, declaró el juez Iwasawa, al referirse al vínculo entre los daños ambientales y el derecho a la salud, la vivienda, el agua e incluso la vida familiar.
Entre los aspectos más disruptivos del fallo, la CIJ establece que los gobiernos son responsables del impacto climático de las empresas que operan en su jurisdicción y que otorgar subsidios a combustibles fósiles o la aprobación de nuevos proyectos de exploración petrolera pueden constituir violaciones a las obligaciones internacionales. “Las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito pueden incluir indemnizaciones completas a los Estados perjudicados, en forma de restitución, compensación y satisfacción”, señala el dictamen.
Las Islas Marshall aportaron una cifra impactante durante el proceso: el costo de su adaptación al cambio climático – que incluye trasladar su capital – asciende a 9.000 millones de dólares. Pero la sentencia va más allá de las cifras, pues también pone rostro humano al daño, recogiendo decenas de testimonios de desplazados por la subida del nivel del mar. En la última década, este incremento alcanzó los 4,3 centímetros de promedio global, siendo aún mayor en partes del Pacífico.
Esta causa histórica tiene su origen en el activismo juvenil. En 2019, 27 estudiantes de Derecho provenientes de las islas del Pacífico imaginaron un escenario en el que los grandes contaminadores del planeta pudieran ser responsabilizados jurídicamente. Lo que parecía un sueño improbable se transformó en una campaña internacional que movilizó a 130 países y terminó frente al tribunal más alto del mundo. Hoy, ese grupo de jóvenes visionarios—convertidos en abogados, funcionarios y líderes sociales—ha encendido una chispa de esperanza para millones.
Aunque la CIJ no definió aún los mecanismos exactos de compensación ni los criterios para restaurar ecosistemas dañados, deja claro que estas demandas podrían ser presentadas en tribunales locales y en instancias internacionales. Además, su lectura puede influir en otros cuerpos jurídicos, de hecho, este mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los Estados están obligados no solo a prevenir el daño ambiental, sino también a restaurar activamente los ecosistemas.
El veredicto de la CIJ no cierra una etapa, sino que abre un nuevo camino. La consagración del derecho a un entorno sostenible como eje central de la justicia internacional representa un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático.