Ezio Costa por la judicialización de proyectos ambientales: “De los 100% de proyectos que se aprueba, un 2% más o menos se judicializa”
El director ejecutivo de ONG FIMA cuestionó que la judicialización sea el principal obstáculo para la inversión, criticó las modificaciones ambientales de la Ley de Reconstrucción Nacional y advirtió que el nuevo “seguro” para proyectos con RCA anulada podría ser inconstitucional.
En Clima de Cambio de Radio Pauta, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, analizó los cambios ambientales incorporados en la Ley de Reconstrucción Nacional y sostuvo que el debate sobre la inversión ha instalado una visión equivocada respecto del rol que cumplen las acciones judiciales en materia ambiental.
Costa rechazó que la judicialización sea el principal factor que retrasa el desarrollo de proyectos y afirmó que las cifras muestran una realidad muy distinta.
Los reparos ambientales a la Ley de Reconstrucción Nacional
“La verdad es que de los 100% de proyectos que se aprueba, un 2% más o menos se judicializa. Muy pequeño, y de ese 2% a un porcentaje menor llega a anularse la resolución de calificación ambiental”, señaló.
A su juicio, si el porcentaje de proyectos que llega a tribunales es tan bajo, el foco debería estar en mejorar el funcionamiento del Estado y los procesos administrativos, en lugar de restringir las herramientas que tienen las comunidades para impugnar iniciativas que consideran perjudiciales.
En esa línea, cuestionó el denominado “seguro” incorporado en la reforma, mecanismo que permitiría compensar económicamente a titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por la justicia.
“Construya nomás, construya y vemos”, resumió al explicar la lógica que, a su juicio, inspira la norma, criticando que se incentive el inicio de obras antes de que concluyan los procesos judiciales.
Costa cuestiona el “seguro” para proyectos y afirma que podría ser inconstitucional
Asimismo, sostuvo que el derecho ambiental busca prevenir daños y no resolverlos una vez ocurridos, por lo que estimó que esta disposición altera el sentido de la legislación vigente.
Costa también manifestó que existe un amplio consenso entre especialistas respecto de los problemas jurídicos que presenta esta medida.
“Yo creo que es inconstitucional”, afirmó, y agregó que espera que el Tribunal Constitucional elimine esa disposición cuando resuelva los requerimientos presentados contra la reforma.
Además de cuestionar el nuevo mecanismo, el abogado criticó otras modificaciones incluidas en la ley, como el aplazamiento de la implementación del Servicio de Biodiversidad y las facilidades otorgadas a la industria salmonera para relocalizar centros de cultivo sin una nueva evaluación ambiental.