¿Qué propuestas en educación fueron aprobadas por la Comisión Experta?

En el anteproyecto definitivo destacan el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos y la promoción de la educación parvularia, entre otros aspectos.

Después de tres meses de deliberaciones intensivas, la Comisión Experta de 24 miembros seleccionados por el Congreso concluyó su trabajo y dio su aprobación al anteproyecto de la nueva Constitución que se presentará al Consejo Constitucional el miércoles 7 de junio. Por eso nuestro Constitucheck, de Watchdog PAUTA, se enfocó esta semana en el análisis de las propuestas relacionadas con la educación, recurriendo a expertos en la materia para profundizar en el contenido y las implicancias de las medidas propuestas.

Los planteamientos de la Comisión Experta en esta materia se concentran principalmente en dos artículos, el 17 y 18 del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.

Libertad de Enseñanza

Sobre la garantía de rango constitucional de libertad de enseñanza, los comisionados establecieron el derecho de los individuos a abrir, organizar, mantener y desarrollar instituciones educativas, con límites definidos solo por el orden público y la seguridad del país. La Comisión prohibió expresamente la propagación de tendencias políticas a través de la enseñanza estatal y oficialmente reconocida.

Se confirmó, además, el derecho y deber preferente de las familias para escoger la educación de sus hijos, siempre buscando su interés superior. En este sentido, el Estado se compromete a respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, según lo establecido por la ley.

El derecho preferente de los padres en la experiencia comparada está establecido de forma textual en el artículo 26 inciso tercero de la Declaración Universal de DD.HH (1948). Otras constituciones que lo consagran son, por ejemplo, las de Portugal (art. 36.5), Irlanda (art. 42.1), Alemania (art. 6.2) y Colombia (art. 68 inciso 4).

Raúl Figueroa, ex ministro de Educación durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, valoró positivamente la labor realizada por los comisionados respecto de este apartado.

“Los comisionados expertos hicieron respecto de la libertad de enseñanza un trabajo, a mi juicio, adecuado. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está consagrado en el anteproyecto apunta a garantizar la posibilidad de abrir, crear, organizar establecimientos educacionales en la forma en que tradicionalmente se ha reconocido en Chile y que forma parte, por lo tanto, de la tradición constitucional de nuestro país , siguiendo también un modelo que ha sido exitoso en tanto ha permitido la creación de establecimientos educacionales para lograr una plena cobertura y, por otro lado, la gestión de proyectos diversos, cuestión que es fundamental para promover la posibilidad de que los padres efectivamente tengan alternativas para elegir la educación de sus hijos”, aseguró el abogado. 

Figueroa expresó su preocupación sobre la necesidad de proteger la libertad de enseñanza en la segunda fase del proceso constituyente. Subrayó que el texto debe revisarse para establecer que la educación se rige por principios claros a nivel constitucional, evitando la adición de principios ambiguos mediante ley ordinaria. Insistió en que los requisitos para obtener reconocimiento oficial deben ser mínimos y determinados por una ley de quórum superior. Según el ex ministrp, esto evitará restricciones no deseadas a través de leyes ordinarias que alteren el mandato de asegurar la libertad de enseñanza en su máxima expresión.

Francisca Figueroa, investigadora de Acción Educar, coincidió con esta positiva evaluación preliminar del anteproyecto, subrayando que lo aprobado por los comisionados atiende a la misma norma de la actual Constitución. Pero que, sin embargo, debe tenerse claro que se trata de una libertad para enseñar y no para otro tipo de actividades.

“Ello no obsta que deban respetar la regulación del Estado, pero sí es un recordatorio al Estado de que ese derecho no puede ser limitado de cualquier forma, pues debe permitir el desarrollo de proyectos educativos diversos que se adapten a las distintas preferencias de las familias. Así, por ejemplo, una regulación que homogenice los proyectos no sería procedente”, aseguró la abogada.

Respecto de la restricción impuesta por los comisionados sobre prohibir la propaganda y tendencias políticas en el aula, el ex ministro la consideró relevante y similar a lo que actualmente existe en la Constitución vigente, la cual busca evitar el adoctrinamiento político en las escuelas. Insistió en que el Estado no debe promover una perspectiva política en la educación, sino permitir que cada individuo forme sus propias convicciones ideológicas.

“Creo que es fundamental proteger a los establecimientos educacionales de la tentación que puedan tener algunos de utilizar el espacio educativo como un espacio de adoctrinamiento político. Eso es distinto al hecho de que los establecimientos puedan tener ciertas proyectos educativos con miradas valóricas que sean coherentes con lo que los padres buscan y que, por lo tanto, lleven adelante la formación al alero de ciertas miradas valóricas. Pero lo que prohíbe la Constitución es el adoctrinamiento político y creo que eso es razonable”, aseguró Raúl Figueroa.

Derecho a la educación 

Destacando el derecho a la educación como un pilar fundamental, la Comisión propuso también un enfoque que asegura el pleno desarrollo de los individuos en todas las etapas de su vida, en un contexto democrático. Los principios que guían esta mirada incluyen la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y no discriminación. En este anteproyecto, el Estado se compromete a fortalecer y mejorar la educación en todos los niveles, con instituciones educativas que deben cumplir estándares básicos y uniformes.

Una de las propuestas más destacadas es la promoción de la educación parvularia, con el Estado financiando y coordinando un sistema gratuito desde el nivel medio menor, lo que asegura el acceso universal a estos niveles. A su vez, se establece la educación básica y media como obligatoria, extendiéndose hasta los 21 años como edad tope en el caso de la educación media.

Magdalena Vergara, directora de Estudios de Idea País, valoró positivamente que además se haya consagrado el kínder obligatorio, propuesta que la Convención Constitucional eliminó, de manera de dar un nuevo impulso para su aplicación. Según Vergara, la educación parvularia ha sido postergada en Chile, como se evidencia en el crecimiento desequilibrado del presupuesto en favor de la educación superior.

A pesar de progresos importantes, como la incorporación de un sistema de aseguramiento de la calidad y bases curriculares basadas en el aprendizaje a través del juego, persisten deficiencias en la implementación de estas políticas y grandes desafíos se agudizaron tras la pandemia.

“Una Constitución puede ser letra muerta si no se toman acciones para llevarla adelante, el mejor ejemplo es el kínder obligatorio, pues a pesar de la reforma constitucional que lo consagra el 2007, el 2020, senadores de izquierda le dieron un portazo y la reforma legal que permitiría su habilitación práctica, sigue durmiendo en el Congreso”, aseguró Vergara.

Siguiendo esta línea, Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar, sostuvo que la educación parvularia en Chile abarca desde la sala cuna hasta los niveles de transición, que incluyen pre kínder y kínder. El informe OCDE Education at a Glance destaca que alrededor de uno de cada cinco niños en este rango de edad no asiste a la escuela. Villaseca evaluó que el anteproyecto no introduce cambios en este nivel en comparación con la Constitución actual.

Además, la Comisión también ha señalado la necesidad de una asignación razonable de recursos para la educación y la creación de una red nacional de establecimientos educacionales plurales. En esta línea, se reconoce el papel crucial de la comunidad en el desarrollo y perfeccionamiento de la educación, así como el respeto y el desarrollo profesional de los docentes. 

Las propuestas presentadas todavía requieren ratificación en las fases subsiguientes del proceso constituyente. Con este fin, el lunes 5 de junio, los comisionados dispondrán de un espacio de ocho minutos para ofrecer un discurso final en el que detallarán su participación en el proceso. Posteriormente, se integrarán a las tareas que los Consejeros Constitucionales electos tienen por delante.

¿Qué propuestas en educación fueron aprobadas por la Comisión Experta?