Nueva ley de datos redefine la relación con las empresas: ciudadanos ganan mayor control sobre su información
La normativa, que entra en vigencia en diciembre de 2026, obligará a las empresas a transparentar el uso de datos personales y entregará herramientas concretas a los usuarios para decidir sobre su información.
A meses de que comience a regir la nueva ley de protección de datos personales en Chile, el debate sobre su impacto toma fuerza.
La normativa, aprobada en 2024, busca corregir un escenario donde la información personal ha circulado sin mayor control ni fiscalización efectiva e instala nuevas reglas tanto para empresas como para ciudadanos.
Claves de la nueva ley de datos y su impacto en empresas y ciudadanos
En conversación con Pauta, Ricardo Pastén, Solution Consultant Lead en Serviz Technology, explicó que el punto de partida es un sistema con escasa regulación práctica. “Hoy día los datos de las personas circulan sin control”, afirmó. También aludió a un marco legal antiguo que no cuenta con una autoridad fiscalizadora.
El experto explicó que la ley introduce un cambio relevante: las personas podrán ejercer derechos concretos sobre su información. “Por primera vez en Chile, tus datos serán tuyos de verdad”, señaló. En la práctica, esto implica que los usuarios podrán exigir a las empresas saber qué datos tienen, pedir su corrección, eliminación o limitar su uso.
Nuevas exigencias y presión sobre las empresas
Uno de los cambios más significativos será el fin del consentimiento genérico. Las empresas deberán detallar de forma explícita para qué utilizarán cada dato personal y obtener autorización clara del usuario.
“Ya no es un checkbox genérico que nadie lee”, explicó Pastén. En ese sentido, precisó que el cliente podrá aceptar o rechazar distintos usos sin perder acceso a un servicio.
Multas, fiscalización y riesgo reputacional: las nuevas reglas para las empresas
La normativa también eleva los estándares de cumplimiento. Según detalló, las compañías enfrentarán sanciones relevantes en caso de incumplimiento. “Las multas pueden llegar hasta 20.000 UTM”, advirtió.
Aunque enfatizó que el mayor riesgo es reputacional. “El impacto de decirle a tus clientes que perdiste sus datos puede ser mucho más costoso que cualquier multa”, sostuvo.
Además, la ley contempla la creación de una agencia autónoma de protección de datos, con facultades para fiscalizar y sancionar. En ese contexto, Pastén plantea que la adaptación no es solo legal, sino también estratégica. “La confianza se está transformando en el principal diferenciador competitivo”, afirmó.