Estudio de la CCS y Defontana: solo el 20% de las empresas consultadas tiene políticas formales de ciberseguridad
El primer Indicador de Compliance Empresarial, elaborado a partir de una medición de 438 empresas de distintos tamaños, identificó brechas en la implementación de mecanismos de cumplimiento normativo. El 59% no cuenta con un encargado de compliance y solo el 31% ha implementado un Modelo de Prevención del Delito.
Solo el 20% de las 438 empresas incluidas en una medición de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Defontana cuenta con políticas formales de ciberseguridad, según los resultados del primer Indicador de Compliance Empresarial, presentado por ambas entidades.
El estudio consideró 438 organizaciones de distintos tamaños, provenientes principalmente de los sectores de minería, retail y construcción, y examinó su preparación frente a distintas exigencias normativas.
Entre sus principales resultados, el informe establece que el 59% de las empresas consultadas no tiene un oficial de compliance designado, mientras que solo el 31% ha implementado un Modelo de Prevención del Delito, mecanismo destinado a identificar riesgos y prevenir la responsabilidad penal de las organizaciones.
Los resultados permiten identificar diferencias entre el conocimiento declarado de las leyes y la incorporación de medidas internas para cumplirlas.
Ley Karin es la más conocida y ciberseguridad presenta las mayores brechas
El indicador también midió el nivel de conocimiento de distintas normativas entre las empresas participantes.
La Ley Karin registra el mayor reconocimiento, con un 86% de las organizaciones que declara conocerla. Le sigue la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, con un 76%.
En contraste, el 52% declara conocer la Ley de Delitos Económicos y solo el 36% señala conocer la Ley Marco de Ciberseguridad.
Estas cifras corresponden al conocimiento declarado por las empresas y no necesariamente a su nivel de cumplimiento de cada normativa.
Domingo Beas, gerente de Soluciones de Compliance de Defontana, sostuvo que los resultados evidencian diferencias entre el conocimiento de las obligaciones legales y la existencia de herramientas para cumplirlas. “No basta con conocer la normativa: las organizaciones necesitan incorporarla a sus procesos, definir responsables y establecer mecanismos de control que les permitan anticiparse a los riesgos y responder adecuadamente a las nuevas exigencias”, señaló.
El reporte también vincula estos desafíos con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719), que contempla nuevas obligaciones para las organizaciones en el tratamiento, consentimiento y resguardo de información personal.
Grandes empresas y microempresas: diferencias en las medidas de cumplimiento
La medición identificó diferencias según el tamaño de las organizaciones consultadas.
En el caso de los Modelos de Prevención del Delito, el 67% de las grandes empresas declara contar con uno implementado, frente al 21% de las microempresas.
Una diferencia similar se observa en ciberseguridad: mientras el 44% de las grandes empresas dispone de políticas formales, la proporción alcanza el 16% entre las microempresas.
Además, el 74% de las microempresas consultadas no cuenta con un oficial de compliance designado, lo que representa una brecha respecto de las capacidades internas para gestionar las obligaciones normativas.
El Indicador de Compliance Empresarial fue desarrollado por la CCS y Defontana como una herramienta para evaluar el nivel de preparación de las organizaciones y detectar áreas de mejora en su gestión.
Las empresas interesadas en conocer la herramienta o participar en próximas mediciones pueden acceder al Indicador de Compliance Empresarial de la CCS y Defontana. La participación es gratuita.