La situación de los migrantes en Chile llega a la Comisión Interamericana de DD.HH.

El 8 de mayo, académicos y ONG denunciarán “graves vulneraciones de derechos”, en medio de la polémica por la carta del Gobierno que cuestionó los límites de este organismo.

Desde hace años que organizaciones preocupadas por la situación de los migrantes en Chile han instado a las autoridades a que generen normativas que los resguarden. En la persecución de ese objetivo y en circunstancias que en el Congreso se debate sobre el proyecto de ley de migraciones que presentó en abril de 2018 la administración del Presidente Sebastián Piñera, representantes de varias entidades llegarán hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que denominan como “graves vulneraciones a los derechos humanos” a los extranjeros que han llegado al país.

La cita, que tendrá lugar el 8 de mayo próximo-en el marco del 172 período de sesiones en Kingston, Jamaica- constituye una audiencia temática. Como explica a PAUTA Macarena Rodríguez, directora de Clínicas Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado, y una de las representantes del equipo que ha elaborado la presentación ante la CIDH, será “un espacio de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, de la academia y las autoridades del país”, a propósito de la “preocupación por la situación que se está viviendo con los inmigrantes en el último tiempo en nuestro país”.

La exposición, como detalla Rodríguez junto a su equipo conformado por los abogados expertos en derechos humanos Tomás Greene y Marcel Didier, estará centrada en cuatro puntos principales: órdenes de expulsión, condiciones en las que se realizan expulsiones, tratamiento “rebote” en fronteras y el proyecto de migraciones. Considerando que la postura que mantienen es bastante crítica, desde el Gobierno ya se han adelantado en responder a los planteamientos que se expondrán ante el organismo internacional, por lo que se avizora un debate intenso. Este, además, se producirá en medio de la polémica que suscitó una carta que suscribió Chile -junto con Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay- donde se propuso dar un nuevo enfoque a la CIDH, se cuestionó algunas de sus decisiones y los límites de este organismo internacional.

En la delegación irán también representantes del Observatorio Ciudadano; del Servicio Jesuita a Migrantes; de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes y Refugiados de la UDP; del Movimiento de Acción Migrante (MAM); de la Corporación Migr-Acción; Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile y de la ONG Migramigos.

“Un limbo jurídico”

Desde las organizaciones plantean que hay vulneraciones del debido proceso en la dictaminación de las órdenes de expulsión por la vía administrativa de inmigrantes.

Rodríguez, Greene y Didier explican que, independiente de las razones que motiven una orden de expulsión, “la persona tiene que tener la posibilidad de defenderse si es que la están inculpando de algo” y abrir un espacio para que el aludido pueda aportar pruebas respecto de las circunstancias en que se encuentra, si tiene familia, si está trabajando o si esta bajo un tratamiento médico, entre otros factores.

“Lo que se hace acá es que al haber una persona extranjera cometido alguna infracción a la ley, la pena es inmediatamente la expulsión. No hay un análisis detallado de su caso”, precisa Didier. Macarena Rodríguez agrega que “tanto en nuestra Constitución como las convenciones internacionales más importantes consagran ese derecho que tiene toda persona a la que se va a sancionar, a que pueda defenderse, y que después de un análisis se tome una decisión. Eso acá no ocurre”.

Al constatar esta situación, mediante extranjeros que se han acercado a la clínica jurídica de la UAH, señalan que han podido judicializar algunos casos y que -explican- los tribunales les han dado la razón. Por ejemplo, detallan, en oportunidades ha primado el interés superior del niño, pues se entiende que es un antecedente muy relevante que esa persona tenga hijos en el país.

Otro de los puntos que expone Tomás Greene es que hay que analizar el tiempo que transcurre entre que se dicta la expulsión y esta efectivamente se materializa. “Entre una y otra cosa pueden pasar 10, 15 años. Esa persona queda en un limbo jurídico. Muchas veces no se hace por un tema de presupuesto o de política migratoria, porque al Gobierno no le interesa expulsar a esa persona en este momento. Pero esa gente que durante años tiene una orden de expulsión no se puede regularizar. Algunos pudieron acceder a la regulación del año pasado, pero otros no, porque dependía del motivo por el cual fueron expulsados”, comenta el jurista.

Asimismo, añade que hay órdenes de expulsión que tienen “problemas de fundamentación”, pues habría personas a las que se les expulsa por un motivo que no le es aplicable.

Cuando “se van con lo puesto”

La “exagerada mediatización” de la materialización de las expulsiones es otro de los aspectos que preocupan a estos organismos. “Se trata de un proceso sumamente humillante, con cámaras, todo preparado, es muy atentatorios a la dignidad de esa persona. Desde el primer día se dio el slogan ‘vamos a ordenar la casa’ y después, cada cierto tiempo, dan frases polémicas”, resaltan.

De acuerdo con su postura, las autoridades, en los procesos de expulsión de 2.049 personas durante 2018, “se ponen al servicio de un discurso político. Incluso, se ponen metas”. La mediatización, según dicen, se traduce en “una criminalización de los extranjeros. El mensaje que queda debajo es que tenemos que expulsar a los migrantes porque son delincuentes”, destacan.

Además de esto, los abogados subrayan que habría personas “a las que no se les dice usted va a ser expulsada; se les dice ‘venga, porque necesitamos que firme un documento o necesitamos que venga para su regulación’. Pero cuando se acerca, es detenido”, exponen Rodríguez y Greene. Como ejemplo, hacen referencia a un caso ocurrido este verano en la región de Antofagasta, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó un recurso de amparo en favor de seis migrantes que habían sido expulsados: en el documento se relata que fueron convocavos para realizar un trámite y que nunca se les notificó “de tener una orden de expulsión o  algún tipo de recuerso o impugnación vigente”.

Así -continúan los abogados- “la persona se va con lo puesto. No tiene comida, ropa de abrigo, no tiene la posibilidad de despedirse. No respetamos ni las reglas más básicas de la dignidad humana”.

6.700 venezolanos han sido rechazados

Los datos con los que cuenta la Clínica Jurídica de la UAH dan cuenta de que, en diferentes pasos fronterizos, principalmente los de la zona norte, hay 13.700 de migrantes a los cuales se les niega el ingreso.

La población que se ha visto mayoritariamente afectada por esta situación, dicen, ha sido la venezolana, sumando 6.700 rechazos de ingreso. “La razón por las que se les niega es porque no logran acreditar su condición de turista y son venezolanos ¿En qué momento venían como turista? Si uno analiza la situación, alguien que está arrancando, que cruza todo el continente, que arriesga su vida porque no tiene otra alternativa, evidentemente no viene de turista. Hay una incoherencia tremenda. Por una parte, en el ámbito internacional, la autoridad da todo su apoyo al presidente Juan Guidó, pero a nivel local le estamos impidiendo el ingreso a los venezolanos”, advierte Macarena Rodríguez.

A este punto, Greene agrega que “los venezolanos ni saben de la existencia de esta visa de responsabilidad democrática estando en Venezuela. Arrancan del país, llegan a la frontera a pedir refugio o ingresar como turista. Eso da cuenta de que la visa de responsabilidad democrática ya sea por falta de difusión, información o capacidad del consulado, no funciona, se vienen igual, sin visa tramitada y cuando les preguntar por la visa, dicen que nunca la habían escuchado. Como mecanismo está demostrando ser muy ineficaz”. 

Para el equipo, considerando que el Estado se ha comprometido con ayudar en la crisis que atraviesa, por ejemplo, Venezuela, y que ha suscrito una serie de tratados y ratificado convenios internacionales, “tú no puedes estar limitando”. Además, de acuerdo con sus registros, “las cifras tampoco hablan de un desborde. Efectivamente hay un número importante, pero Chile tiene las condiciones”.

En el rechazo de las solicitudes de refugio, además, habría irregularidades, pues según detallan, habría una serie de peticiones que se rechazan sin antes iniciar el protocolo establecido.  “La ley que regula esto dice que cuando la persona va y solicita refugio, la autoridad tiene la obligación de formalizar la petición con el formulario. Luego se pasa a comisión técnica y esa comisión es la que decide.  Hay una entrevista que no es la que se hace en ventanilla, es una que hace un experto, que es un oficial de protección que tiene capacitación especial. Recién, mediante una resolución de la Subsecretaria, se resuelve. Pero no, ellos están tomando la resolución en ventanilla, que ni siquiera está registrando el ingreso”, explica Tomás Greene.

Proyecto de migraciones

Si bien desde el equipo se valora la idea de que se comience a discutir la modernización de la ley de migraciones que rige en el país, creen que el proyecto que está en el Senado no es suficiente. Para los abogados, es importante llamar la atención en este tema, que no sea una ley más, que pase y que se haga un análisis técnico de la normativa, sino que se tome en cuenta las consecuencias que significan.

Entre los temas que los preocupan es que de aprobarse el proyecto tal como está, los extranjeros no van a poder cambiar su categoría migratoria; habrá limitaciones para poder optar a beneficios sociales y no se fija un máximo de tiempo en la prohibición de ingreso si la persona es expulsada. “Todo esto va a tener un impacto y podría fomentar migración ilegal”, alertan los abogados.

Tras esta presentación ante la Comisión, se abre la posibilidad a que este organismo emita una circular a Chile donde se le detalle cuáles son los mínimos que debiera contener la nueva legislación, o puntos que debe mirar con atención. Por eso, dadas las circunstancias, la sesión del próximo 8 de mayo puede ser determinante en la tramitación.

Contactada por PAUTA, la Dirección de Extranjería y Migración (DEM) aseguró que hay respuestas claras a estos planteamientos, con fallos y evidencia que hacen contrapunto a las aseveraciones de las organizaciones que recurrirán a la CIDH. Sin embargo, requeridos por mayores detalles, no entregaron mayor información.