Cómo entender la trama de OAS en Chile

La audiencia de preparación del juicio oral contra ME-O y las declaraciones del condenado expresidente de la compañía, Leo Pinheiro, contra Michelle Bachelet han reactivado el caso en nuestro país.

Fue en 2006 que la constructora brasileña OAS aterrizó en Chile, cuando abrió su primera oficina en Santiago -con el tiempo llegó a tener tres- y nombró como gerente a Felippe do Prado Pavodani, entonces un joven ingeniero que era cercano a Leo Pinheiro, el expresidente de la compañía, que hoy cumple una condena de 16 años en su país por corrupción, tras sus vínculos con el caso Lava Jato: se le imputó haber regalado un departamento a Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario de Brasil.

Pinheiro es el mismo hombre que, según publicó recientemente el diario Folha de Sao Paulo, aseguró en una declaración judicial que OAS aportó $100 millones en 2013 a la campaña de la exmandataria Michelle Bachelet, a través un de contrato asociado a la empresa de propiedad de quien fue el recaudador de su carrera presidencial, el geógrafo Giorgio Martelli.

El aporte de OAS fue desestimado, sin embargo, por la expresidenta Bachelet y también por Martelli. Este último, no obstante reconocer un vínculo comercial con la constructora brasileña, dijo que su empresa “jamás ha recibido dinero para financiamiento político”. Y señaló tanto a la fiscal del caso Ximena Chong, como en un comunicado de prensa que emitió tras los dichos de Pinheiro, que trabajó para OAS elaborando en 2014 un mapa de Chiloé y un estudio de suelo cuando esta compañía participó de la construcción del Puente Chacao, por lo que recibió $50 millones. 

Si bien Pinheiro guardó silencio cuando la fiscal Chong viajó a Brasil en 2017 para indagar sobre el avión que OAS facilitó al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (que usó durante meses en su campaña), tras sus últimos dichos el Ministerio Público evalúa pedir una nueva declaración del exejecutivo.

El avión de la discordia

Esta semana aquel avión -el jet Cessna 525- volvió a estar en la agenda noticiosa durante la audiencia de preparación de juicio oral, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, de Enríquez-Ominami y su exasesor comunicacional Cristián Warner. Al primero, la fiscal Chong le imputa el delito de fraude de subvenciones durante su campaña de 2013 y, al segundo, delito tributario por dos facturas que su empresa Cono Sur Reaserch emitió a OAS.

Esto, luego que si bien en la acusación de Chong se menciona el uso del avión, en la audiencia que comenzó el martes 24 de septiembre -y que se reanudurá el próximo martes 1 de octubre- la fiscal acotó el caso solo al fraude de subvenciones y señaló que el uso del jet “no tiene una condición delictiva”, sino que lo usó como contexto del caso y no como imputación penal.

Tras ello, los abogados de de Enríquez-Ominami, el defensor regional Metropolitano Norte de la Defensoría Penal Pública (DPP) Carlos Mora; el jefe de Estudios de la DPP Octavio Sufán, y el abogado de la misma instiución Cristián Marín, pidieron incluso eliminar el párrafo referido el avión de la acusación presentada por la fiscal, pero el punto fue desechado por el tribunal.

El avión en cuestión, además, no fue declarado como gasto en el Servel, pues su uso fue una donación y, al haber ocurrido en 2014, la defensa señaló que de haber delito, este estaría prescrito.

Por ello, los defesores de Enríquez-Omimani se enfocarán en intentar exculparlo de las imputaciones de la fiscalía respecto de que habría obtenido una subvención estatal -por reembolso de gastos de campaña- usando antecendentes ficticios. Los montos son dos facturas: una por $170 millones, emitada por el exabanderado y otra de $180 millones, por el Partido Progresista.

En la audiencia que continuará el martes, el tribunal seguirá despejando qué pruebas y testigos serán parte o no del juicio oral. De hecho, entre quienes Ximena Chong quiere que presten declaración hay más de 100 personas. Una parte importante de ellas son detectives de la PDI que participaron de las diligencias.

Pero también se encuentran dos excontadoras de OAS Chile y cuatro exejecutivos de la firma: Jaume Serrte y Hugo Blems Junior, ambos exgerente en Santiago y dos que eran parte de la firma en Brasil, Augusto César de Souza y Augusto César Ferreira, a quienes pretende consutarles, entre otras cosas, por la facilitacion del avión al candidato chileno, pues ambos compartieron un vuelo a Sao Paulo desde Chile con el excandidato.

Sin embargo, finalmente será el tribunal -encabezado por el juez Cristián Sánchez– quién resolverá quiénes declararán en el juicio oral, el mismo en que la fiscalía pedirá cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más una multa de 30 UTM, para Enríquez-Ominami.