Larraín le habla a la UDI en el Senado: destaca el rol de Carroza en el caso Guzmán

El ministro de Justicia presentó las “credenciales” del juez Mario Carroza como candidato a la Suprema.

De la extensa carrera del juez Mario Carroza en el Poder Judicial, que partió en 1977 como un funcionario judicial, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio dos señales a la Comisión de Constitución del Senado para presentar las credenciales del magistrado como candidato del gobierno a la Corte Suprema: una al oficialismo y otra a la oposición.

Al comienzo destacó su larga trayectoria como ministro en fallos en materia de salud, medioambiente y protección de la infancia. Y luego relevó las investigaciones y sentencias que Carroza, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha dictado en causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Es decir, ocurridas durante el régimen militar de Augusto Pinochet.

En este sentido, la señal que dio a la oposición fue relatar, con detalles, los fallos en que condenó a exagentes del Estado por violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, los crímenes de exmiristas como Miguel Enríquez y los asesinatos de la Caravana de la Muerte en La Serena. De ellos destacó, especialmente, que investigara a fondo y, siguiendo al criterio de la Sala Penal de la Corte Suprema, no aplicara ni la amnistía ni la prescripción. 

“Perseverancia” en el caso Guzmán

Pero también el ministro Larraín le habló al oficialismo, en particular a la UDI. Pero ya al menos un senador, Iván Moreira, ya adelantó que el juez no tendrá su voto debido a la gran cantidad de condenas en contra de exuniformados por violaciones a los derechos humanos. 

Por ello, Larraín dedicó varios minutos para destacar el papel que Mario Carroza ha cumplido en perseguir las responsabilidades de los autores del crimen del exsenador Jaime Guzmán, perpetrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 1 de abril de 1991.

“El desempeño del ministro Carroza en este proceso da cuenta de acuciosidad y perseverancia en el propósito de esclarecer y sancionar a los responsables del asesinato de un senador de la República en pleno ejercicio de sus funciones, tarea en la que se hace acreedor del reconocimiento público por la defensa implícita del orden jurídico y democrático que existe detrás de tal esfuerzo”, dijo ante la comisión. La instancia está integrada por tres senadores de oposición y dos oficialistas: Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (independiente), Francisco Huenchumilla (DC), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

Así, Larraín enumeró todas sus gestiones: en noviembre 2008 Carroza rechazó una solicitud de prescripción de responsabilidad penal, después de 17 años de ocurrido el crimen de Guzmán, presentada por Juan Gutiérrez Fischman (“El Chele”). Pero la Corte Suprema acogió la petición del exfrentista.

En 2011, recordó Larraín, Carroza envío un exhorto a Francia para que declarara Emmanuelle Verhoeven, la “comandante Ana”, sobre la planificación de la cúpula del FPMR respecto del asesinato de Guzmán. Y, añadió que, en paralelo, procesó y ordenó detener, con el fin de extraditarlo desde Cuba, al frentista Alexis Soto Pastrián, alias “El Rambo”, requerido tanto por el asesinato del senador de la UDI como por el secuestro de Cristián Edwards. 

Tres años después, en enero de 2014, Carroza procesó a la francesa Emanuelle Verhoeven, quien había sido detenida en Alemania por orden de la justicia chilena. Pero la Corte Regional de Hamburgo estimó que no podía ser extraditada y ordenó su libertad.

Luego, en 2014 -siguió Larraín-, Mario Carroza condenó a Enrique Villanueva Molina a cinco años de libertad vigilada. “Según el fallo, Villanueva participó en calidad de autor intelectual del delito de atentado terrorista con resultado de muerte del senador Jaime Guzmán”, dijo ante la Comisión de Constitución.

El ministro de Justicia recordó que en 2017 Carroza pidió a la Corte Suprema autorizar la extradición desde Francia de Ricardo Palma Salamanca, quien disparó a Jaime Guzmán.

Y, por último, detalló sus últimas dos acciones: en 2018, el juez condenó a 10 años de cárcel a la exfrentista Marcela Mardones como autora del crimen del senador de la UDI. Y, en 2019, Carroza dictó una resolución que fijó el cumplimiento de dos penas de 15 años de presidio mayor cada una en contra de Mauricio Hernández Norambuena, autor del asesinato de Guzmán y a quien Brasil entregó a Chile: en ese país cumplía condena a 30 años de cárcel por el secuestro del empresario Washington Olivetto.

La mención tácita al caso del juez Mera

Tras la exposición del minsitro de Justicia ante la Comisión de Constitución, este miércoles será el turno del propio juez Mario Carroza. Allí hará un relato de su carrera y luego contestará preguntas de los senadores.

Se trata de una instancia que suele ser muy estresante por los postulantes a la Corte Suprema. En agosto pasado, fue en esta comisión donde se selló el rechazo en la Sala del Senado -no logró por la falta de un voto del oficliasmo- al ministro de la Corte de Valparaíso Raúl Mera.

En esa ocasión, tras la exposición de Mera, senadores de oposición como Alfonso de Urresti y Pedro Arara lo cuestionaron por absolver en 1998 a cuatro carabineros del crimen de los exfrentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin -quienes habían participado en un atentado a un cuartel policial- en el sector Los Queñes.

Mera fue vetado por un fallo que, según dijo el mismo juez, no condenó por no llegar a la convicción de la culpabilidad.

Ahora el ministro Larraín dio ejemplos al hablar de Carroza. Al relatar los fallos en materia de derechos humanos de Carroza, el secretario de Estado recordó que, en el caso de la Operación Cóndor, Carroza condenó por homicidios y secuestros calificados, entre ellos a Raúl Iturriaga Neumann, “a la vez que absolvió por falta de participación en los hechos a otros 32 exagentes de la Dina”.

“Esta diversidad de condenas y absoluciones revela que en la aplicación de las penas en un caso
determinado, el juez Carroza discierne reflexivamente a partir de los antecedentes del caso, adoptando determinaciones de acuerdo a la situación específica que en dichos procesos logra acreditarse para cada uno de los involucrados en ellos”, dijo Larraín.