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Mi Congreso en 60 palabras: informe financiero para los parlamentarios

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Agencia Uno
POR Cecilia Andrea |

El Ejecutivo debe presentar un informe financiero para sus propuestas. ¿Está de acuerdo con que los parlamentarios lo hagan también? Candidatos de Los Lagos responden.

Dado que el Ejecutivo es quien tiene la facultad de enviar proyectos al Congreso que incidan en materia fiscales y presupuestarias, está obligado a estimar el impacto en las finanzas públicas de cada iniciativa. Esto porque pueden implicar mayor gasto fiscal, como también aumento de impuestos, y con ello de los ingresos fiscales del fisco o incluso caídas en esa recaudación.

Esta obligación recae en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, independientemente de cuál sea el ministerio que presenta el proyecto de ley.

Por el contrario, las mociones que presentan los parlamentarios no requieren un informe sobre su impacto fiscal, básicamente porque la Constitución vigente entrega al Ejecutivo la facultad exclusiva para este tipo de iniciativas. No obstante, ha ocurrido que parlamentarios presentan mociones e incluso reformas constitucionales que sí terminan afectando los ingresos fiscales.

Es el caso, por ejemplo, de las reformas constitucionales para los retiros de fondos previsionales, que hasta ahora han tenido un impacto fiscal estimado en US$4.700 millones al sumar la mayor presión al Pilar Solidario y las exenciones tributarias.

Con esos antecedentes, PAUTA preguntó a candidatos al Senado por la circunscripción 13 (Región de Los Lagos) lo siguiente:

Los proyectos de ley del Gobierno vienen siempre con un informe financiero que detalla cuánto cuestan y cómo se financiarán. ¿Es partidario de extender esta obligación a los proyectos que presentan los parlamentarios?

Cristián Álvarez, maestro pintor y estudiante de Técnico en Construcción. Candidato de Partido de la Gente.

“Todo proyecto debe ser respaldado por estudios y certificado por profesionales de cada área que corresponda. A la vez, todo proyecto tiene costos los cuales deben ser considerados en el anteproyecto en conjunto con los estudios para garantizar que dicho proyecto sea viable. Para quienes están pensando eso, solo lo lograremos con un buen trabajo en equipo”.

Mauricio Martínez. Candidato de Partido Ecologista Verde.

“Creo que el informe financiero es una medida que llega tarde, y debería ser extensiva a los privados con actividades de impacto medioambiental. Sobre los parlamentarios, entiendo que las materias de leyes presentadas son abordadas en comisiones que entre otros aspectos velan por el debate sobre el financiamiento que una ley determinada contenga”.

Paola Venegas, periodista. Candidata Comunista de Chile de Apruebo Dignidad.

“Sí, me permito indicar que las asignaciones parlamentarias facilitarían que se levantara y fortaleciera redes sociales de observatorios (medioambiente, adolescencia, mujeres) que son la base para diseñar no solo el proyecto, sino también presupuestarlo y ejercer presión y conducción de los fondos municipales y regionales que son los que harían realidad una estrategia de desarrollo con pertinencia territorial que pone al centro a las personas y su dignidad”.

Fabiola Moya, licenciada en Ciencias Jurídicas. Candidata Independiente Nacional Ciudadano de Independientes Unidos.

“Yo propuse que redujéramos los sueldos gubernamentales en general y además que sean más gravosas las penas o delitos económicos y además se termine con las sociedades para evadir impuestos. Entonces, a través de lo anteriormente dicho, contaríamos con mucho dinero para financiar las mociones parlamentarias y así favorecer a la región que representan los senadores y diputados”.

Nota metodológica: este artículo forma parte de una serie que PAUTA está realizando en todas las regiones que elegirán senadores y en 10 de 28 distritos que eligen diputados. A cada zona le fue asignada discrecionalmente una pregunta y el contacto con un candidato de cada lista inscrita en esa zona. Los representantes seleccionados, también discrecionalmente, recibieron la misma pregunta y tuvieron igual plazo y extensión para responder (o fue editado para ajustarse al máximo de 60 palabras). Cuando un candidato estuvo inubicable u optó por no responder, se pasó al siguiente postulante.