Propuesta Constitucional: ¿Es verdad que dejará de existir el Senado?

Mientras que el abogado Javier Couso argumenta que existe una aprensión exagerada respecto de la supuesta debilidad de los poderes cruciales del Legislativo con la eliminación del Senado, su colega Sebastián Soto comenta que se desperdició una oportunidad inédita para la deliberación política. 

El sistema político que diseñaron desde la Convención Constitucional logró escribirse tras extensas jornadas de discusiones. Los ahora ex convencionales de izquierda y centroizquierda que participaron en esas conversaciones y negociaciones, y quedaron en general conformes con el resultado de la propuesta. Distinta apreciación tienen desde la centroderecha. 

Un miércoles 13 de abril de 2022 el Pleno Convención aprobó la eliminación del Senado, y propuso en su reemplazo una nueva figura parlamentaria. En el artículo N°250 de la propuesta de texto constitucional se establece que “el poder legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones“. 

En conversación con Marcando PAUTA, de Radio PAUTA, Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales y Sebastián Soto, abogado de la Universidad Católica con máster en Derecho por la Universidad de Columbia y Doctor en Derecho por la Universidad de Chile, debatieron acerca de lo propuesto en el texto constitucional sobre sistema político. 

Miradas distintas sobre la eliminación del Senado

Javier Couso hizo alusión a la historia legislativa latinoamericana, explicando que desde la región se buscó replicar un sistema similar al de Estados Unidos. En esa línea, valoró la creación de la nueva Cámara de las Regiones y descartó que este nuevo sistema legislativo tenga problemas de contrapesos.”Yo diría que no es menor el poder que tiene la Cámara de las Regiones. Me parece a mí que hay algo de una aprensión exagerada respecto de la supuesta debilidad de los poderes cruciales, que, insisto, tiene la Cámara“, dijo. 

Distinta postura tuvo Sebastián Soto, quien comentó que desde la Convención Constitucional se desperdició una oportunidad inédita para la deliberación política. 

“Yo invito a los auditores a pensar en cualquier político en la historia de Chile, que a ellos, a ellas que nos están escuchando hoy día, les parezca un político relevante, una persona relevante en la política. Y estoy seguro que casi la totalidad de lo que están pensando han sido senadores. ¿Y por qué? Porque el Senado reúne a políticos de altura que son capaces de representar, que son capaces de deliberar con altura”, comentó. 

Las atribuciones de costos presupuestarios

En el artículo N°266 de la propuesta constitucional se establece que las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un mensaje o en una moción. Esa moción deberá ser patrocinada por “no menos de un cuarto y no más de un tercio de las diputadas y diputados o, en su caso, de los representantes regionales en ejercicio, y deberá declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la Presidencia”. 

En cambio, en la Constitución Política de Chile actual se indica que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. En ese sentido, se fija que el Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

Soto explicó que “en alguna medida puede generar una cierta extorsión de la mayoría parlamentaria hacia el Ejecutivo para promover que se le dé este patrocinio y generar en el fondo una presión social, como hemos visto ocurrido desafortunadamente en los últimos años a favor de una determinada iniciativa. Creo que en sí había algo muy inscrito en el ADN de la política, de la ley y de nuestro pacto constitucional”, dijo. 

“Creo que eso va a deteriorar en alguna medida nuestro pacto fiscal, nuestra responsabilidad fiscal en el futuro y generar presiones de gasto que nosotros creo, habíamos logrado controlar”, finalizó. 

Se le consultó al abogado Couso qué pasaría en el caso hipotético en que el ministro de Hacienda presente una reforma tributaria y que estos parlamentarios presenten también su propia reforma tributaria, a lo que él respondió que “nada le impediría [presentar su propia iniciativa], pero creo que si un Presidente de la República retiraría el próximo presupuesto”. 

“Así que tiene dos proyectos que compiten. Finalmente, el presidente va a tener que tener el concurso del Parlamento para aprobar una reforma tributaria. Entonces, esa eventual disputa la considera un poco artificial en ejercicio, que me parece muy importante hacerlo”, concluyó. 

Revisa la entrevista completa de Marcando Pauta acá.