¿Limita la libertad de expresión?: Polémica por Comisión Asesora contra la Desinformación

Este martes en el Diario Oficial se publicó el decreto que permite la creación de la instancia que estará a cargo del Ministerio de Ciencia y asesorará a la Secretaria General de Gobierno. En Radio Pauta analizamos los alcances de una iniciativa que, en busca de un objetivo noble, podría poner en cuestión la libertad de expresión y de conciencia.

Una serie de reacciones ha generado el anuncio del gobierno de crear una Comisión Asesora contra la Desinformación, que estará presidida por el ministro de Ciencias y la integrarán miembros de universidades estatales, planteles privados, y uno de una institución cuya sede principal esté fuera de la Región Metropolitana. También participarán integrantes de una ONG con actividades relacionadas y una organización de chequeo de datos.

La Comisión, según lo publicado este martes en el Diario Oficial, abordará cinco temáticas, entre ellas, el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia y educación y desinformación. Recordemos que en julio pasado se había conformado una mesa de trabajo entre la Segegob y las Universidades de Chile, La Serena y La Frontera, quienes luego entregaron un informe con recomendaciones.

Desde el Ministerio de Ciencia explicaron a Radio Pauta que su labor en la comisión “será coordinar el trabajo de los expertos y expertas que la conformen, para que ellos puedan entregar los insumos técnicos y académicos que se necesitan para entender y enfrentar el fenómeno de la desinformación. Esto puede ser desde un diagnóstico de este en Chile, hasta sugerencias para mejorar la alfabetización digital”. Agregan que “el conocimiento permite comprender fenómenos y el rol del Ministerio es identificar el conocimiento que hay disponible, entender si se necesitan más capacidades y convocar a quienes más saben de los temas que el país necesita comprender”.

Hace un tiempo, la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, había señalado lo impropio que resultaba, conforme a estándares internacionales, en materia de libertad de expresión, que un gobierno lidere una iniciativa de este tipo.

María José Lecaros, Doctora en Comunicación de la Universidad de Navarra, expresidenta del comité de ética de los medios, explicó que a esta Comisión se le puede exigir “extrema claridad en metas, y propósitos, calidad y profesionalismo de los nombrados, definición de sus atribuciones y que los trabajos realizados sean hagan públicos”. En diálogo con Radio Pauta agregó que “quizá lo que más preocupa inicialmente es que el estudio hecho por el gobierno (con tres universidades) en enero/febrero de este año es de una debilidad, imprecisión y falta de datos concretos, impresionantes. Académicamente, no se puede dialogar con él porque no tiene calidad profesional. Esto es un mal antecedente”.

Según lo publicado en el Diario Oficial, las funciones de los miembros de esta comisión serán recomendar a los ministros de ambos ministerios, medidas que contribuyan al desarrollo de políticas públicas mediante el análisis de conocimientos asociados a la relación entre desinformación y debilitamiento de la democracia, así como asesorar técnicamente la participación de la Segegob en el hub de desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para estas temáticas.

Recordemos que a fines del año pasado la ministra vocera, Camila Vallejo, cuando participó en el Foro Global de Líderes de la OCDE, dijo que “para nosotros es una decisión política enfrentar el fenómeno de la desinformación”.

Desde el Ministerio de Ciencia explican que “esta fórmula (presidir la Comisión) no es nueva, nuestra institucionalidad de CTCI lo ha hecho antes en temas como Recursos Hídricos (2016), Resiliencia ante Desastres (2016), mesa experta Covid (2020) e Incendios Forestales (2023), entre otros”.  

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