¿Qué fue del Fast-Track legislativo en materia de seguridad?: el fracasado intento por aprobar 13 proyectos en 75 días

En la Crónica diaria de Radio Pauta analizamos en qué quedó el intento entre el Congreso y el Gobierno por aprobar el llamado fast-track legislativo en materia de seguridad pública.

Este viernes se cumplen 10 días del fracasado intento entre el Congreso y el Gobierno de aprobar el llamado fast-track legislativo. El objetivo, calificado como “ambicioso” por el diputado Vlado Mirosevic, era sellar una agenda prioritaria en materia de seguridad, y aprobar 13 proyectos en 75 días; sin embargo, ninguno es ley.

Cámaras corporales en procedimientos policiales, delito de contrabando en ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, usurpación, ciberseguridad o prohibir el porte de combustible en manifestaciones, son algunas de las iniciativas que se están discutiendo, pero no han logrado ser aprobadas.

¿Qué fue del Fast-Track legislativo en materia de seguridad?: el fracasado intento por aprobar 13 proyectos en 75 días

En este plano, el diputado Andrés Longton (RN), sostuvo que “de los 31 proyectos de ley en materia de seguridad que se comprometieron, los primeros 13 que deberían estar despachados en un plazo de 75 días, no los tuvieron, es decir, el plazo venció y ningún proyecto de ellos es ley. Es más, 5 de ellos están en primer trámite constitucional y varios de ellos no tienen ninguna urgencia por parte del gobierno”.

En diálogo con Radio Pauta, el congresista de RN agregó que “llama la atención particularmente en el proyecto de ley de usurpación que establece penas privativas de libertad, que no tiene ninguna urgencia, porque solamente van en los proyectos que tienen un contenido que va de la mano con lo que piensan los parlamentarios oficialistas, y eso impide que avancen”.

El presidente del Senado, Juan Antonio coloma, sostuvo que “de los 31 proyectos en general ha habido un avance muy importante en casi todos ellos, en 26 de los 31 (…) Por un lado, es claro que se va por un buen camino en el sentido de mejorar sustancialmente las condiciones para enfrentar la seguridad”. Cuando el parlamentario asumió el cargo, propuso “90 días para despachar leyes que otorgan herramientas para combatir la delincuencia”.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) sostiene que “el trabajo legislativo no es un delivery, este toma tiempo. Sería una irresponsabilidad legislar a la rápida, proyectos tan complejos como ciberseguridad o usurpaciones. Igualmente, por cierto, ayudaría a cumplir estos plazos autoimpuestos el que la oposición no convierta en aberraciones jurídicas, cada iniciativa que llega a sus manos”.

En conversación con Radio Pauta, la diputada comunista agregó que “frente a esta realidad que dificulta la aprobación, pasamos bastante tiempo tratando de enmendar los proyectos para que sean presentables en términos civilizatorios. La agenda de 31 propuestas es adecuada, pero dijimos desde un principio que requerían de un trabajo serio, para que resulten leyes bien hechas y efectivas”.

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, cree que “el fast track legislativo en materia de seguridad fue un rotundo fracaso, y la responsabilidad es compartida entre el gobierno y la mesa de la cámara, porque no pusieron las urgencias legislativas para que se tramitaran de forma expedita las iniciativas”.

A su juicio del parlamentario republicano, “fue un mero anuncio comunicacional y no un verdadero trabajo legislativo, pero esperamos que en los próximos días puedan ser tramitados de forma rápida los proyectos pendientes”.

Ayer, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados rindieron en el Congreso sus respectivas cuentas públicas, donde destacaron los avances en seguridad.

El senador Coloma dijo que “se necesita acelerar el tranco” y agregó que “el Presidente y el Gobierno tiene un rol insustituible”, en cuanto a las urgencias para los proyectos. Agregó que todavía “quedan pendientes la aprobación y despacho de otras iniciativas importantes, como el Ministerio de Seguridad Pública”.

Al plazo de 75 días, que finalizó el 28 de junio, se suma un segundo período de 150 días y uno final de 270 días.