El caso Convenios explicado con peras y manzanas

En Radio Pauta, el director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, explicó que la irregularidad en estos casos reside en que “hay razones para sospechar que ese trato directo habría obedecido a razones distintas a las de la legislación. La ley tendrá que determinar si aquí hubo un tráfico de influencias”.

Todo partió en Antofagasta, cuando el medio local Timeline reveló el 16 de junio el traspaso de fondos por 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de esa región a la fundación Democracia Viva. El caso ha generado que la Fiscalía haya iniciado diligencias en varias regiones, debido a las diversas denuncias que se han difundido a partir de la publicación original.

En conversación con Una Tarde Perfecta, de Radio Pauta, el historiador, académico UC y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, explicó con peras y manzanas el complejo caso Convenios.

El caso Convenios con peras y manzanas

Mayorga explicó que “el Estado constantemente, de manera corriente, establece convenios con organizaciones de distinto tipo para ejecutar algunas de sus funciones. Eso pasa con programas de vivienda, agua, salud, y distintos temas”.

“Eso, en gran medida, tiene que ver con la concepción de Estado subsidiario, donde se promueve que los privados se hagan cargo de muchas cosas. Pero, también, con el rol que ocupa la sociedad civil. Aquí entran en juego las fundaciones”, dijo.

El historiador precisó que “las fundaciones son personas jurídicas, organizaciones, que por ley no tienen fines de lucro. Si yo creo que una fundación, no puedo sacar dinero de ella y de lo que gane. Eso implica que si una fundación recibe dinero, debe quedar en el patrimonio de la fundación o reinvertirse en ella. Eso lleva a que el Estado opte por las fundaciones para hacer esto”.

“Las fundaciones tienen, por lo mismo, algunos tipos de exenciones tributarias, no pagan la misma cantidad de impuestos que las empresas. Eso permite que los servicios que ofrecen sean más baratos que los que dan las empresas, porque no están compitiendo para intentar lucrar, y tampoco tienen que estar pagando esos impuestos a la actividad comercial”, añadió.

Rodrigo Mayorga señaló que la manera en que se relaciona el Estado con los privados está regulada, “existen una serie de mecanismos por medio de los cuales se puede hacer. En general, depende mucho del monto total el tipo de relación que se establezca. Pero también existen caminos que son distintos, porque normalmente esto se hace por licitaciones, donde se opta por la opción más conveniente”.

“Uno de esos caminos es el trato directo, que es cuando sólo si se cumplen algunos de los requisitos establecidos por la ley, como casos de emergencia, imprevistos o que haya un oferente que sea el único proveedor que exista. Se entiende que, dado que hay un sólo proveedor y se está buscando algo muy específico, la licitación va a atrasar mucho los tiempos. Esto tiene que ver con un tema de eficiencia en el tiempo y en el uso de los recursos públicos”, agregó.

El director ejecutivo de Momento Constituyente sostuvo que la irregularidad en estos casos reside en que “hay razones para sospechar que ese trato directo habría obedecido a razones distintas a las de la legislación. Si yo soy seremi, ministro, trabajo en la municipalidad, o lo que sea, y quiero hacer un trato directo, no basta con decir ‘lo hago’. No, tengo que fundamentarlo y enviarlo a todas las reparticiones”.

“Ese proceso, en todos estos casos, tiene que haberse hecho. Pero, lo que ocurre en este caso, es que existen una serie de factores que hacen al menos sospechar que existe un tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque tenemos una fundación que está dirigida por una persona que es militante de un partido político y además es pareja de la parlamentaria de la región donde esta persona trabaja. Quien firma el trato directo, el seremi, también es del partido y es exasesor de esa parlamentaria. Lo lógico es pensar que hay injerencia de ella en que esa persona haya estado ahí, lo que es muy probable en este caso”, declaró.

Según el historiador y académico UC, “ninguna de esas cosas por sí solas uno podría decir que son un problema. El problema es que se nos juntaron todas. Lo que levanta toda esta polvareda es que aquí puede haber un caso en que se hayan dado una serie de factores para hacer un trato directo cuando en realidad no se habría podido hacer si no hubieran estado estos distintos factores. Ahí surge la pregunta respecto a si se cumplió o no los requisitos para firmar un trato directo”.

“Lo que la ley tendrá que determinar es si aquí hubo un tráfico de influencias que llevó a aprovechar este mecanismo del trato directo para hacer un mal uso de los fondos públicos”, expresó.

A juicio de Mayorga, si no se hubiese destapado el caso Democracia Viva, no se habrían levantado las alarmas. “Lo que finalmente abrió este tema fueron las relaciones políticas. Lo que vamos a ver es que la Fiscalía va a dictaminar que hay muchos casos que están dentro de la ley y en lo que no hay delito, pero evidentemente los casos en que sí también van a salir, y ahí vamos a saber si esto es un caso o algo extendido en nuestro sistema político”, cerró.

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