Jorge Bermúdez por caso convenios: “Hemos recibido 172 denuncias relacionadas con el tema”
El contralor general de la República aseguró que “la Contraloría hace una auditoría del cumplimiento normativo (…) lo que hace es identificar si se cumplieron las normas”.
Jorge Bermúdez, contralor general de la República, compareció ante la comisión de Vivienda del Senado para dar detalles del mecanismo de funcionamiento que ocupan las organizaciones y fundaciones para obtener dinero. Esto en medio de la polémica de casos fundaciones.
Jorge Bermúdez por caso convenios: “Hemos recibido 172 denuncias relacionadas con el tema”
Sobre la transferencia desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, el contralor señaló que “en las últimas dos semanas y media se han recibido 172 denuncias relacionadas con el tema, aunque son todas muy diversas”.
Además, dijo que “estas transferencias no son realizadas solo por un ministerio en particular, sino que provienen de distintos organismos como por ejemplo, los Gobiernos Regionales”.
Seremi Vivienda Antofagasta y Democracia Viva
Sobre el polémico caso de Democracia Viva que involucra a exmilitantes de Revolución Democrática, el contralor detalló los convenios de transferencias suscritos.
Bermúdez explicitó que “el 20 de septiembre del 2022 se le adjudicó la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria del campamento EcuaChilePe por $200 millones y sin un plazo de actividades establecidas”.
“Lo mismo en el campamento Irarrázabal etapa 1 suscrito el mismo día por $170 millones y sin plazos. Además, la ejecución de diagnósticos socioterritoriales en diversos campamentos firmada el 25 de octubre del 2022 por $56 millones y este sí cuenta con plazos establecidos”, detalló.
En ese sentido, el contralor sostuvo que “El 22 de junio se solicitó el informe al Ministerio de Vivienda y el 30 de junio se recibió la respuesta por el ministerio”.
Con estos y otros antecedentes sobre la mesa, Bermúdez aclaró que “la Contraloría no puede hacer un análisis de mérito. La Contraloría hace una auditoría del cumplimiento normativo (…) lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas”.
Sin embargo, advirtió que “estas normas tienen grieta por lo que no necesariamente van a haber grandes hallazgos, puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa”.
“Se trata de convenios amplios, no hay puntos de control, no hay reglas de rendición, el problema es que el convenio es fácil de cumplirse con la laxitud en la que están establecidos”, puntualizó Jorge Bermúdez.
Casos Gobiernos Regionales
En este contexto, el contralor también advirtió “debilidades” en la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales: “En diciembre del año pasado el promedio de ejecución fue de 32%. Esto quiere decir que en diciembre se gastó casi un tercio del presupuesto y hay regiones que gastaron casi un 40%”.
“El problema es que la transferencia es una forma de ejecución de presupuestaria. Una forma de ejecutar el presupuesto de los Gobiernos Regionales es transferible a bomberos y a otros más (…) El Gore es un órgano para transferir recursos”, afirmó.
A raíz de todo lo anterior, Bermúdez entregó ocho propuestas para enfrentar y evitar situaciones como el del caso convenios:
- Eliminar las expresiones “corrientes a instituciones privadas” del art. 23 de la Ley de Presupuestos.
- Se dicte por el Ministerio de Hacienda un instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia.
- Establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma SISREC de la Contraloría.
- Exigir en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos.
- Aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias.
- Fortalecer el registro de la ley N°19.862, facilitar su interfaz, establecer su interoperabilidad y generar reportes sobre las transferencias recibidas.
- Trabajar en una ley sobre transferencias del Estado, retomando las minutas presentadas por CGR al Ministerio de Hacienda en 2020 y el documento de trabajo interno “Manual de Transferencias de Recursos Públicos”.
- Diseñar un sistema de información en que se plasmen todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados.