Tribunal Constitucional falla a favor de la exsubsecretaria Katherine Martorell y rechaza requerimiento de Pegasus
El organismo descartó que el artículo 370 del Código Procesal Penal fuera inconstitucional y concluyó que la controversia planteada por The Pegasus Group Company S.A. corresponde a una materia de legalidad que debe ser resuelta por la justicia ordinaria.
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por The Pegasus Group Company S.A. en el marco de una investigación penal vinculada a la licitación de 300 cámaras corporales para Carabineros.
El proceso se originó por el cuestionamiento de esa adjudicación, realizada cuando Katherine Martorell se desempeñaba como subsecretaria de Prevención del Delito. La licitación fue adjudicada a Motorola Solutions Chile, decisión que posteriormente fue impugnada por Pegasus.
TC rechaza acción por investigación de licitación de cámaras corporales
Pauta tuvo acceso a la sentencia, dictada el pasado 5 de agosto, mediante la cual el Tribunal Constitucional rechazó la acción presentada por Pegasus.
La empresa buscaba dejar sin aplicación el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece en qué casos las resoluciones de un juez de garantía pueden ser apeladas.
A su juicio, esa norma le impidió recurrir de la resolución que tuvo por comunicada la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación, vulnerando su derecho a un debido proceso y al acceso a un recurso judicial efectivo.
El Tribunal estimó que la discusión es de legalidad
Pegasus cuestionó la adjudicación a Motorola Solutions Chile, argumentando que la empresa no cumplía con las bases del proceso.
Tras el rechazo de sus reclamaciones administrativas, presentó una querella por presuntas irregularidades en la licitación, investigación que quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Durante seis años, la Fiscalía desarrolló diversas diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, recopiló antecedentes administrativos, tomó declaraciones a funcionarios y exfuncionarios, revisó teléfonos celulares, cuentas bancarias y correos electrónicos, además de incorporar informes de la Contraloría General de la República.
Pese a ello, concluyó que no existían antecedentes suficientes para formalizar cargos contra los investigados y comunicó su decisión de no perseverar en la causa.
En su requerimiento, Pegasus sostuvo que esa decisión se adoptó pese a existir una orden judicial previa para formalizar la investigación.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que esa controversia corresponde a una materia de legalidad que debe ser resuelta por los tribunales ordinarios y no mediante un control de constitucionalidad.
La defensa de Katherine Martorell fue acogida por el TC
Durante la tramitación de la causa, la exsubsecretaria Katherine Martorell fue representada por el abogado Gabriel Osorio, quien solicitó al Tribunal Constitucional rechazar el requerimiento.
En sus observaciones sostuvo que la controversia planteada por Pegasus era una cuestión de legalidad y que la empresa pretendía utilizar esta vía para forzar una formalización dentro de la investigación penal.
Finalmente, el Tribunal Constitucional acogió esa postura y rechazó el requerimiento. Además, ordenó levantar la suspensión del procedimiento que había decretado durante la tramitación del caso y resolvió no condenar en costas a la empresa requirente, al estimar que tuvo un motivo plausible para litigar.