Columna de John Müller: “Verdad periodística y verdad judicial”

El caso del audio de Sauer, Hermosilla y Villalobos debería brindar una ocasión para educar a la opinión pública y no manipular sus pasiones.

Tirar la piedra y esconder la mano. La piedra causa tal destrozo, tal cantidad de ruido, que ya nadie busca la mano que la lanzó. Esta dinámica es un clásico de los escándalos periodísticos. Algunos llaman a esto ‘periodismo de investigación’, otros, ‘periodismo de filtración’. El ciudadano debe ser consciente de que publicar ciertos hechos en un medio de comunicación no equivale a demostrar su veracidad ante un tribunal y por eso, como afirma una célebre sentencia de un juez español, la verdad periodística no siempre coincide con la verdad judicial y, es muy probable, que tampoco coincida con la verdad histórica.

Pero la Justicia no puede funcionar sobre la base de filtraciones periodísticas o del estruendo de la pedrada, sino sobre denuncias responsables. La jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, explicó el jueves cómo entró el audio en el circuito judicial: “El día lunes, en horas de la tarde, uno de los fiscales recibió un audio de una hora y media en donde se ve (sic) una conversación donde está Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, en donde se dice que existe soborno respecto de ciertos funcionarios públicos del SII y de la CMF. Por lo tanto, con ello el día martes se abre una causa de oficio por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y posteriormente esto también se realiza un reportaje que ya conocen”.

De las palabras de la asesora no es posible deducir cómo se identificó a las personas que intervienen en la grabación o dónde se registró ésta porque en los audios no ‘se ve’, sólo se oye. Podría ser -la funcionaria no tiene por qué detallarlo ante la prensa- que el audio llegara mediante una denuncia anónima con el resto de los detalles o una denuncia responsable. Estos datos son importantes: no es lo mismo una denuncia irresponsable que una anónima y no es lo mismo que las pruebas (el audio) hayan sido obtenidas legalmente o no.

Hay una doctrina jurídica que se denomina “el fruto del árbol envenenado” que sostiene que si una prueba está viciada, todas aquellas pruebas relacionadas y derivadas de ella lo están. Por lo tanto, si el audio fue captado ilegalmente, todas las actuaciones judiciales a partir de él serían nulas. Se ha dado el caso de que personas que sospechan que han sido pilladas en un delito se han autodelatado filtrando pruebas irregulares para asegurarse, al mismo tiempo, la nulidad de su propia causa. También se ha dado el caso de fiscales que empiezan a investigar y ‘legalizan’ las pruebas sobre la marcha.

Por eso, y porque vivimos en un estado de derecho, la ley establece una serie de exigencias a las pruebas. En el caso de una grabación, las ocasiones en que esta prueba es válida están tasadas.

Jonathan Haidt, el autor de ‘La mente de los Justos’, dice que el cerebro humano no está diseñado para aprender sino para argumentar. El de los abogados está especialmente sesgado en ese sentido porque está entrenado para alegar. Por eso Luis Hermosilla dice ser víctima de “una maniobra siniestra” que contó con su involuntaria y jactanciosa colaboración, impropia de un abogado experimentado y, sobre todo, honesto, cualidades que se le presumían.

La corrupción de estas personas debe ser demostrada ante un tribunal, no en los diarios. Sin embargo, esta dinámica social supone un riesgo enorme para las instituciones. La opinión pública ya ha conocido el escandaloso contenido de la cinta y ha celebrado un juicio mental sobre los intervinientes. Nuestros cerebros (no profesionales) no se cuestionan la calidad de las pruebas ni les importa qué mano lanzó la piedra. Enseguida, además, ha surgido un coro de denunciantes profesionales que extienden la sospecha sobre las personas e instituciones implicadas exigiendo que sean llevadas al paredón lo antes posible.

Existe una posibilidad -probablemente mínima- de que este caso no llegue a ninguna parte y acabe siendo nulo y los intervinientes absueltos. Entonces, los escandalizados ahondarán aún más en su demagogia y dirán que ya no es la CMF o el SII el que está corrupto, sino que es el Poder Judicial el que está vendido. Y de ahí a la deslegitimación de todas las instituciones que tanto daño le ha hecho a Chile apenas hay un paso.