Columna de Víctor Maldonado: “No entreabramos una puerta que no podremos cerrar”
“Entiendo lo que es respaldar a los uniformados en el cumplimiento de sus funciones, lo que no entiendo es la impunidad anticipada. No vamos a defender la ley renunciando a la ley y ella prima cuando hay que rendir cuentas”.
En votación estrecha, la mesa de la Cámara declaró inadmisible la indicación de establecer que los uniformados imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones fueran juzgados por tribunales militares. Como dijo el diputado Diego Schalper (RN), “en el Senado van a reponer esta conversación”.
En la Cámara, fue el diputado Miguel Ángel Calisto quien destacó en la defensa de esta iniciativa. Dijo que hay que dedicarse a enfrentar los problemas del presente, dando por superados los dramas del pasado. Las atrocidades que se cometieron en dictadura ya estarían superadas.
Lo que hace Calisto es presentar un argumento utilitario, presentando su posición del mejor modo posible, ante una audiencia exasperada por los crímenes cometidos. Les atribuye a sus adversarios el haber quedado obsoletos en sus preocupaciones porque se han desadaptado del presente.
El pasado solo se supera cuando se asumen sus lecciones, porque cuando se olvidan es, entonces, cuando regresa. Los desafíos no se dan por superados, se dan por asumidos. Calisto practica lo que critica. Quedarse con legislaciones que se justifican por una coyuntura se ajusta a lo que está haciendo.
Si tenemos éxito en enfrentar la violencia asesina de grupos organizados, afrontaremos en el futuro otras crisis que superar, pero nos quedaremos con una legislación que deja a las fuerzas armadas y a la policía con normas especiales. La aplicación de la fuerza será juzgada por las instancias internas de estas instituciones, sin que nadie más pueda intervenir.
Respaldo sí, impunidad no
Cuando se fijan normas que establecen condiciones similares a las que se aplican en tiempos de guerra, es la mentalidad de guerra la que queda instalada de manera permanente. Nunca saldríamos de allí. Mucho después que nadie se acuerde de lo que argumentó un diputado, estaremos asumiendo la responsabilidad de tener víctimas que ahora no conocemos, pero que existirán.
Las instituciones cerradas tienden a proteger a sus integrantes. Si hoy tenemos a militares evaluando la acción de militares y se da el caso del conscripto Franco Vargas, muerto en Putre, no tengo ningún interés es saber cómo juzgarían la actuación de militares cuando existan víctimas civiles.
Entiendo lo que es respaldar a los uniformados en el cumplimiento de sus funciones, lo que no entiendo es la impunidad anticipada. No vamos a defender la ley renunciando a la ley y ella prima cuando hay que rendir cuentas.
La lección de la dictadura es el “nunca más”, que se expresa en que es inaceptable la violación de los derechos humanos y quienes son victimarios terminarán pagando sus faltas ante la justicia. Eso es garantía de democracia.
La ley que se está discutiendo establece como permanente excepciones importantes para quienes, a nombre de la sociedad, portan armas para defenderla. Se deja instalado un peligro latente. “Esto no puede pasar entre nosotros” es una afirmación ingenua del pasado, pero sería una estupidez del presente.
El paso del tiempo hará que la norma se desprenda de la motivación original que la inspiró y dejará liberado un potencial inimaginable para quienes lo aprobaron. Es mejor no entreabrir una puerta que después no podremos cerrar.