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Índice de Calidad de Vida Urbana 2024: Acciones que podrían implementar municipios y otros actores para mejorar condiciones en las comunas

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POR Sofía Cereceda Sotta |

Este martes se presentó una actualización de esta medición y se  se destacaron las dimensiones donde se concentraron los desempeños más bajos las cuales son: salud y medioambiente, conectividad y movilidad, y condiciones socioculturales.

“Es importante que estos datos no tengan una lectura negativa, si no que, todo lo contrario, deben permitirnos visualizar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población que vive en estas comunas”.  Con estas palabras, Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) se refirió a los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana 2024 que fueron presentados este martes.

El ICVU permite identificar si una comuna tiene un nivel alto, medio alto, medio bajo o bajo de calidad de vida, lo que hace posible comprender las brechas entres las condiciones de vida existentes entre ellas y orientar a formulación de políticas públicas.

Índice de Calidad de Vida Urbana 2024: Acciones que podrían implementar los municipios y otros actores para mejorar condiciones en las comunas

El estudio abarcó las comunas con 50.000 habitantes o más, y en total representa el 79,3% de la población nacional (14.654.208 personas). En este, se incluyeron ciudades intermedias, (con menos de 250 mil habitantes), grandes áreas metropolitanas (más de 250 mil habitantes), y comunas de la Región Metropolitana

En dicha versión se incluyeron 36 variables que fueron agrupadas en seis dimensiones las cuales son: conectividad y movilidad; vivienda y entorno; condiciones laborales; ambiente de negocios; salud y medioambiente; y condiciones socioculturales.

En la instancia, encabezada por el presidente nacional de la CChC, Alfredo Echavarría, junto a Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, y Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos de la PUC y del proyecto ICVU, se destacaron las dimensiones donde se concentraron los desempeños más bajos en las comunas las cuales son: salud y medioambiente, conectividad y movilidad, y condiciones socioculturales.


Al respecto, Orellana, advirtió que en cinco de las seis dimensiones evaluadas —con excepción de vivienda y entorno—, “más de la mitad de las comunas analizadas tienen media baja y baja calidad de vida, lo cual nos habla de que en la actualidad existen importantes requerimientos en la provisión de bienes y servicios públicos y privados que deben ser abordados por municipios y otros actores”.

“No se puede esperar que solo los municipios se hagan cargo de estos problemas”

Frente a este panorama, León afirmó que es  “fundamental entender que ante estos problemas no se puede esperar que solo los municipios se hagan cargo, requiriendo de acciones municipales, pero también de otros actores regionales y sectoriales del país”.

En ese sentido, se entregaron algunas aproximaciones de acciones públicas-privadas para cada una de las dimensiones de este estudio, según las variables que presentan mayores brechas en la calidad de vida urbana de las comunas.

Revisa las propuestas entregadas por la CChC y el Instituto de Estudios Urbanos de la PUC

Conectividad y movilidad: Evalúa cuán fácil y accesible es el desplazamiento diario en la ciudad. Las principales brechas comunales se observaron en el costo del transporte y en la tenencia de automóvil.

En relación a las acciones municipales se propuso: “Gestionar subsidios locales o focalizados para transporte en comunas vulnerables”; “Mejorar la infraestructura de conexión entre modos (bicicleta–metro, caminata–bus, etc.) y generar incentivos al uso compartido o transporte público” y “orientar a la comunidad sobre planificación de rutas y uso eficiente del transporte”.

En cuanto a las acciones de otros actores se sugirió al Ministerio de Transportes “promover tarifas diferenciadas por tramo, comuna o tramo socioeconómico”, “impulsar la integración tarifaria con otros modos de transporte” y “desarrollar infraestructura de transporte público e intermodal con cobertura en zonas mal servidas”.

El Ministerio de Vivienda podría financiar infraestructura peatonal y ciclovías integradas a la planificación urbana, mientras que los Gobiernos Regionales podrían asignar financiamiento a proyectos de transporte público y movilidad activa.

Vivienda y entorno: Analiza las condiciones físicas y sociales del espacio donde habitan las personas. En esta categoría, las variables que presentaron mayores brechas comunales fueron la seguridad y el acceso a los servicios.

A los municipios se les sugirió: “Diseñar e implementar planes comunales de seguridad pública”; “Promover patrullajes preventivos municipales”; “Fomentar la organización vecinal y redes de vigilancia comunitaria”; “Revisar y actualizar el Plan Regulador Comunal para permitir usos mixtos” y “generar incentivos o convenios para la atracción de inversión privada para servicios”.

Además se propuso que la Subsecretaría de la Prevención del Delito “financie e implemente Planes Comunales de Seguridad Pública y capacitar equipos municipales” y que el Ministerio de Vivienda, “financie proyectos de recuperación de espacios públicos -como Quiero Mi barrio- y equipamientos”. Por último, se recomendó que los Gobiernos Regionales “financien cámaras de seguridad, luminarias y proyectos de servicios”.

Condiciones laborales: Mide la calidad y estabilidad del empleo.Las variables con mayores brechas comunales en este apartado fueron la tasa de ocupación informal y el sueldo líquido en trabajo principal.

Para mejorar esta situación se sugirió que dentro de las acciones municipales se contemple “fortalecer oficinas municipales de intermediación laboral”;  “Coordinar con otras entidades el desarrollo de programas de capacitación técnica y oficios” y “promover ferias de empleo y emprendimiento formalizado”.

Dentro de las acciones de otros actores se propuso: “Apoyar formación trabajadores informales y programas de capacitación (SENCE)”; “Financiar proyectos de desarrollo productivo y empleabilidad (GORE)”; Adaptar formación a demanda laboral local (Instituciones de educación)”; “Implementar políticas de inclusión y movilidad laboral (Privados)” y “ofrecer acceso a microcréditos para pequeños emprendedores formales (Bancos)”.

Ambiente de negocios: Evalúa el dinamismo económico y las condiciones para emprender. En esta categoría, las variables con mayores brechas comunales fueron: el crecimiento de la pymes y de nuevas empresas.

Dentro de las acciones municipales, se propuso:Fortalecer oficinas municipales de fomento productivo”; “Impulsar ferias locales, mercados, y vitrinas digitales para MYPEs” y “otorgar facilidades administrativas y tributarias locales”.

Otros actores como la CORFO podría financiar programas orientados a la digitalización, el marketing y la inversión para PYMEs. A su vez, el Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC) podría brindar asesoría a emprendedores y empresas en materias de planificación y gestión financiera. Por su parte, los Gobiernos Regionales podrían financiar proyectos de fomento productivo y apoyar a industrias locales estratégicas. Finalmente, se propuso que los bancos faciliten el acceso a capital de trabajo, mientras que el sector privado establezca alianzas con proveedores locales.

Salud y medioambiente: Considera el acceso a servicios de salud y la calidad ambiental. Las variables con mayores brechas comunales en esta dimensión fueron: la cobertura de la salud primaria municipal y el acceso a la salud pública.

Para mejorar esta situación, se destacó que los municipios podrían “postular a programas para mejorar infraestructura en atención primaria”; “Ampliar convenios con hospitales y especialistas del sector público y privado”; “Implementar estrategias de salud comunitaria preventiva” y “gestionar  móviles de salud o convenios operativos médicos itinerantes”.

Entre las acciones sugeridas para otros actores, se propuso que el Ministerio de Salud financie centros de especialidades y servicios de telemedicina; que FONASA difunda los beneficios disponibles en salud secundaria y terciaria para los tramos A y B; y que los Servicios de Salud refuercen la coordinación con la Atención Primaria de Salud (APS) municipal.

Condiciones socioculturales: Mide el acceso a oportunidades, bienestar y cohesión social. En esta dimensión, las variables con mayores brechas comunales fueron: participación ciudadana en organizaciones sociales y el porcentaje de hogares vulnerables.

Como parte de las acciones de los municipios se postuló que podrían “impulsar la formación y fortalecimiento de organizaciones sociales”; “Generar programas de formación en liderazgo y gestión comunitaria”; “Ampliar la oferta de talleres y actividades socioculturales barriales”; “Fortalecer oficinas municipales de apoyo social” e “identificar y acompañar de forma temprana a familias de riesgo social”.

Otros actores como los Gobiernos Regionales podrían “financiar proyectos de cohesión social y centros comunitarios”; mientras que el Ministerio de las Culturas podría “apoyar iniciativas culturales comunitarias”.

Por otro lado, las Fundaciones podrían “implementar iniciativas de voluntariado y apoyo psicosocial” y los privados “implementar proyectos de Responsabilidad Social Empresarial con foco en integración comunitaria”.