Licencias falsas en el sector público: ¿por qué no se puede despedir de inmediato a un funcionario?
Un informe de Contraloría reveló que más de 25 mil funcionarios públicos usaron licencias médicas falsas para viajar al extranjero. Aunque el Ministerio Público ya investiga el caso, los implicados no pueden ser despedidos de inmediato debido a las garantías que entrega el Estatuto Administrativo.
Indignación ha generado el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil licencias médicas habrían sido utilizadas de forma fraudulenta por funcionarios públicos para viajar al extranjero entre 2023 y 2024.
El Gobierno anunció sumarios administrativos y medidas ejemplificadoras. Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó la apertura de una causa penal, que quedó en manos de la Fiscalía Oriente, liderada por la fiscal Lorena Parra. Esta unidad ya investiga otros casos de licencias médicas irregulares.
El Ministerio Público indagará la eventual comisión de delitos como fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público y, en el caso de los médicos involucrados, la posible emisión fraudulenta de licencias.
¿Por qué no se puede despedir inmediatamente a un funcionario público?
Una de las principales preguntas que ha surgido es por qué, frente a una falta, e incluso un posible delito, de esta magnitud, los funcionarios involucrados no pueden ser desvinculados de inmediato, como sí ocurriría en el sector privado.
La explicación radica en el marco legal que rige al empleo público. Mientras que los trabajadores del sector privado y de empresas públicas se rigen por el Código del Trabajo, los funcionarios públicos están sujetos al Estatuto Administrativo.
¿Qué es el Estatuto Administrativo?
El Estatuto Administrativo es un texto normativo con rango legal, que regula de forma exclusiva la relación entre el Estado y sus funcionarios, y entre otras cosas, establece la Responsabilidad Administrativa.
Aplica a los funcionarios de la Administración ministerial, intendencias, gobernaciones y los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa.
No le es aplicable, por excepción, a la Contraloría, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de Orden y seguridad pública, los gobiernos regionales, las municipalidades, el Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas creadas por ley, quienes tienen sus propios estatutos funcionariales especiales.
¿Cuántos funcionarios se desempeñan en el Estado?
De acuerdo con el Informe trimestral de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al 31 de marzo de 2024, el Gobierno Central contaba con 488.153 cargos efectivos, de los cuales el 82,3% correspondía a personal (401.531 personas), con funciones permanentes y una relación contractual bajo modalidad de planta o contrata.
De acuerdo al propio Estatuto, quien tiene una planta en la administración del estado es titular del cargo, es decir, es dueño del cargo y por lo tanto, es inamovible.
En el caso del personal a contrata, el contrato se renueva anualmente y adicionalmente se estableció, por fallos de Contraloría General de la República, la figura de confianza legítima, esto es que, después de cuatro renovaciones consecutivas de la contrata anual, ese cargo también asume la calidad de inamovible.
¿Cómo se puede despedir a un funcionario público?
La desvinculación de un funcionario público debe realizarse mediante un proceso formal. El Estatuto Administrativo establece procedimientos estrictos que requieren la realización de un sumario administrativo, en el que se compruebe que el funcionario incurrió en una falta grave o incumplimiento de deberes.
Solo tras la finalización del sumario y con el respaldo de un informe legal de Contraloría que valide su legalidad, se puede decretar la destitución. En ese caso, la persona quedará inhabilitada para ejercer cargos en la administración pública por un período de cinco años.
¿Es el Estatuto Administrativo un obstáculo para la eficiencia del Estado?
El caso ha reabierto un debate de larga data: ¿es el Estatuto Administrativo el mejor instrumento para garantizar derechos laborales y eficiencia en la gestión pública?
Algunas voces sostienen que todos los trabajadores, sin distinción de si pertenecen al sector público o privado, debieran regirse por el Código del Trabajo. Esta opción permitiría garantizar derechos que hoy no están contemplados en el estatuto, como la sindicalización, la negociación colectiva o la indemnización por años de servicio.
Además, permitiría eliminar lo que algunos consideran un régimen privilegiado, que impide remover con agilidad a funcionarios aun cuando existan antecedentes graves.
Pese a estas críticas, ningún gobierno ha logrado modificar sustancialmente este marco normativo, ni siquiera durante el régimen de Augusto Pinochet.